Mauricio Macri y Miguel Lifschitz decidieron darse una oportunidad después del encuentro a solas que coronó la firma del convenio para la llegada de fuerzas federales a Santa Fe para colaborar en la seguridad pública y después de una semana de enfrentamiento político mientras en Rosario miles de ciudadanos con familiares y víctimas a la cabeza manifestaban en la calle.
La llegada de ambos mandatarios al gobierno suponía una relación diferente entre provincia y Nación, ya que tanto el PRO como el socialismo habían sido muy críticos del trato que tuvieron del kirchnerismo y en la campaña prometieron a sus electores reencausar el vínculo institucional, pero en los hechos no lo hicieron mejor. El destrato y la desconfianza comenzaron minutos después de que Macri y Lifschitz asumieran con lo del raíd tras la triple fuga y se prolongó hasta la semana pasada en el contexto de las protestas por seguridad.
El mano a mano entre gobernador y presidente supone un reseteo de la relación, un empezar a construir de nuevo.
“Son dos gobiernos muy sensibles. Espero que se haya comprendido que llevarse bien es una necesidad mutua”, afirmaba ayer un dirigente de la UCR.
Lifschitz salió del despacho presidencial con una sonrisa. Indudable señal de que el clima del encuentro sin testigos había sido distendido, pero mayormente remitía a que el presidente le pasó algunas facturas, en tono amigable.
Estaba muy informado de todas las críticas que el socialismo hizo a su gobierno en los últimos tiempos.
Una voz socialista que siguió de cerca las alternativas cree que hay un problema que mete ruido: “El PRO puro no entiende que por nuestro posicionamiento podemos criticar, y que eso no implica que no podamos trabajar coordinadamente. No lo entienden –repite–. Resulta que ahora el modelo es Manzur, el gobernador de Tucumán, que pasó de ser el demonio kirchnerista al aliado estratégico porque agarra todo lo que le dan para la provincia y vota todo lo que manda el gobierno al Congreso”.
Volver a empezar
De acá al viernes ya habrá señales de qué tanto se reseteó la relación. La primera la activarán los diputados del Frente Progresista en estas horas al dar dictamen para que Santa Fe adhiera al blanqueo y lo votarán en ocho días (en rigor Lifschitz dio luz verde al ministro Saglione y los diputados la semana pasada). La Casa Rosada sigue de cerca los movimientos de Santa Fe que hasta ahora nunca adhirió a ese tipo de medidas.
Otra señal surgió desde el PRO: el prudente silencio de diputados provinciales y nacionales que en los últimos diez días estuvieron muy activos en los medios de comunicación, las redes sociales y metiendo presión en los despachos de Balcarce 50.
Por último, el viernes se reunirá por primera vez el comité conjunto creado para coordinar la acción de fuerzas de seguridad provinciales y federales.
Esa relación no será fácil, y dependerá mucho del manejo político por encima de los jefes de las fuerzas de seguridad. Fiel a su estilo, Lifschitz estará personalmente tomando decisiones y monitoreando el tema, más allá de la participación de los ministros Pullaro y Silberstein.
A la desconfianza casi natural entre policía local y fuerzas federales (agravada por las imputaciones y sospechas salidas de la boca de la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich), se le suma todo el coro de líneas intermedias de la política que suele generar ruido. Desencuentros y diferencias de criterio habrá, el asunto es que la política pueda contenerlos y encausarlos.
La sonrisa y la tarea
El gobernador se fue satisfecho de la reunión con Macri, entre otras cosas porque firmó un convenio que garantiza efectivos federales hasta el 31 de diciembre de 2017 (firmado y con foto con el presidente) y en términos muy parecidos al que originalmente habían acordado con el Ministerio de Seguridad hasta que apareció la famosa cláusula 6ª que implicaba una virtual intervención de la Policía provincial.
A su vez, la saga de desencuentros con Bullrich derivó en la intervención del ministro de Interior. Con Rogelio Frigerio hubo oportunidad de abrir el juego a otros temas en agenda que son cruciales para Santa Fe, como la negociación por el pago de la deuda por coparticipación ordenada por la Corte y la autorización para emisión de títulos en el exterior para obra pública.
El resto depende de los resultados en materia de Seguridad y de que el gobierno provincial aproveche la oportunidad.
Más de 700 policías pasados a disponibilidad o exonerados y referentes de bandas narco que estén presos no resulta suficiente. Habrá que multiplicar fiscalías, dar señales claras a la fuerza y de que se quiere sacar adelante la investigación patrimonial de policías en actividad y retirados sospechados, así como estar muy encima de las denuncias que llegan a las fiscalías (es incomprensible la lejanía, en todo sentido, del fiscal general de la provincia Julio de Olazábal) y que surgen de otros espacios comunitarios, como las 19 mesas barriales, donde la información que allí se vuelca debería tener un destino productivo y no catártico.
