La Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá una sede en Rosario y trabajará en conjunto con el organismo homónimo provincial en los controles vehiculares en rutas y accesos nacionales que atraviesan el territorio santafesino. Así lo confirmó a El Ciudadano Carlos Alberto Pérez, director ejecutivo del área dependiente del gobierno de Mauricio Macri, tras un extenso encuentro que mantuvo en la sede de la ONG Compromiso Vial, en Cochabamba 386, junto a otros referentes de organizaciones abocadas a la difusión y prevención de siniestros vehiculares. En la ocasión se abordaron, entre otros temas, la inequidad en la distribución de los alcoholímetros en las ciudades del país y la discusión sobre los proyectos vinculados con “alcohol cero” para todo tipo de conductores.
Si bien la visita de Pérez a la ciudad no tuvo carácter oficial, el funcionario confió a este medio que ayer recorrieron los posibles predios donde se asentará la base para los agentes nacionales que, estiman, comenzará a funcionar a fines de este año.
“Una vez que estemos ubicados nos abocaremos, fundamentalmente, a inspecciones en rutas nacionales, que es en donde tenemos jurisdicción, pero también vamos a evaluar y coordinar trabajos en conjunto con efectivos de otros organismos de esta provincia para así intensificar los controles”, señaló Pérez.
“Inequidad en el reparto”
De acuerdo a lo referido por Pérez, cuando asumieron el 10 de diciembre pasado los nuevos integrantes de la dirección de la ANSV se encontraron con que contaban con 1.200 alcoholímetros distribuidos en todas sus jurisdicciones, aunque aseguró que “actualmente estamos tratando de reacomodar ese reparto porque en muchos casos se cometieron abusos, en base a simpatías partidarias, y en algunos municipios había de estos elementos por demás, en relación con otras ciudades que por sus características socioculturales y densidad poblacional lo necesitaban mucho más”.
En este aspecto, el funcionario nacional puso de ejemplo a Rosario, que cuenta con ocho alcoholímetros para cerca de un millón de habitantes según el último censo de 2010, mientras que Río Gallegos tenía 24 aparatos –algunos incluso embalados en sus cajas– y es una localidad en la que viven menos de 100 mil personas.
No obstante, Pérez señaló que para redistribuir equitativamente los equipos de medición de alcohol hay que tener en cuenta varios factores como lo son, entre otros, el consumo de bebidas, el número y tipo de población y el parque automotor.
En cuanto al pedido de las organizaciones que estuvieron presentes en la reunión de ayer sobre el proyecto de ordenanza en curso alcohol cero en el Concejo, Pérez dijo: “Estamos trabajando para crear más conciencia acerca del consumo de alcohol. Creo que la mejor campaña es aquella que hace que la gente entienda que si bebió no debe conducir”.
La graduación alcohólica que fijó la ley nacional de Tránsito 24449/94 para conductores comunes es de un límite de 0,5 gramo de alcohol en sangre. “Desde la agencia creemos que es un umbral aceptable para que la gente pueda manejar. No obstante, estamos abierto a la discusión y escuchando a las diferentes voces y sus argumentos para ver si hay necesidad o no de modificar las posturas porque de eso se trata, de ir creando un espacio de debate y no pararnos en un lugar de poder sino de consenso entre todos los que entendemos a las políticas de seguridad como sumamente necesarias para que las personas dejen de perder la vida en accidentes de tránsito”, concluyó Pérez.
“Conducir es un acto social”
“Tenemos una convicción y fundamentos con respecto a los proyectos de ley y de ordenanza alcohol cero. Podemos debatir el tema pero con altura porque se han generado discusiones, justamente por tener que salir a desmentir dichos sin ninguna solvencia como que el comer una ensalada de fruta o un bombón pueden alterar el organismo y hacer que se arroje un nivel de alcohol en sangre más alto que el permitido”, señaló Mónica Gangemi, referente de la ONG Compromiso Vial, una vez finalizado el encuentro que mantuvieron en la sede de la institución con uno de los directivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La mujer consideró, además, que “luego habrá que analizar la forma en que se pondrá en práctica la norma, pero lo que buscamos es crear conciencia ciudadana y creemos en los argumentos sólidos de por qué es necesario el ‘alcohol cero’ al volante y vamos a acompañar a quien impulse la iniciativa”.
Sobre la inaplicabilidad y la falta de recursos de los diferentes niveles del Estado a la hora de efectuar controles en calles y rutas, Mariana Sena, de la organización Puente Estrella, hizo hincapié en las injusticias y en aquellas deudas sociales. “Los funcionarios asumen una gestión con muchas diferencias entre las mismas provincias en materia de seguridad vial, pero esperamos que el mensaje político sea claro y pueda afianzar el concepto de que manejar es un acto de responsabilidad absoluta y es un acto social en cualquiera de sus formas”, finalizó.
“La alcoholemia cero es inaplicable”
El médico Osvaldo Aymo, pediatra aunque especialista en estudios vinculados con la seguridad vial, fue contundente sobre el proyecto de ordenanza “Alcohol cero” que impulsa el radical Sebastián Chale. “Es absolutamente inaplicable”, sentenció.
Al respecto, Aymo recordó que hace unos años en Córdoba le practicaron en vivo por televisión un test de alcoholemia a una periodista luego de hacerse un enjuague bucal y el resultado fue de 2 gramos.
Además, el médico cuestionó la cantidad de alcoholímetros que hay en relación a la densidad poblacional de cada localidad y cuestionó duramente que en Rosario haya sólo 8 aparatos cuando “para una ciudad de 1 millón de habitantes debe haber 30”.
Aymo, quien actualmente es integrante del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue más allá y aseguró que “de nada sirve ser riguroso con la norma si no hay controles”, ya que hay lugares en donde hay cantidad suficiente de aparatos de medición y sin embargo no se realizan inspecciones.
