La causa que intentó, a través de un amparo, frenar la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés devino en un inédito escándalo judicial en el fuero de la Seguridad Social que dará lugar, incluso, a una denuncia penal. En una comunicación formal fechada el viernes pasado –luego de que un juez subrogante le diera luz verde al gobierno para poder disponer de esos activos– se informó que en el sorteo inicial del expediente hubo un “error” en el sistema informático, lo que permitiría simular que todo el trámite previo (que había resultado en un revés para el Ejecutivo) fuera anulado sin dejar rastros. La cuestión ya escaló a todos los integrantes de la Cámara de Apelaciones del fuero en cuyas manos está ahora la apelación al rechazo al amparo, cuya decisión quedó envuelta en una cadena de irregularidades y presiones.
El 1º de agosto pasado, el abogado Miguel Fernández Pastor inició una acción de amparo con el objetivo de que se declarase inconstitucional parte de la llamada ley de Reparación Histórica. La presentación se sorteó manualmente por parte de Emilio Oscar Fernández, prosecretario administrativo y técnico en informática del fuero de la Seguridad Social.
Dilaciones y paso de manos
El caso recayó en el juzgado a cargo de Juan Fantini, quien luego de las consultas de rigor otorgó parcialmente una cautelar que ordenó al gobierno abstenerse de tocar el FGS. La Ansés lo recusó por “prejuzgamiento”, pero allí comenzaron las irregularidades: hasta la fecha, 27 días después, la Cámara jamás resolvió su situación y así el expediente terminó en manos de Fernando Strasser, juez subrogante (que compite para ser titular en una terna en manos del Ejecutivo), quien finalmente le dio la razón al gobierno y rechazó el amparo.
Todo va peor
Pero el viernes pasado la situación se agravó: Emilio Oscar Fernández firmó una resolución de la Mesa de Entradas de la Cámara en la que retoma un pedido de nulidad del abogado de Ansés José Luis Álvarez por “errores” en un informe que fue presentado ante la Sala III, que no tenía la causa en ese momento.
Irregularidades
“Al respecto, se informa que pude constatarlos (los errores), siendo los siguientes: por un lado, hubo un error en la fecha de recepción del expediente en la Mesa General de Entradas, siendo la fecha correcta el 01/08/2016 y por otro lado, en aquél se indicó que se había efectuado sorteo de Juzgado, cuando lo que hizo el sistema Lex100 fue asignar en forma directa el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 6 por conexidad”. Es decir, que avala el pedido de nulidad del abogado de Ansés argumentando una falla en el (cuestionado) sistema Lex100 que consideró que había otra causa relacionada con el amparo en el juzgado de Fantini, algo que en realidad nunca existió, y por ende, tampoco se anexó como indica el procedimiento. Esa nulidad sería la llave para un borrón y cuenta nueva de la causa sin necesidad de tomar en cuenta la primera decisión del juez, que fue otorgar una medida cautelar. Pero también expone al tribunal a una denuncia por falsedad ideológica, dado que podría tratarse de una simulación para justificar el escándalo en ciernes.
Ansés por mesa de entradas
Fernández Pastor elevó su queja a los camaristas Liliana Maffei de Borghi, Victoria Pérez Tognola, Norma Dorado, Bernabé Chirinos, Luis Herrero, Emilio Lisandro Fernández, Néstor Fasciolo, Juan Poclaba Lafuente y Martín Laclau.
Allí denunció una “trama delictiva” por la que se habría “acordado” entre Ansés y la Mesa de Entradas generar una “conexidad” posterior que permita anular todo el trámite previo, no resolver la recusación de Fantini ni las irregularidades que le siguieron y así blanquear, de alguna manera, el resultado favorable para el gobierno, que observó con mucha preocupación el desarrollo del expediente dado que, como informó Ámbito Financiero, se espera que las acciones de las principales empresas que tiene el FGS sean recompradas por las firmas y así evitar la presencia de representantes oficiales en sus directorios.
