“La mayoría de los ahora detenidos sólo vieron una cárcel en Netflix”, detalló un investigador, en referencia a las personas detenidas por estafa, asociación ilícita y lavado de dinero quienes representan nombres ilustres de la ciudad, aunque algunos de ellos ya ocuparon las páginas policiales en alguna oportunidad. Uno de los detenidos, el contador Marcelo Jaef, afrontó una pelea judicial con su hermano Salvador que lo acusó de usurparle el nombre del Instituto de Implantes Dentales, recordó un investigador. El mismo fue fundado hace casi 30 años por Salvador (odontólogo), quien acusa a Marcelo (contador) de haber usurpado la marca y funcionar ilegalmente bajo su ala. Según detalló un investigador, en 2006 comenzó con intimaciones concretas, luego de todo tipo de intento «amigable» para que dejara de explotar comercialmente el apellido. Y hace unos años un juez autorizó una medida cautelar en el lugar para retirar todo lo que llevara su inscripción. Más allá de toda la disputa, el instituto sigue funcionando con el histórico nombre y allí se produjo uno de los allanamientos de ayer.
Jorge Oneto es el titular de la agencia de bolsa que lleva su apellido y opera en el mercado de capitales desde 1997. Fue el responsable de la construcción de la torre Aqualina, describió una fuente. En enero del año pasado, tres ladrones irrumpieron en su agencia bursátil ubicada en Santa Fe 1214, que fue allanada ayer, y tras unos minutos de amedrentamiento, con gritos intimidatorios y algún golpe, se apoderaron de una fuerte suma de dinero superior a los 700 mil pesos.
Leandro Pérez saltó a la fama por su romance público con Victoria Xipolitakis, y también se lo vinculó con una rosarina que hoy es diputada nacional. Apodado Lelo, según figura en las publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, fue dueño de Reina Automotores SRL, junto con otro socio. Esa empresa aparece en la investigación de la UIF en el marco de lo que denomina la banda de Luis Medina, un sindicado narcotraficante asesinado el 30 de diciembre de 2013 en Acceso Sur a la altura de Ayolas, cuando viajaba en auto con su novia Justina Pérez Castelli.
Juan Roberto Aymo tiene una agencia de autos y en 2007 fue noticia tras denunciar a un alto oficial policial por venderle un vehículo con pedido de captura, recordó un vocero de la pesquisa. “Yo no me bañé en agua bendita. Pero llegué a una edad en la que no quiero tener quilombos. Y es por eso que siempre consultaba a los oficiales de Automotores. Iba y les decía, «quiero comprar este auto, ¿está limpio?» Y por hacer las cosas bien, ellos me arruinaron”, había declarado en su momento al diario La Capital. A mediados de este año apareció en el boletín oficial de la provincia al estar involucrado en una compleja transacción inmobiliaria en Funes, en el que se menciona la firma Los Baguales S.R.L.
Profesionales
En la causa hay tres escribanos detenidos. Uno de ellos es Eduardo Torres que en 2008 fue condenado en primera y segunda instancia por la Justicia tras haber falsificado un documento en perjuicio de un hombre e intentado incluso estafarlo. Se trata de una falta grave, ya que el notario es un profesional del derecho con una función pública al que el Estado le delega la facultad de dar fe de contratos y actos que requieren un sello de autenticidad.
Luego, en 2013, fue denunciado por los herederos de una casa de zona sur por estafa. Ese año lo acusaron de sellar una «escritura apócrifa» con la firma del abuelo de la dueña actual, fallecido en 1990. «Este escribano hace firmar a los muertos», dijo en su momento la denunciante.
“Entre las piernas”
Una conducta irregular y cuanto menos sospechosa tuvo la veedora del Colegio de Escribanos de Rosario, que según una fuente de la pesquisa, con una clara advertencia que durante la medida no podía utilizar su teléfono celular, y sólo podía controlar que no le plantaran nada en el operativo, envió varios mensajes de texto a escondidas. “Se puso la campera arriba de la falda y el celular entre las piernas. Por debajo de la cartera mandaba mensajes. Usó el celular muchas veces, el fiscal le llamó la atención y se está evaluando el labrado de un acta”, confió una alta fuente de la investigación.
Un campo de 33 millones que era de un camarista
Un vocero tribunalicio dijo que una de las causas que dio origen a la investigación de ayer fue la venta fraudulenta de un terreno de 120 hectáreas, valuadas en una cifra cercana a los 33 millones de pesos, que pertenecía a un alto funcionario judicial fallecido a mediados de 2010. Esta fuente confió que esa costosa propiedad que pertenecía a la familia de Ernesto Navarro fue vendida por medio de un poder de venta (documento que necesita hacerse ante escribano público) que era fraudulento, según denunciaron los herederos naturales. Una vez realizada esa primera transacción inmobiliaria que quedó plasmada en el Registro de la Propiedad, el terreno se volvió a vender otras tres veces. Así, la docena de profesionales y empresarios detenidos ayer, y los que están con captura también, compraron y vendieron, en lapsos muy cortos, un inmueble millonario que fue robado mediante una estafa de guantes blancos a la familia del ex camarista rosarino, según la acusación. Al parecer, la teoría del fiscal de la causa no incluye la hipótesis de que algunos de los compradores haya actuado de buena fe, ya que los que no están detenidos tienen pedido de captura, incluso de Interpol.
