A fines de marzo pasado, dos muchachos fueron detenidos por evadir un control de rutina vehicular de zona norte y escapar a los tiros. La Policía dijo que no secuestró armas porque fueron descartadas en la huida pero que incautó un proyectil, una vaina y una correa de ametralladora dentro del Volkswagen Bora en que se conducían. Sin embargo, toda la secuencia fue desmentida por uno de los detenidos, quien denunció a los uniformados de exigirle dinero a cambio de no complicarle su libertad condicional. Ayer, la fiscal de la causa suspendió la audiencia preliminar y archivó la causa. Lichi R., de 25 años y mencionado en varios episodios violentos ocurridos en Nuevo Alberdi, algunos de los cuales se vinculan con la barra de Rosario Central, quedó en libertad.
“Cuando la fiscal acusó, nosotros pedimos el sobreseimiento. Pero minutos antes de la audiencia preliminar (de ayer), la fiscal desistió y pidió el archivo de la causa”, dijo a El Ciudadano Ignacio Carbone, abogado de Hernán Ramón R., alias Lichi Así explicó que las tres acusaciones que pesaban sobre su cliente (robo, resistencia a la autoridad y amenazas) fueron archivadas.
En una audiencia que tuvo lugar los primeros días de abril en Tribunales, la fiscal Paola Aguirre acusó a Lichi de disparar contra una patrulla tras eludir un control de rutina del Comando Radioeléctrico en Bouchard y Servellera. Según la acusación, la tarde del jueves 31 de marzo, el joven conducía un Volkswagen Bora negro junto a otro muchacho en el que intentaron evadir a la Policía.
La fiscal dijo que se inició una persecución en la que los fugitivos dispararon contra una patrulla hasta que lograron descender del auto e intentaron subirse a sendas motos sin éxito. Lichi fue detenido en la plaza de Caracas y Vieytes, donde los uniformados dicen que descartó un arma que nunca fue hallada. Los mismos policías dijeron que el joven los amenazó de muerte durante su detención.
Sin embargo, en la misma audiencia y con el entonces patrocinio del abogado Marcelo Argenti, Lichi dio una versión diametralmente opuesta. Dijo que esa tarde salía de la casa de su abuela cuando sin motivo aparente lo agarró la Policía, lo golpeó y lo llevó detenido a la subcomisaría 2ª. Relató que una vez allí le pusieron pólvora en la mano y denunció que era común que lo detengan y le exijan dinero para dejarlo salir, debido a que purgaba una condena en libertad condicional hasta agosto de 2017. La audiencia terminó con una prisión preventiva dictada por el juez Hernán Postma.
Hasta ayer, cuando la audiencia prevista para las 11 fue suspendida por la fiscal Viviana O’Connell y la causa terminó archivada. “Pedimos el sobreseimiento y conseguimos la libertad”, dijo su abogado, Carbone.
Lichi
Desde que tenía 17 años, cuando fue acusado por un homicidio, el apodo de Hernán Ramón R. sonó con fuerza en diferentes episodios delictivos de la zona norte, muchas veces vinculado con su hermano Gastón, un año mayor. Allá por 2010 lo detuvieron por una saga que incluyó tiroteos con algunos heridos de arma de fuego y le achacaron el crimen de Miguel Ángel Funes, sucedido en diciembre de 2007 en Servellera al 3700, caso por el cual fue encausado su padre. La víctima, de 42 años, quedó en medio de una pelea y fue ultimada al intentar interceder.
A principios de 2013 a los hermanos R. les achacaron atacar a tiros a una familia que vivía junto a un búnker, en su afán por balear a un grupo rival. La balacera dejó tres heridos y provocó que las víctimas se mudaran de provincia e ingresaran a un programa de protección de testigos nacional. Ambos cayeron en Victoria, Entre Ríos, en mayo de ese año, aunque no hubo pruebas para mantenerlos presos, ni a Lichi, ni a Gastón ni a su hermanastro Diego V, arrestado después, quien a la vez estaba acusado por dos asaltos.
El episodio frente al búnker terminó con el desplazamiento de la cúpula de la subcomisaría 2ª por denuncias de connivencia con los hermanos R.
Ya en 2015, Gastón fue detenido como parte de la banda que asaltó la céntrica joyería MG de Maipú al 800, adonde los ladrones ingresaron por un boquete y esperaron la llegada de los empleados para concretar el golpe, cuyo botín fue valuado en unos 10 millones de pesos, aunque gran parte de las joyas fue recuperada.
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