Por Héctor Velasco, con Carlos Rodríguez en Bogotá/ NA
Después de 40 días de incertidumbre, Colombia cuenta desde el sábado con un nuevo pacto de paz entre el gobierno y los rebeldes de las FARC, tras el plebiscito que impidió implementar el acuerdo previo para acabar con medio siglo de lucha armada.
En La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista anunciaron un «nuevo Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad», según un comunicado conjunto.
«Con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo», dijo Santos en un mensaje televisado en Colombia.
Las partes acordaron modificar el texto firmado el 26 de septiembre por Timoleón Jiménez, líder máximo de las FARC, y el presidente colombiano, galardonado con el Premio Nobel de Paz.
Las reformas – que solo se darán a conocer en detalle en las próximas horas – recogen las propuestas de los sectores que encabezaron el voto en contra en el plebiscito del 2 de octubre.
El acuerdo modificado deja en firme el propósito inicial de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) depongan las armas y se conviertan en partido político.
Sin embargo, incluye «innovaciones» en varios de los seis puntos del pacto original, según adelantó el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.
Su contraparte en la mesa, el jefe rebelde Iván Márquez, afirmó que el «nuevo acuerdo alcanzado preserva la estructura y espíritu del primer acuerdo convenido, incorpora un sinnúmero de ajustes y precisiones (…), despeja dudas donde se consideró necesario».
Ni Santos ni las delegaciones de paz en Cuba revelaron cuándo comenzarán a ser implementados los compromisos o si habrá antes un nuevo referendo u otro mecanismo de validación.
«Al nuevo acuerdo el único camino que le espera es su implementación», declaró Márquez.
Luego del sorpresivo rechazo en el plebiscito por estrechísimo margen, el gobierno y las FARC convinieron mantener el alto al fuego vigente desde finales de agosto, y realizar ajustes al escrito de 297 páginas.
En la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, decenas de personas celebraron con globos blancos y banderas de Colombia el nuevo acuerdo de La Habana.
Lo que cambia
De complejo contenido jurídico, el texto original contenía fórmulas para mejorar la situación en el campo -escenario histórico del conflicto-, combatir el narcotráfico, reconocer y reparar a las víctimas, así como garantías para la participación política de los futuros excombatientes.
Sobre este último punto, Santos reconoció que no hubo acuerdo en torno al pedido de algunos sectores para que los jefes rebeldes implicados en delitos graves fueran inhabilitados electoralmente.
Los colombianos deben entender «que la razón de ser» de los procesos de paz «es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad», expresó.
Otra de las objeciones al primer acuerdo fue que los rebeldes pudieran evitar la cárcel y pagar penas alternativas de reclusión si contribuían a la verdad y reparación de las víctimas.
El gobierno de Colombia dio a entender que se mantenía la opción de que los acusados de delitos graves eludan la prisión, pero que en el nuevo acuerdo se «precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad».
«Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones», dijo De la Calle.
Además, el nuevo pacto establece el «término concreto» del sistema de jurisdicción especial que juzgará los delitos del conflicto que deja unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, y en el también participan otros grupos armados ilegales.
Las cortes especiales no tendrán «magistrados extranjeros», como se había acordado en principio. También se eliminó el punto que incorporaba el acuerdo a la Constitución como garantía de cumplimiento de lo pactado.
Al mismo tiempo, dijo De la Calle, las FARC asumieron un nuevo compromiso para presentar un «inventario de bienes y activos» para reparar a las víctimas durante el proceso de desarme que se extenderá por seis meses, contados a partir del inicio de la implementación.
Antes de conocerse el anuncio en La Habana, Santos se reunió con el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien lideró la campaña contra el acuerdo.
Al término del encuentro, Uribe afirmó que le había pedido al mandatario dejar que los opositores estudiaran «en breve tiempo» los nuevos compromisos de paz, para exponer «cualquier observación o solicitud de modificación».
Entretanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, saludó el nuevo acuerdo en un comunicado, mientras la Unión Europea reiteró su apoyo a la «implementación de medidas que puedan contribuir a la construcción de una paz sólida y duradera».
