Entre gallos y medianoche, el presidente Mauricio Macri modificó por decreto la ley de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros, con el objetivo de alentar inversiones. Federación Agraria Argentina, entidad impulsora de la norma, criticó la decisión.
La gestión del presidente Macri modificó así una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2011 que restringía la compra de tierras por parte de extranjeros.
Mediante el decreto 820/2016, el gobierno nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de “más del 51 por ciento del capital social de una persona jurídica”.
Esto cambia la norma que estaba vigente, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de “un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25 por ciento)”.
En el decreto, que lleva las firmas de Macri; el jefe de Gabinete Marcos Peña; el ministro de Justicia Germán Garavano, y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, apuntó contra un elemento de la ley, en la que se indica que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito.
En caso contrario, la resolución del gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales “fijará las equivalencias”.
Este Consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que las provincias estarán representadas por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.
Por otro lado, el gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en “zona industrial”, “área industrial” o “parque industrial”.
El decreto indica que “dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados” en la ley de Tierras Rurales.
Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15 por ciento del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que “en ningún caso” personas físicas o jurídicas “de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el 30 por ciento del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, aseguró ayer que la nueva reglamentación de la denominada ley de Tierras, la número 26.737, busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
“El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país”, indicó Borrelli.
Por su parte, la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, María Cristina Brunet, aseguró que con la nueva reglamentación los trámites en ese organismo “serán más cortos y expeditivos”, y destacó que “se trabajará intensamente con todas las jurisdicciones y los actores del sistema para incorporar mayor tecnología para la obtención del certificado de habilitación”.
La ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011, tuvo por finalidad establecer límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales en la Argentina, disponiendo el artículo 5º que a través de un reglamento se determinase los requisitos a observar por las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de tal ley.
“Quieren rematar campos con productores adentro”
La Federación Agraria Argentina cuestionó la decisión del gobierno nacional de facilitar la venta de tierras a extranjeros mediante el decreto 820/16, que modifica la ley de Tierras sancionada en 2011, la que contó con un amplio debate y fue elogiada en distintas partes del mundo. El titular de la entidad, Omar Príncipe, destacó la “larga lucha gremial que tuvo como protagonista a la entidad” para la sanción de esa ley.
En ese marco, Príncipe criticó la decisión tomada por el presidente Mauricio Macri al sostener que “no le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de intereses extranjeros. Los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas”. A renglón seguido, el dirigente preguntó “quién asesora al presidente de la Nación y qué intereses están detrás de este decreto, con el cual se avanza contra los pequeños productores”. Príncipe expresó también su queja por la demora del gobierno nacional en reglamentar la ley de Agricultura Familiar.
Por su parte, el secretario gremial de Federación Agraria, Orlando Marino, señaló: “Pareciera que quieren poner un cartel de remate a nuestras tierras, con los productores adentro. Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales. En lugar de eso, nos encontramos con un decreto que el propio gobierno presenta como facilitador de las inversiones externas y de la expansión del negocio agroindustrial”.
