La causa Carbón Blanco sumó un nuevo capítulo la semana pasada cuando los representantes del Ministerio Público presentaron ante la jueza federal de Roque Sáenz Peña (Chaco), Zunilda Niremperger, el requerimiento para que se investigue a los funcionarios de la Aduana, a quienes consideran responsables del control del contenedor utilizado para esconder la droga. Los fiscales indicaron que “a partir del análisis de las constancias que surgieron del debate oral” en el juicio realizado por el envío de una tonelada de cocaína a Europa donde los acusados resultaron condenados a penas de entre 12 y 21 años.
Los fiscales Carlos Enrique Sansserri y Federico Martín Carniel presentaron el 22 de junio pasado un escrito a la Justicia federal de Chaco con un pedido de indagatoria a los imputados en la investigación –impulsada junto con el fiscal Carlos Amad– por la exportación hacia Portugal de 500 kilos de cocaína. De este primer cargamento se recuperaron unos 12 kilos hallados por las autoridades portuguesas entre el 6 y el 7 de diciembre de 2011 en las instalaciones de la Empresa Carbofelix, ubicadas en los galpones del parque industrial Ameal, en la ciudad portuguesa de Torres Vedras, del distrito de Lisboa. A partir de este hecho, comenzó la investigación contra la organización narcocriminal encabezada por Carlos Alberto Salvatore, en distintas causas conocidas como Carbón Blanco. Además, requirieron el embargo preventivo de los bienes.
En ese marco, Sansserri, Carniel y Amad expusieron que existen suficientes pruebas para imputar a Patricio Daniel Gorosito (condenado a 19 años de prisión); al propio Salvatore (sentenciado a 21 años de prisión); Juan Carlos Pérez Parga (17 años); a Rubén Félix Esquivel (12 años); a Héctor Ángel Roberto (17 años); a distintos funcionarios de la Aduana; a Silvana Andrea Rodríguez (socia de la empresa Carbón Vegetal), y a Fernando Antonio Klim (apoderado de la firma exportadora), de haber participado de la “asociación ilícita en concurso real con contrabando de estupefacientes agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas y por la intervención de funcionarios o empleados del servicio aduanero en ejercicio u ocasión de sus funciones”.
Carbones
El 11 de agosto de 2011 se completó un contenedor con un cargamento de carbón vegetal con destino a Portugal. La operación fue realizada en la planta ubicada en la localidad chaqueña de Quitilipi: “Una vez que fue debidamente precintado, partió el contenedor con el estupefaciente en camión vía terrestre hasta el Puerto de Buenos Aires, siendo controlado y luego escaneado el 17 de agosto, imagen que arrojó resultado sospechoso, pese a lo cual parte a Europa el 9 de septiembre de 2011, en el Buque Grande América Bandera Italiana”.
En el escrito, los tres fiscales resaltaron que una de las pruebas surgió el 15 de noviembre de 2012 cuando secuestraron de las oficinas del estudio jurídico Grupo Salvatore “un Thscan Inspection System Image compuesta de 2 fojas, obtenida durante el control del contenedor N°CAXU4900236 el día 17 de agosto de 2011 a las 20:15, con marca sospechosa: imagen dudosa. Conclusión: sospechoso”, describió el escrito publicado en la página fiscales.org.ar sobre el arribo del tercer contenedor.
Aduaneros procesados
En febrero de 2014, la jueza federal de Chaco ya había procesado por su actuación como verificadores en la planta de Quitilipi a los agentes aduaneros Miguel Francisco Albrizio y Guillermo Argañaráz. De acuerdo con la investigación, el primero intervino en los dos primeros cargamentos, mientras que Argañaráz lo hizo en el tercero. La jueza consideró probado que los dos funcionarios realizaron su tarea “sin suministro de energía eléctrica, con fallas y cortes del mismo durante el proceso de consolidación” y por eso los calificó como “negligentes en el cumplimiento de sus funciones”, pues la tarea se realizó “sin que el sistema de circuito cerrado de cámaras filmadoras de la Planta Carbón Vegetal del Litoral funcionara correctamente, ya que había cámaras que no funcionaban y/o en ocasiones sólo una lo hacía”. Para la magistrada, de esa forma se posibilitaron los “actos de contrabando, por cuanto no se documentaba fílmicamente la totalidad del proceso de consolidación como expresamente lo indica la normativa vigente”.
