Anoche, el Concejo Municipal aprobó la declaración de la emergencia de seguridad por 180 días, que de ser necesario podrán ser extendidos por otro período similar. Esto se dio en el marco de una jornada maratónica, que se inició con la idea original de comenzar a sesionar al mediodía, pero los ediles recién se sentaron a sus bancas cerca de las 9 de la noche. Al cierre de esta edición continuaban con las deliberaciones sobre puntos en los que no hubo acuerdos previos.
En cambio, sí establecieron una batería de 28 iniciativas divididas en cinco ejes.
Los concejales dispusieron de menos de 15 minutos cada uno para posicionarse respecto a lo consensuado durante varias reuniones que se desarrollaron en esta última semana. De las 40 iniciativas que entraron en la agenda, 28 fueron aprobadas. Se dividieron en cinco ejes. Además de la declaración de emergencia, se descartó la idea de grabar la patente en los cascos de motociclistas. De las que se aprobaron, la más destacada fue pedir un certificado de antecedentes penales del registro de reincidencias a quienes busquen una habilitación para los rubros entidades financieras, concesionarias y revendedores de vehículos automotores, al igual que los ya previstos de armerías, compra venta de celulares, desarmaderos de automotores, chatarrerías y comercios de compra venta de repuestos usados, talleres mecánicos y espectáculos públicos.
La segunda iniciativa fue dotar al municipio de poder nombrar a jueces de Faltas subrogantes en un número no superior a 8 de la planta municipal. La contratación será por un año mientras que se harán los concursos para llenar los cargos.
Controles y habilitaciones
Otro eje de los 28 proyectos estuvo atado a las fiscalizaciones del municipio. Se creará el Registro Municipal para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y la licencia municipal para la comercialización de bebidas alcohólicas, y alcanza desde el distribuidor hasta el vendedor. Se renovará cada año.
Se creará el programa “paradas seguras” para transporte público. Así se unificarán las paradas de ómnibus y taxis, que contarán con patrullaje permanente y elementos de seguridad.
Se modificó la ordenanza 2769, que establece que las playas de estacionamiento deberán contar con un sistema de reconocimiento de placas patentes. La información recabada a diario deberá ser remitidas al gobierno de Santa Fe, a través del sistema de atención a las emergencias 911.
Otra iniciativa que vio luz verde fue el control de las habilitaciones de venta de tarjetas SIM preactivadas para teléfonos celulares en agencias oficiales de telefonía, con previo registro de la identidad del comprador, conforme a la ley 25981.
Además, y tal como pedía el concejal Diego Giuliano, entre otros, el Concejo pidió al Ejecutivo estudiar la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También deberá informar sobre el estado de avance de la formación del organismo de investigaciones. Este organismo deberá, a su vez, analizar si es viable incorporar cámaras en uniformes de efectivos de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la colocación de pantallas táctiles en el interior de taxis.
Además, pidieron un informe sobre titulares de taxis.
Seis proyectos ligados a la prevención y contención social fueron aprobados ayer. Se creó el programa municipal de concientización sobre uso de armas y municiones; el programa de prevención social del delito; y el programa municipal de inclusión laboral para personas que han pasado por el sistema penitenciario o proceso judicial penal.
También se creó la unidad de empoderamiento de víctimas, y se pidió que el municipio firme convenios para cooperar con el registro único de casos de violencia contra la mujer. Del mismo saldrán estadísticas concretas en la ciudad que permitan diseñar políticas públicas adecuadas para la erradicación de la violencia de género. Se sumaron a este paquete iniciativas para el diseño y reforma de los espacios públicos de la ciudad, en relación a iluminación, protección antivandálica, diseño de veredas y accesibilidad, entre otros.
Los otros proyectos tuvieron que ver con la coordinación entre instituciones y jurisdicciones. Los ediles pidieron informes varios: sobre el funcionamiento de Centros Territoriales de Denuncia, y exigieron que se amplíe el sistema; sobre armas en Santa Fe; sobre eliminar las denominadas zonas rojas de los mapas digitales y GPS para evitar la discriminación para el ingreso de ambulancias y servicios públicos. Entre otros pedidos, insistieron con las gestiones por aumentar la presencia de fuerzas federales. También deberán crear un registro de autopartes, publicar en la página web municipal las inversiones que se destinen a seguridad, convocar a reunión del Consejo de Gobierno del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom) e invitar al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a una reunión con concejales.
Los atrasados
Además de esas propuestas que se consensuaron en la semana, los ediles presentaron pedidos de cumplimiento de decretos y ordenanzas ligadas con seguridad que nunca fueron reglamentadas por el Ejecutivo.
En ese sentido, la presidenta del Concejo, Daniela León, pidió que se cumpla la ordenanza 8410, que modifica el Código de Faltas sobre víctimas de siniestros viales. También de León, el cumplimiento de la ordenanza 9456 que prohíbe la carga y descarga de camiones blindados en el horario de entrada y salida de establecimientos educativos y cuando éstos se encuentren en la misma cuadra en la que funcionan sucursales bancarias, centros de pago o cajeros automáticos.
Desde el Partido del Progreso Social (PPS) quedaron iniciativas del ex concejal Héctor Cavallero sin implementación.
Por ejemplo, la ordenanza que establece el control sobre las empresas de seguridad privada. También pidieron crear el Departamento de Lucha Permanente contra la Economía del Delito.
Desde el Frente para la Victoria requirieron que se cumpla la ordenanza que regula la instalación de videocámaras de seguridad. Norma López sumó que se cumpla la ordenanza que crea el sistema Rosario Alerta 2.0, una plataforma que integra cámaras, botones de pánico, GPS, teléfonos celulares, posnets, internet y redes sociales. También solicitaron que se hagan convenios con el Poder Judicial para habilitar defensorías y fiscalías en los centros municipales de distrito.
También pidieron que se le dé curso al estudio sobre la posible compra de cuadricópteros o drones para tareas de seguridad. También incorporar el software videoanalytic en las cámaras de seguridad, que es un software para contar el número de peatones cruzando una puerta o entrando en una región geográfica, y determinar la situación, velocidad y dirección del movimiento, identificando movimientos sospechosos de personas u objetos, entre otras posibilidades.
Cruce en twitter
Como suele suceder en estos tiempos, las peleas que se originan en el recinto se trasladan a las redes sociales, y viceversa. Algo de esto pasó anoche con Carlos Comi y Jorge Boasso. El primero, durante la sesión, fustigó al radical sin mencionarlo. Boasso contestó por Twitter: “Pobre y resentida intervención del concejal @carloscomi. Levantamos del socialismo”. La contestación no tardó en llegar: “@jrboasso vergonzoso lo suyo Boasso. Oportunista y vago. No se lo vio en los 4 días de sesión permanente. Solo uso el twit desde el Jockey”.
