“Los abogados de esta empresa son los que paran a los jueces por el pasillo y, nombrando al ministro de Justicia, retrasan el juicio”, dijo ayer Claudia Vaio sentada en la puerta de Litoral Gas, en pleno microcentro rosarino. La madre de Santiago Laguía, uno de los 22 muertos por la explosión del edificio de Salta 2141, ocupó la vereda junto a otros familiares y amigos de víctimas de la tragedia de 2013 para denunciar el retraso del comienzo del juicio y los permisos que la Justicia otorgó a algunos de los once imputados en la causa por estrago culposo agravado.
Llamado de atención
Vaio compartió el mediodía de ayer con otros familiares en la vereda de Mitre y San Lorenzo. Entre otros, la esposa de Hugo Montefusco, fallecido en la explosión del 6 de agosto de 2013, Marcela Nissoria. Con carteles y cadenas denunciaron que no existe voluntad procesal de la Justicia y que los abogados que defienden a los imputados por Litoral Gas dilatan el juicio, que será oral y público.
“Uno de los imputados, el ingeniero (Claudio) Tonucci y esposo de la ministra de Educación (Claudia) Balagué, logró por segunda vez un permiso para viajar al exterior. Nos sentimos agraviados por ese acto. Los embargos fueron levantados y sentimos que no somos tratados como víctimas”, contó a El Ciudadano, Nissoria. “Pedimos al Estado que de una vez por todas tome cartas en el asunto. Lejos de eso, nos sentimos vapuleados. Nos están faltando el respeto. Son procesos tristes y dolorosos. Nos siguen pegando”, insistió.
Para la viuda de Montefusco, la causa penal es compleja –hay en estudio al menos 90 testigos presentados en la etapa de instrucción– pero los plazos están vencidos. “Pasaron 39 meses y siguen tratando de volver a cero todo. Intentan desgastarnos y lo están logrando. No vamos a permitir que en este desgaste pase desapercibido”, agregó Nissoria, quien criticó no sólo al Poder Judicial sino la falta de pronunciamiento del Ejecutivo y la Legislatura.
“Cada vez somos menos. Hay muchos familiares que no están acá porque están enfermos, deprimidos, con tratamiento psiquiátrico”, resumió la mujer.
Vaio, por su parte, confió en el antecedente del juicio por la tragedia de Once cuya sentencia aún no firme alcanzó a funcionarios políticos de turno.
“Acá no tenemos jueces que se comprometan. Hemos cambiado cuatro veces de juez. Está todo dado para poner una fecha de juicio. No tienen dignidad ni corazón. Dilatan y hacen un uso abusivo de las leyes para gastarnos”, dijo la mujer. Cabe aclarar que los acuerdos económicos en nada afectan el desarrollo de acuerdo con la madre de Santiago Laguía, no es suficiente la reparación material como la que alcanzaron 17 de los 22 familiares de víctimas fatales. “Si nos importara el dinero ya estaríamos en el Caribe tomando sol. No podría dormir tranquila pensando en que vendí a mi hijo. Respeto a quienes tomaron otra decisión. Acá tiene que llegar hasta los responsables políticos”, agregó.
Desde 2013 dos aseguradoras –ver aparte– dieron importantes sumas de dinero en concepto de daños moral, material y psicológico a la mayoría de las familias de las víctimas a cambio de que desistieran de la demanda en el fuero civil, que determina la reparación económica, pero en ningún caso detiene la causa por las responsabilidades penales. Quienes no acordaron y son querellantes en la causa son Nissoria; Vaio; Gladys Cerquetti, madre de Carlos López; Jorge Magaz, papá de Estefanía, y tres familiares de Débora Gianángelo.
¿2017?
Tal como publicó este medio, la fiscal a cargo de la causa, Graciela Argüelles, dijo que la instancia de investigación está terminada hace rato.
En la causa por la muerte de 22 personas y 58 heridos fueron imputados por la jueza Irma Bilotta 11 personas por estrago culposo agravado. Entre otros, el gasista Carlos García y su ayudante, los abogados del consorcio que administraba la propiedad más dos empleados de Litoral Gas. Ninguno está detenido.
Para el grupo de familiares querellantes la empresa falló en los controles del edificio donde la mañana del 6 de agosto de 2013 García se encontraba realizando un cambio del regulador de presión y provocó la explosión.
Extrajudiciales
En paralelo a la causa por estrago, el año pasado se conoció que la mayoría de los 50 propietarios de los departamentos devastados en 2013 cerraron acuerdos extrajudiciales con la aseguradora contratada por Litoral Gas, Meridional Seguros Argentina, para evitar la demanda civil. Según algunos familiares, esa compañía abonó unos 1.200 dólares por metro cuadrado. Los sectores comunes de las torres estaban cubiertos por la aseguradora San Cristóbal, que también por su cuenta impulsó acuerdos prejudiciales.
Pedido de expropiación
Los familiares de víctimas de calle Salta renovaron ayer el pedido de que la provincia expropie el terreno donde estaban los edificios para construir, en ese lugar, un centro cívico y cultural en memoria de las víctimas.
