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El gobernador Miguel Lifschitz tomó la decisión de rescindir el contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe con la empresa Arssa. El mandatario santafesino encomendó al ministro de Infraestructura, José Garibay, comenzar los trámites administrativos para concretarlo.
Desde el Ministerio, confirmaron a El Ciudadano que la idea es lograr “una finalización anticipada del contrato”, que tenía vigencia por cinco años más. En este sentido, Garibay contratará a las facultades de Ingeniería de la UNR y de Ciencias Económicas de la UNL, para viabilizar la resolución del contrato, que está vigente desde 2011. Las casas de altos estudios tendrán como tarea la realización de un informe técnico y económico de los cinco años de concesión.
“Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación, de esta manera buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con el concesionario Arssa”, destacó Garibay.
El contrato con Arssa fue suscrito en 2011 y autorizado mediante el Decreto Nº 2236/10 bajo el nombre: “Concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier General Estanislao López”.
LA RESOLUCIÓN
En la resolución firmada por el ministro Garibay, se especifica que “a los fines de efectuar un exhaustivo análisis y una completa revisión de lo acontecido en el marco de la concesión, desde la Subsecretaría de Auditoría y Control se dio inicio a actuaciones administrativas”, y que en virtud a ello “el Órgano de Control procedió a efectuar un raconto histórico de lo sucedido desde el inicio de la concesión, evaluando con detalle sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos”.
En otra parte menciona que “atento al tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato de concesión (…), se torna imprescindible proceder a un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentran las partes de dicho contrato, de los diversos aspectos que hacen y nacen de ese vínculo, y del estado de situación actual, todo tomando en consideración que no habiendo en principio posibilidad de sostener el contrato en los actuales términos, el estudio realizado coadyuvará a sustentar una solución acorde con el marco negocial y legal vigente y con los hechos realmente acontecidos, todo en aras a preservar los derechos de la administración, del co-contratante y de los usuarios”.
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