El Gobierno nacional reglamentó la ley que dispone el pago de deudas previsionales a jubilados y puso en marcha el blanqueo de capitales.
Lo hizo a través de la publicación de los decretos 894 y 895 en el Boletín Oficial. El primero de los decretos permitirá a la ANSES comenzar a pagar las deudas previsionales a quienes hayan o no iniciado juicios contra el Estado por mala liquidación de sus haberes.
Entre los considerandos, la medida que promueve el Programa de Reparación Histórica afirma que responde a «la emergencia existente en materia de litigiosidad previsional». Y estima en cerca de «400 mil reclamos, como así también de potenciales nuevos reclamos de jubilados y pensionados, que podrían ascender a más de 2 millones de casos».
«Los beneficiarios alcanzados son personas de avanzada edad, por lo cual es necesario establecer procesos y mecanismos que puedan satisfacer a los involucrados en un corto plazo procurando generar procesos colectivos y automáticos teniendo en cuenta la enorme cantidad de jubilados a los que les alcanzaría el beneficio», continúa.
La implementación del programa habilita una página web, a la que se deberá acceder ingresando la Clave de la Seguridad Social, para que los interesados puedan consultar si son alcanzados por el programa, y en su caso, cuál es la propuesta de la ANSES.
El interesado deberá habilitar en la página web a su abogado para que éste pueda tener acceso a la propuesta de la ANSES.
Una vez que el beneficiario y su abogado hubieran tomado debido conocimiento de las condiciones del acuerdo y de su contenido económico, éste podrá ser aceptado electrónicamente.
En complementación, la segunda norma pone en marcha el llamado régimen de «sinceramiento fiscal», el blanqueo de capitales que había sido aprobado por el Congreso en la misma ley, la 27.260.
El decreto establece que a fin de realizar la exteriorización de bienes, respecto al cónyuge, los ascendientes y los descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad del contribuyente que vaya a blanquear, no deberán cumplir la obligación de residencia o domicilio.
Es decir, no es requisito que estén domiciliados o radicados en el país al 31 de diciembre pasado.
A tales fines, se espera que el organismo que dirige Alberto Abad comenzará a mantener contacto con potenciales «interesados» para que se sumen al llamado. Además, se prepara una campaña publicitaria inédita en los tiempos de macrismo para que la exteriorización llegue a todos los públicos que potencialmente tengan dólares o divisas para blanquear.
Además, se prevé que esta misma semana comenzará a diseñarse la estrategia de comunicación con los potenciales «clientes» del llamado. Habrá tres tipos de mensajes. El primero será general, y a través de medios masivos para alertar sobre la existencia misma del blanqueo y sus ventajas. El idioma no será técnico, y no incluirá presiones sobre el público para que se sumen.
La segunda estrategia será la «inducción» a contribuyentes a los que la AFIP encuentre como eventuales «clientes seguros» del blanqueo. Se incluirán en ese listado contribuyentes anotados en la AFIP a los cuales en los últimos tiempos (5 años hacia atrás) se les detectaron inconsistencias entre sus declaraciones juradas de los principales impuestos (IVA, Ganancias y Bienes Personales) con sus niveles de gastos y sus movimientos financieros. Aseguran dentro del Gobierno que en estas condiciones hay casi un millón de personas, a las cuales se las contactará tanto por carta como vía electrónica o a través de redes sociales.
La tercera estrategia comunicacional será ante las personas y empresas que se consideren grandes contribuyentes para el organismo. En este caso el recordatorio será que desde enero del año próximo, la AFIP tendrá acceso directo a la información de más de 48 países, y otros 50 más desde 2018. Se especificará en qué estados comenzará a funcionar el intercambio de información impositiva directo, y que, en particular los bienes inmobiliarios, serán los primeros datos que se conocerán en la Argentina.
