Esta semana se tratarán una serie de proyectos relacionados con el sistema procesal penal provincial, entre ellos uno de mi autoría, que plantea la necesidad de aumentar la cantidad de fiscales en cada una de las fiscalías de todos los nodos de la provincia de Santa Fe.
En escala, es cierto que estamos atrasados en el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación, y que –tal como lo hemos propuesto– necesitamos más fiscales y más auxiliares para el trabajo de investigación de los delitos.
Es nuestra tarea como legisladores, acompañar el crecimiento del nuevo Sistema Procesal Penal, dotando al Poder Judicial de un poder cada día mayor, para que su tarea contribuya de la manera más rápida y efectiva al esclarecimiento, el proceso y la condena de los delitos que se cometen en nuestro territorio, y que constituyen, claramente hoy, un serio problema para la ciudadanía.
También es cierto, y nunca lo negamos desde el Frente Progresista, que nos hace falta aún más trabajo del que se lleva realizado, en la tarea policial. Por eso apoyamos todos los procesos de reforma policial que se llevan adelante desde el Ejecutivo provincial y acompañamos todas las medidas que sean necesarias para dotar a nuestras fuerzas de mayor capacidad operativa, de mejores recursos y de mejor formación profesional.
Pero tenemos claro que a los serios problemas de violencia e inseguridad que vivimos no los vamos a enfrentar solamente con más fiscales y una mejor policía.
Nos atraviesa un grave problema de narcotráfico, que nunca escondimos y nunca negamos, y que requiere de una inmediata y permanente presencia de las fuerzas federales en Santa Fe y Rosario.
Y sobre eso, no puede haber dudas, ni discriminación política alguna: no podemos ni siquiera pensar que las demoras o las diferencias de trato y asistencia desde el Poder Ejecutivo Nacional, sean la consecuencia del color político que tiene una provincia u otra, o peor aún, una ciudad u otra de la misma provincia.
Alentamos a que la política grande le gane a la especulación, y que los funcionarios nacionales atiendan con urgencia la situación que vive Rosario y la provincia de Santa Fe en su conjunto, atendiendo a un problema, que ni por derecho ni por capacidad, pueden afrontar solas las fuerzas provinciales: hablamos del narcotráfico. Un problema que no solamente tiene que ver con la compra y venta de estupefacientes, sino con los enfrentamientos que genera la lucha por territorios en el menudeo, y que constituye el principal indicador de homicidios, tanto en la capital provincial, como en Rosario.
Otro tanto ocurre con los juzgados federales y con las cárceles de esa jurisdicción. Necesitamos de manera insoslayable que la Nación cree de manera urgente más juzgados, más fiscalías y más dependencias de detenciones exclusivas para los delitos federales en la provincia.
Hemos estado solos en la batalla contra el narcotráfico durante los doce años de kirchnerismo, y no podemos aceptar que se repita la historia por las mismas razones: que nuestra provincia sea gobernada por un color distinto al del signo nacional.
Esto no debe ser así, no puede ser así, y exigimos que se cumpla con la palabra empeñada durante la campaña, en la que se aseguraba que se iba a acabar la discriminación por razones políticas a las provincias argentinas.
También es imprescindible un mayor compromiso de los jueces provinciales, de todos ellos, pero especialmente de los jueces de ejecución de sentencia. Y si para eso hacen falta reformas al Código Procesal, acompañaremos el proyecto que elevará el Ministerio de Justicia a la Legislatura.
Necesitamos del compromiso de todos los actores del Estado. Y que nadie mire para otro lado.
