Tras una semana convulsionada por la inminente aplicación del Descanso Dominical, que ha provocado despidos y persianas bajas en grandes cadenas de supermercados que tienen sucursales en Rosario, el concejal del bloque Unión PRO, Gabriel Chumpitaz, expresó su postura al respecto y manifestó su preocupación sobre las consecuencias que puede tomar la aplicación de la ley.
En este sentido, el edil alertó: “En el estado actual de situación, los supermercados podrían hacer concurrir a los trabajadores los días domingo, aunque sea para realizar actividades a puertas cerradas, por que nos obligaron a decidir sobre una ley que es decididamente mala”.
«El cierre dominical es una marroquinería legislativa que desnuda la falta de compromiso dirigencial y que perjudica a los trabajadores y a la ciudad de Rosario en su conjunto” expresó el concejal del PRO, para continuar diciendo que «quienes apoyan esta pseudo legislación son los mismos que argumentan recesión, falta de empleo y crisis económica en Argentina».
“Digamos las cosas como son, no tenemos que hablar de descanso dominical, tenemos que hablar de cierre. Tal como fue aprobada por el concejo, la ordenanza no impide la presencia de los empleados en el lugar de trabajo. La situación de vulnerabilidad de los trabajadores es alarmante, nunca se los tuvo en cuenta” destacó Chumpitaz.
El edil del PRO se mostró sorprendido porque “mientras en los medios de comunicación el gobernador y la intendenta se oponían a la aprobación de la norma, los concejales del Frente Progresista la votaron en su totalidad”. Asimismo, Chumpitaz aseveró: “A mi entender, esto tiene dos lecturas posibles; desde el gobierno provincial y local hubo doble discurso, o el gobernador y la intendenta carecen de conducción política sobre sus propios legisladores”.
El concejal macrista comentó que, “si bien desde el bloque sostenemos que la actual actitud tomada por los empresarios es desmedida, oportunamente dijimos que la medida pondría en riesgo una importante cantidad de fuentes de trabajo, a la vez que impactaría directamente en el salario de quienes las conservaran”. “También alertamos sobre el cierre de pequeños comercios que funcionan alrededor de los supermercados y la generación de una catarata de juicios contra el Estado y una batalla legal inútil” continuó.
“Es necesario postergar la aplicación de la ordenanza. En dos o tres meses podríamos tener la resolución final de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y, a partir de ello, habrá bases más sólidas para ver que medidas se toman. De esta manera nos ahorraríamos una serie de acciones legales posteriores, que podrían acarrear un perjuicio para la ciudad, para los rosarinos y para las finanzas del municipio”, finalizó Chumpitaz.