Niremperger también ponderó que los dos agentes aduaneros tampoco labraron un acta ni dejaron constancia de estas irregularidades. Y puso de relieve el hallazgo de una filmación parcial registrada en la planta de la firma exportadora que muestra “cómo mientras algunas bolsas se controlaban en el escáner (scan van) otras eran cargadas directamente en el camión scan –camión equipado con un escáner para cargas pesadas– van sin visualizar lo que sucedía en la consolidación”.
Funcionarios
Por esto, la jueza individualizó y procesó a otros tres funcionarios aduaneros que fallaron en sus trabajos de contralor en el Puerto de Buenos Aires. Se trata de Marcelo Musladino, quien actuó en el rol de “gate (puerta) de entrada”, y Fabián Foresi y Alfredo Di Nallo, responsables de la “puesta a bordo”, sindicados por no haber realizado el debido control de algunos contenedores.
En total, los cinco fueron procesados por la violación del artículo 868 inciso A del Código Aduanero, que penaliza a quienes realizan “actos que posibilitan el contrabando”. La jueza consideró que todos actuaron de forma “negligente en el cumplimiento de sus funciones” y los embargó en 50 mil pesos a cada uno de los funcionarios acusados.
El primer embarque de estupefacientes que determinó la investigación
El puntapié para que la Justicia comenzara con la investigación que terminó con la incautación de los más de 1.000 kilos de cocaína que salieron del país ocultos en bolsas de carbón vegetal con destino a Portugal entre fines de 2011 y principios de 2012, fueron los 12 kilos que habían estado en el tercer contenedor –la carga completa eran 500 kilos– que llegó a Europa.
En la causa que formó la Policía Judicial portuguesa tras hallar la cocaína en Lisboa se detallan los movimientos que dieron comienzo a la operación y que tuvieron como los encargados de la logística a dos rosarinos y un rumano. El hilo conductor fue el arroyense Patricio Gorosito.
De acuerdo con esa investigación, en enero de 2011 Gorosito se encontró con el rosarino Rolando Andrés Di Renzo, de 35 años y condenado por la justicia europea, para que se interiorice con los mecanismos de transporte y fiscalización que recibían los cargamentos de carbón vegetal. En Lisboa, Rolando usaba la identidad de José Ignacio Cawen Semiglia. En junio, Rolando creó la empresa para facturar los contenedores de carbón y la llamó Oceánica distribuciones. Antes de su regreso a Rosario, Rolando introdujo a otro rosarino, Leonardo Prodan, y lo relacionó con un rumano, Adrien Vasile Dragos, para que pudiese continuar con el traslado de contenedores. Adrien crea Relaxconcept.
“En octubre de 2011, Prodan consigue que tres de los cuatro contenedores que habían sido enviados para Cabrica fuesen entregados en los depósitos de la planta de Ameal, cuyas instalaciones en la ciudad de Torres Vedras, había sido alquiladas a través de la empresa de Adrien: Relaxconcept.
La descarga de los tres contendores fue efectuada en presencia de Prodan y fue realizada por Adrien y otros seis contratados. De estos tres contenedores, que tenían la numeración TRIU 926608-3; TGHU 817269-9 y el tercero era el CAXU 490023-6 –este último traía disimulada cocaína y fue descargado en un depósito separado del parque empresarial de Ameal–.
De la causa surgió que Prodan se encargó de separar las bolsas de carbón con droga –tenían una doble costura– de las que no, para luego llevarse las que tenían los estupefacientes. “Gorosito le ordenó a Prodan entregar el cargamento de cocaína a Walter (Alan Digby Foster). En ese marco, Prodan se encontró con Walter en la ciudad portuguesa de Elvas –limítrofe con la población española de Badajoz– y entregó los 500 kilos de cocaína.
El 6 de diciembre de 2011, la Policía de Torres Vedras fue informada de que había un cargamento con seis kilos de cocaína en las instalaciones de la empresa CarvoFelix, ubicada en el parque industrial de Ameal y dio aviso a la Justicia. Los estupefacientes fueron encontrados disimulados en una bolsa de carbón vegetal. El contenedor que traía ese producto había sido expedido de la Argentina por la firma “Carbón Vegetal del Litoral SRL” y se descubrió que el producto pertenecía a la empresa Relaxconcept, propiedad de Adrien. En un principio, Adrien trató de desligarse de las responsabilidades, pero las declaraciones de Prodan lo complicaron debido a que el rosarino señaló que Adrien tenía que cobrar por su participación cincuenta mil euros, por servir como testaferro de la firma.
El 7 de diciembre de 2011, se halló una segunda carga de cocaína de cerca de seis kilos en otras bolsas de carbón con doble costura.
