Otra vez escuchamos a un juez decir algo parecido. El reiterado y rancio argumento de que la Justicia no tiene ninguna responsabilidad ante la problemática de la inseguridad. Concretamente hace 24 horas el juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, doctor Daniel Erbetta, dijo a un importante diario provincial: “Los jueces no tienen ninguna posibilidad de trazar el camino para darle a la gente más seguridad”.
Es cierto que el problema de la inseguridad tiene una raíz social que debe ser la primera estrategia de prevención en donde deben articularse políticas de inclusión y contención social. Pero no es menos cierto que el mayor y más urgente problema de la inseguridad es: la impunidad.
La impunidad se da cuando quien rompe las reglas sociales no recibe la sanción social que las normas sociales establecieron previamente. Es decir cuando el delincuente sigue en la calle.
Y ese problema, el de la impunidad, empieza por la actuación de los jueces que son los encargados de aplicar la ley en nuestro sistema republicano de división de poderes. A los jueces la sociedad no les reclamamos más trabajo o más honestidad. No dudamos del empeño al trabajo ni de la honestidad de la mayoría de nuestros jueces.
Lo que se reclama es otra actitud ante el problema. No pueden los jueces seguir proclamándose ajenos a la inseguridad. Hace falta un compromiso mayor asumiendo que el Poder Judicial es parte de la solución.
Ese compromiso empieza por involucrarse para evitar los altísimos niveles de impunidad que tiene la República Argentina en relación a cualquier país de la región, pasa por rever el dictado de sentencias o la interpretación de leyes que conduzcan a no aplicar sanciones y dejar a habituales delincuentes en libertad. Pasa por no abusar de las medidas como libertades condicionales o prisiones domiciliarias que se dictan casi con automaticidad.
Pasa por empezar a participar de los encuentros y actividades a la par del resto de los funcionarios del Estado haciendo algo simple y fundamental: escuchar a la gente, algo que debería ser natural para alguien cuyo sueldo viene de los impuestos que paga la sociedad.
Es cierto que la Justicia actúa luego de cometido el delito. Pero también es cierto que si la Justicia libera a un delincuente la cadena empieza de nuevo.
La aplicación de la ley es fundamental para evitar más delitos. Son inocultables los casos de delincuentes que siguen delinquiendo con gruesas causas penales abiertas que están en libertad por exclusivas decisiones judiciales.
No es una construcción ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo el criterio adoptado en el famoso fallo judicial “Diaz Bessone” que consagró desde los estrados de la Justicia la famosa puerta giratoria y que debe ser corregido como tantos otros criterios de una política criminal que viene fracasando hace años en nuestro país: el garantismo.
Hoy es claro que la sociedad reclama otro nivel de compromiso y otra actitud a los encargados de aplicar la ley.
(*) Senador provincial
