Santa Fe adhirió a la ley nacional de blanqueo. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que ya había votado el Senado el pasado 22 de septiembre. Fue con 28 votos a favor (el Frente Progresista y el interbloque Cambiemos), 11 en contra (los distintos sub-bloques del PJ, el Frente Social y Popular y los diputados oficialistas Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger y Verónica Benas) y una abstención (la diputada del PJ Patricia Chialvo).
El proyecto había sido elaborado por los senadores del PJ Alcides Calvo, Danilo Capitani y Rubén Pirola. Establece la liberación de los impuestos y tasas que se tendrían que haber declarado en jurisdicción de la provincia a todos los ciudadanos que hagan uso de los beneficios establecidos en la ley nacional 27.260 (sinceramiento fiscal y programa de reparación histórica para jubilados y pensionados).
Con la sanción definitiva de la ley, la provincia adhiere formalmente al blanqueo de bienes sancionado por el Congreso, en vigencia desde el 23 de julio. Pero, a diferencia de otras provincias, se cobrará un impuesto local del 1% a quienes blanqueen bienes o dinero por más de 305 mil pesos, con una excepción: si el 60% o más del total blanqueado se reinvierte en la provincia, no se abonará el tributo local.
La ley establece que, del dinero que recaude la provincia, se coparticipará el 13% a municipios y comunas y el resto se destinará al Fondo de Infraestructura Vial. Según cálculos de los diputados que promovieron la ley, podría significar unos 65 millones de pesos para la provincia.
Inicialmente, el gobierno provincial estaba en contra del blanqueo. Pero luego de una serie de negociaciones con la Nación –por la deuda histórica en concepto de detracciones indebidas a la coparticipación–, el gobernador Miguel Lifschitz flexibilizó su postura y les pidió a los legisladores del Frente Progresista que apoyen el proyecto. La sanción en el Senado fue por unanimidad y ayer, en la Cámara de Diputados, casi todo el bloque del oficialismo acompañó la ley.
Al momento de argumentar su posición contraria al proyecto, el socialista disidente Giustiniani criticó la decisión del gobierno provincial y señaló que en realidad no se trata de una adhesión a la ley de blanqueo “sino de una adhesión a la política económica del gobierno nacional, tal como pasó con el endeudamiento”.
