El gobierno provincial resolvió realizar un estudio y evaluación técnica y económica integral sobre los cinco años de contrato con Arssa, la firma que tiene la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe. Las razones de este pormenorizado trabajo que llevarán adelante la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se basan en una decisión que ya está tomada y que es la finalización anticipada del acuerdo con la empresa. Una de las principales razones para que se decida terminar con este vínculo es el incumplimiento de la repavimentación total del corredor. Según el pliego, la obra debía estar terminada en el quinto año de concesión, pero con el plazo ya vencido apenas se ejecutó la tercera parte.
El gobierno provincial anunció que se hará cargo justamente de los trabajos de repavimentación y que se volverá a abrir un nuevo proceso licitatorio para que otra concesionaria se haga cargo de su mantenimiento y las tareas de prevención.
En declaraciones a la prensa, el gobernador Miguel Lifschitz explicó que no estaba cumplido el objetivo principal que tenía la empresa y que era “la repavimentación integral” de la autopista. “La empresa aduce una serie de razones y esto es lo que van a tener que dilucidar los equipos que pongan las dos facultades, que trabajarán para evaluar el estado de la autopista. Por otro lado está el punto de vista económico, donde se analizará cómo fueron los ingresos a lo largo de estos años por parte de la empresa contratista, qué inversiones realizó y hacer un balance definitivo”, explicó.
“Vamos a volver a concesionarla, pero esta vez el Estado se va a hacer cargo de la repavimentación y vamos a hacer una concesión simplemente para su mantenimiento y tareas de prevención, pero sin obras de fondo. La idea es comenzar a trabajar inmediatamente mientras se van estableciendo los criterios de rescisión en los pliegos de licitación de una nueva concesión”, añadió.
Al ser consultado sobre si a la empresa le cabe algún tipo de sanción por incumplimiento de contrato, el gobernador respondió que eso se determinará a través de los informes técnicos. “De allí saldrán los elementos que nos permitirán establecer si corresponde aplicar sanciones al establecer los grados de responsabilidad”, indicó.
Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, explicó que lo que se definió fue darle una terminación anticipada al contrato “porque se entendía que el objetivo central por el cual se había realizado esa concesión no pudo ser cumplido”.
“Intentamos durante esta etapa encontrar algunas alternativas de continuidad a este contrato viendo algunos temas de readecuación o de negociación, pero no encontramos posibilidades porque eran cambios muy profundos. Y poniéndonos de acuerdo con la concesionaria, también iniciamos este proceso de darle una finalización anticipada a este contrato”, afirmó.
“A partir de ahora los términos en lo que se dará esta rescisión anticipada dependerán de si logramos un mutuo acuerdo o no, habrá que ver de qué manera se culmina y para eso iniciamos algunos procesos. Hemos informado a la concesionaria para que nos complemente toda la documentación, la argumentación que tiene y su visión sobre este proceso de concesión”, agregó.
Así las cosas, las universidades confeccionarán el informe técnico y económico pormenorizado de la situación de estos cinco años de contrato, que luego será entregado a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Infraestructura y Transporte y éste elevará a su vez a Fiscalía de Estado para su evaluación, la que finalmente dirá cuáles son los pasos a seguir respecto de los incumplimientos.
Además, se instruyó a la Dirección de Vialidad Provincial para que inicie los análisis y los proyectos para la realización de los trabajos de repavimentación, especialmente para los tramos más críticos. Según se informó, la concesionaria seguirá operando hasta tanto se determinen las condiciones para su salida definitiva.
El contrato con Arssa fue suscrito en 2011 y autorizado mediante el Decreto Nº 2236/10 bajo el nombre: “Concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier General Estanislao López”.
Por último, desde la empresa reconocieron ayer a medios de la capital provincial que el contrato era “inviable” tal como estaba y advirtieron que “ante la eventual rescisión, exigirán que la provincia salde sus propios incumplimientos con la empresa, derivados de obras impagas y tarifas desfasadas”.
Además justificaron la no repavimentación a partir de encontrar una calzada más deteriorada de lo que se presumía, y de una ecuación que les hacía imposible afrontar el costo de la obra. Mencionaron que con casi “300 empleados”, la empresa recauda entre “24 y 29 millones de pesos por mes” de los cuales el “sesenta por ciento” se destina a masa salarial.
“Una repavimentación total de la autopista estaría demandando una inversión del orden de los 2.500 millones de pesos”, argumentaron desde Arssa.
Comentarios