Los últimos meses se convirtieron en un calvario para una familia que asegura estar asediada por un “policía de alto rango” al que denunciaron hace dos semanas en Asuntos Internos, y a fines de julio en Fiscalía, por reiterados episodios de agresiones y amenazas de muerte. Según el relato de Andrea, una mujer de 38 años que vive con sus dos hijas menores en Granadero Baigorria, tuvo que dejar de salir a trabajar y de mandar a sus hijas a la escuela por miedo a que se concreten las “violentas amenazas” del uniformado. En las denuncias, lo identificó como Luciano L. y dijo que los problemas empezaron hace más de diez años, pero que se intensificaron en los últimos cuatro meses cuando su marido Sergio R. fue baleado por policías en un presunto enfrentamiento que lo dejó malherido y encarcelado. Esa balacera tuvo lugar el pasado 17 de abril en la zona oeste de Rosario, en Valparaíso y Uruguay, donde vive la familia de Andrea, a la que había ido a visitar junto a su marido y sus hijas, y donde también se asienta la familia del policía denunciado.
Andrea dijo que el 22 de julio pasado fue víctima de un espeluznante episodio. Según denunció cinco días después en Fiscalía, esa tarde había ido a visitar a su hermana, en la misma esquina de Valparaíso y Uruguay, y salió a la vereda donde su hija patinaba. Una de las vecinas, cuñada del policía, empujó e hizo caer a su nena. “Ahí yo la increpo y comienza a insultarme”, relató Andrea, quien agregó que los gritos pusieron en escena al policía Luciano L., que le dio la cabeza contra una columna y luego le puso un arma de fuego en la boca y le dijo: “Así como yo mandé a matar a tu marido, y los giles que mandé no lo mataron, le hice perder todo; así te voy a hacer matar todos tus hijos y tu familia. A tu hija J., la vas a encontrar c… por todas partes y descuartizada”.
El martes pasado, en Asuntos Internos, otras dos denuncias fueron presentadas contra la misma persona. En una, las hijas de Andrea, de 12 y 16 años, dijeron que el viernes 12 de agosto caminaban por la esquina de su casa de Granadero Baigorria cuando Luciano L. intentó atropellarlas con el vehículo que conducía junto a su mujer Gisela.
“En un momento dado, nos sobrepasa una camioneta Sandero de color gris oscuro, al mismo tiempo que realiza una maniobra para chocarnos, se podría decir que nos tiró la camioneta encima, en ese momento tuvimos que saltar a la vereda junto a mi hermana”, dijo una de las menores en la denuncia. Agregó conocer al policía porque ya tuvo varios inconvenientes con su madre.
La otra denuncia fue radicada después y fue por un hecho en la puerta del Shopping Alto Rosario. Según lo expresado por Cristian, un sobrino de Andrea, de 18 años, se encontraba en la puerta del centro comercial lavando autos con su abuelo cuando apareció el policía Luciano L. a bordo de un Ford K negro acompañado por su mujer Gisela y lo llamó. El muchacho dijo que cuando se acercó le pegó varias cachetadas y le envió un mensaje para su tía. Le dijo: “Decile a esa negra de mierda que la voy a matar a ella y a todos los hijos”.
Dos semanas antes, Cristian fue detenido por una denuncia que radicaron los mismos familiares del policía de Valparaíso y Uruguay. Según Andrea, se escuchó una explosión dentro de la casa de Sergio D., el suegro del policía que vive ahí y que salió a la calle a los tiros: “Parece una cama. Hicieron como una comedia, ni siquiera se prendió fuego, salió a la calle y disparó varias veces al aire y después denunció a mi sobrino, que es más bueno que el pan”. El joven fue demorado en la seccional 18ª, donde según Andrea lo golpearon y luego lo tuvieron que largar porque no tenían nada para dejarlo demorado. La fiscal de Flagrancia Ángeles Granato no lo imputó, pero ordenó una restricción de acercamiento del muchacho a la casa de los familiares del policía. Se trata de la misma fiscal que investiga la balacera del 17 de abril donde la Policía baleó y dejó al borde la muerte a Sergio R.
Andrea dice que ya no sabe qué hacer. Que sus hijas debieron abandonar la escuela a mitad del año escolar y ella no se anima a salir a trabajar y dejar a las menores solas. “Es como una tortura para nosotras. Nos sentamos a comer, escuchamos un ruidito, y saltamos de la mesa. Tuvimos que dividir los perros, los pusimos adelante y atrás de la casa. Estamos todo el día espiando, a las seis de la tarde, apenas oscurece, cerramos todo”, lamentó.
Balas, recuperación y una condena a prisión
Tras sortear varios días en terapia intensiva con respiración asistida y un cuadro desalentador, Sergio R., de 50 años, se recuperó de los dos balazos policiales que recibió en el pecho el pasado 17 de abril y fue imputado por el juez Luis María Caterina por los delitos de portación ilegítima de arma de fuego, resistencia a la autoridad y desobediencia. El magistrado, que escuchó las dos versiones diametralmente opuestas sobre la balacera, le dictó además prisión preventiva sin plazo.
Poco después de ser baleado, un juzgado de Sentencia resolvió una causa de hace casi ocho años en la que Sergio estaba procesado. El juez Julio Kesuani lo condenó a 9 años y medio por un asalto perpetrado en noviembre de 2008 en una mueblería de Casilda, en un golpe que terminó con una persecución policial hasta General Lagos donde cayó herido de muerte uno de los asaltantes. La resolución está apelada por la defensa de Sergio, el abogado José Alcácer.
