La Justicia condenó ayer a cinco policías que cumplían funciones en la comisaría 19ª, entre ellos al comisario, a duras penas que van desde los 16 años a los 6, por diferentes hechos de extorsión. Los magistrados desestimaron dos de los delitos que requerían los fiscales que son asociación ilícita y apremios que agravarían aún más la situación procesal de los policías.
No se trata de una condena más, ya que no hay antecedentes de un grupo de policías de una misma repartición juzgados por ilícitos. De todos modos, tanto los defensores de los agentes y los fiscales esperan los fundamentos de la sentencia para apelar.
Para el fiscal Sebastián Narvaja “no hay muchos precedentes de una condena por este tipo de delito para todo un grupo de policías. No son hechos menores, por cómo el sistema de justicia los ha tratado son hechos graves”, aseguró.
Además intentó separarse de la polémica política sobre la corrupción policial y sostuvo que el fallo “es un mensaje a una forma de delincuencia, no se los condena por policías, sino por cometer delitos. Hacia la Policía no lo veo como un mensaje. La primera institución que colaboró para llevar adelante esta investigación fue la propia Policía”, destacó.
Por su parte, el abogado del ex comisario de la 19ª, Paul Krupnik, consideró que: “Por la quita de delitos que hubo consideramos excesivo el monto de la pena y confiamos que en la Cámara de Apelaciones ese monto se va a revertir. Y creemos que el contexto, la coyuntura que hay en la provincia, esto de depurar las fuerzas policiales no ha ayudado para nada en la suerte procesal de mi pupilo”, aseguró.
El juicio oral comenzó a mediados de agosto pasado y estuvo a cargo de los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, quienes acusaron a Guillermo Javier Ruiz Díaz, Sebastián Farini, Víctor D´Angelo, José Antonio Galván y Lucrecia Malvinas Bustos, todos ellos funcionarios policiales de la seccional 19ª por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, extorsión y allanamiento ilegal, entro otros.
El tribunal a cargo del debate estuvo integrado por los jueces Hernán Postma. Mónica Lamperti y Hebe Marcogliese.
A Guillermo Javier Ruiz Díaz, que en 2014 se desempeñaba como comisario, los jueces lo condenaron a 16 años de prisión efectiva, 10 años de inhabilitación para ejercer la función pública, prohibición para ejercer la función pública durante su condena y 20 mil pesos de multa. Los jueces lo encontraron responsable de dos hechos de extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público en tres casos y falsedad ideológica agravada. A su vez, lo absolvieron del delito de allanamiento ilegal.
Otro de los policías sentenciados fue Sebastián Farini, a quien lo encontraron responsable de extorsión en cuatro hechos, allanamiento ilegal y falsedad ideológica agravada por ser un funcionario, incumplimiento de deberes de funcionario público en carácter de autor, imponiéndole una pena de 16 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años y una multa de 20 mil pesos. En tanto, lo absolvieron de los delitos de extorsión en grado de tentativa, apremios y falsedad ideológica agravada.
Otro de los agentes condenados fue Víctor Luis D’ Angelo, por los delitos de extorsión, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada, por lo que deberá purgar 12 años de prisión y tendrá inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años. Además deberá pagar 15 mil pesos de multa. A su vez fue absuelto por los delitos de falsedad ideológica agravada y de apremios ilegales.
También condenaron a José Galván por extorsión, por lo que deberá purgar 9 años de prisión. También está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años y deberá pagar 12 mil pesos de multa. Galván a su vez fue absuelto por extorsión en grado de tentativa y amenazas coactivas calificadas por el uso de arma .
La única mujer que fue juzgada, Lucrecia Malvina Bus, fue condenada por extorsión y falsedad ideológica agravada a seis años de prisión y a pagar una multa de 10 mil pesos. Fue absuelta por el delito de allanamiento ilegal.
Los imputados fueron representados por defensores particulares: Pedro Grabar, Pablo Anderson, Juan Vidal, José Nanni y Paul Krupnik, y por el Servicio Público de la Defensa Penal Hernán Soto.
