La Cámara de Diputados de Santa Fe le solicitó al Ejecutivo provincial informes por un caso de secuestro y torturas a dos jóvenes denunciado en la ciudad de San José del Rincón, que involucra a agentes policiales de la comisaría 14ª y del Comando Radioeléctrico.
El pedido al gobierno fue presentado tras aprobarse un proyecto de la diputada provincial y presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Alicia Gutiérrez (Partido Sí), que refiere a hechos ocurridos el 25 de septiembre.
Según consta en la denuncia, los agentes habrían allanado sin la correspondiente orden judicial o pedido fiscal el domicilio que posee en San José del Rincón un hombre identificado como Emiliano Mendoza, que fue detenido junto a Iván Franco, miembro de la conducción del Movimiento de Unidad Popular de Santa Fe.
Los jóvenes, que fueron trasladados al destacamento de Colastiné Norte, denunciaron haber sido víctimas no sólo de privación ilegal de la libertad, sino también de vejámenes y torturas por parte del personal de seguridad interviniente.
Según contó Franco en conferencia de prensa, los efectivos lo amenazaban constantemente y hasta destacó que su compañero detenido intentó quitarse la vida por la presión que habrían ejercido los agentes. “No la pasé bien, fueron 15 horas de pasarla muy mal”, dijo el muchacho. “Ellos –por la Policía– declaran que nosotros estábamos a los tiros en la esquina y que ingresábamos corriendo a la vivienda y que por eso ellos hacen aquel allanamiento ilegal. Nunca llegaron con una orden”, denunció el joven. “Yo jamás porté un arma, ni sé cómo se carga”, agregó.
Gutiérrez consideró que “es fundamental que el Estado, que cuenta con los mecanismos correspondientes, actúe rápidamente para esclarecer los hechos, y sancionar si es necesario, ante esta gravísima denuncia de apremios ilegales por parte de la Policía”.
El pedido de informes presentado por la legisladora requiere saber si el Ministerio de Seguridad provincial, tras conocer los hechos, “ha instruido al jefe de la Policía provincial la apertura de un sumario administrativo, o si la fuerza de seguridad por su propia iniciativa ha iniciado una investigación administrativa a los efectos de determinar el posible uso ilegítimo de la fuerza”.
También solicitó que se informe cuáles son las pruebas que se han relevado y el estado en el que se encuentra la investigación de lo ocurrido, especialmente si se ha identificado al personal actuante y si se adoptaron sanciones o medidas provisorias contra los agentes involucrados. “Tenemos que garantizar, sobre todo en un momento como este de gran preocupación por los niveles de violencia ciudadana, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se atengan a derecho. Lo que necesitamos es trabajar y avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad y no lo contrario”, afirmó Gutiérrez.
