El municipio rosarino tomó posesión formal de un terreno ubicado en un estratégico espacio de la costa central en el cual hay tres construcciones que son explotadas como bares. Se trata de las construcciones ubicadas en calle Wheelwright al 1300 (entre Corrientes y Entre Ríos), sobre la margen del río.
Desde el Ejecutivo local aclararon que los tres bares que funcionan en el predio, Quillagua, Quitapenas y El Charladero, podrán seguir operando hasta que el Estado local defina un nuevo proyecto, por lo que las fuentes de trabajo de estos emprendimientos no corren peligro.
Según fuentes oficiales, este acto administrativo “permite al municipio definir nuevas reglas de juego para el valioso inmueble, que era explotado por Coyde SA, en virtud de un acuerdo entre la empresa y el ex Ente Administrador de Bienes Ferroviarios (Enabief), dueño de los terrenos hasta 1999, fecha en que los traspasó al municipio de Rosario”.
«La Justicia desestimó los recursos presentados por la empresa, lo cual nos permite ahora tener la posesión del inmueble, y definir desde el Estado el mejor destino para la zona», sostuvo el secretario de Gobierno Gustavo Leone, poco después de entregar las actas a los concesionarios de los bares.
«Ahora nos vamos a tomar un tiempo para definir un nuevo proyecto. Hasta que ello suceda los emprendimientos van a seguir operando, por lo cual ni el funcionamiento ni las fuentes de trabajo asociados a ellos van a correr peligro», agregó el funcionario.
La toma de posesión significa una instancia administrativa no menor: ahora será el Estado quien defina las reglas de juego. Vale mencionar que hasta la fecha el cánon que pagaba la firma Coyde al erario público era indiscutiblemente ínfimo en relación a esa zona estratégica junto al río.
El conflicto con Coyde SA se remonta a fines de la década de 1990, cuando el ex Ente Administrador de Bienes Ferroviarios (Enabief) transfirió los terrenos y construcciones que se extendían entre el río Paraná y Wheelwright, Entre Ríos y Oroño al Palacio de los Leones.
En aquel entonces la firma ya tenía un juicio con el ente nacional, por lo que este conflicto fue traspasado al municipio. A comienzos del tercer mileno se firmó un convenio con Coyde, habilitándola a explotar una zona (la que el municipio logró tomar posesión hoy) por un plazo de 8 años, con posibilidad de extenderlo 3 años.
Con los plazos vencidos, el Ejecutivo reclamó al privado, que judicializó el tema. Recién este año se resolvió la cuestión de fondo, por lo que el municipio quedó habilitado a tomar la posesión del inmueble, oficializado a través de una resolución, que firmó la intendenta Fein el 5 de septiembre.