La denuncia que el sistema no creyó
Eduardo Toniolli, concejal del Movimiento Evita, recordó que la banda policial se dedicaba a extorsionar jóvenes para sacarles plata.“Uno de esos jóvenes se negó, y su madre decidió denunciar el apriete. Por instrucción de funcionarios de la Fiscalía, los acompañamos ante Asuntos Internos. Al día siguiente, producto de una evidente batida, cesó la extorsión”, detalló. “Unos meses después, el mismo joven fue detenido por agentes de esa comisaría, y pasó 5 meses preso acusado de homicidio. La gravedad del hecho estriba en que el fiscal dio por buena la vergonzosa investigación policial en una práctica muy usual de nuestro sistema judicial”. Toniolli recordó que “recién cuando producto de la proliferación de denuncias contra la comisaría 19ª por casos similares, y el escándalo público la cúpula termina cayendo, avanza la denuncia original del joven y su madre y se esclarece que nada había tenido que ver con el homicidio. Hay que reconocer a la madre y al pibe que fueron al frente, a los compañeros que los acompañaron y a la defensora pública que hizo su trabajo. Miles de estas historias llenan los pasillos de los Tribunales, la inmensa mayoría de ellas con finales no tan felices”, concluyó.
Los hechos delictivos por los que fueron a juicio los cinco efectivos de la 19ª
En uno de los casos, que tuvo lugar a fin de marzo de 2014 el Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre con un arma en Espinoza y Calchaquí. Hasta allí llegaron en un móvil policial Farini y D’Angelo. Luego de proponerles a sus colegas cambiar el arma y hacer un allanamiento a la casa del arrestado, trasladaron al muchacho a la comisaría.
Farini le dio intervención al fiscal de turno, que ordenó su permanencia en la dependencia hasta el día siguiente para una audiencia imputativa. Cuando llegaron sus familiares a la comisaría le solicitaron 3 mil pesos para liberarlo. Tras el pago, Farini llamó a otro fiscal unas horas después y sin informarle que habló con su colega le contó otra historia que plasmó en el acta policial y logró la autorización del funcionario para liberarlo.
También en marzo de ese año y tras una balacera que dejó dos heridos en Espinillo y Seguí, que contaban con prontuario, Farini se presentó en el hospital y les dijo que vayan consiguiendo plata porque les iba a armar causas y a meter presos. Posteriormente obtuvo el dato de los presuntos agresores. El agente fue a la casa de uno de ellos y tras romper la puerta lo llevó detenido. Cuando su padre se presenta en la seccional, Ruiz Díaz le solicitó 30 mil pesos para su libertad, lo que se concretó.
A su vez Galván se dirigió al domicilio del otro sospechoso y al no hallarlo le dijo a su familia que junten 13 mil pesos y les dejó una nota con el nombre del comisario y un sello de la seccional para que los llamen cuando juntaran el dinero.
Unos días después Farini y D’ Angelo se presentaron en un almacén de Maradona y Campbel y le solicitaron al dueño la habilitación municipal. Como no la tenía, le pidieron 25 mil pesos para no cerrarle el negocio. Ante la negativa del hombre, lo llevaron detenido. Entonces el jefe le pidió 50 mil, pero la postura del hombre no cambió y Ruiz Díaz ordenó que Farini, D’ Angelo y Bustos vayan al local y traigan a la seccional toda la mercadería. Una vez en el comercio, Bustos le insistió a un familiar para que arreglen, lo que finalmente hicieron por 12 mil pesos y le reintegraron la mitad de la mercadería.
El último hecho está vinculado a un auto robado que se cayó en una cuneta en la zona de Garzón al 3100. Un vecino vio cómo el auto se despistó y sin saber que era robado intentó ayudar. Cuando estaban sacando el auto apareció un móvil con Farini y D’ Angelo, y los ocupantes del rodado corrieron. La víctima sostuvo que lo ingresaron al auto policial y tras golpearlo lo llevaron a la seccional y le solicitaron dinero a su familia para no formarle causa.
Narvaja detalló que Ruiz Díaz como jefe ofrecía un paraguas protector a partir de la producción sistemática de actuaciones que daban legitimidad a estas acciones por lo que solicitaron 20 años de reclusión, 23 de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 150 mil pesos de multa.
En cuanto a Farini y D’ Angelo la Fiscalía sostuvo que utilizaban violencia apretando, metiéndose en las casas, solicitando dinero.
