La ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Andrea Travaini, fue designada como la nueva directora de Niñez, repartición provincial que durante las últimas semanas fue foco de conflicto. Los trabajadores llevan adelante una huelga con guardias mínimas en denuncia por falta de presupuesto y estructura para contener a menores. Mientras elabora un plan de contingencia para el área, Travaini recibió junto al gobernador Miguel Lifschitz al grupo de padres adoptivos y en espera de Rosario, quienes también vertieron críticas. “Fue positivo que nos hayan recibido. Admitieron las falencias que veníamos denunciando, como que existen familias en el Ruaga (Registro Único de Adoptantes de Santa Fe) que no han sido evaluadas en tres años. Es un paso fundamental para que se den las vinculaciones”, explicó a El Ciudadano una de las integrantes del grupo, Karina Dunjak.
Acumulado
Tras la salida de la directora de Niñez nodo Rosario, Alicia Giménez, Travaini tomó las riendas. El puesto no es extraño para la psicóloga. Hasta el 2011 estuvo a cargo del área de Niñez pero de la Municipalidad.
Entre las primeras reuniones de Travaini ayer recibió en la sede de Gobernación al grupo de padres adoptivos y en espera. “La crisis ha traído consecuencias. Se ha traducido en la ineficiencia de la toma de medidas excepcionales, el fracaso del programa Familias Solidarias, la obstaculización de los procesos de adopción por los mismos profesionales del Estado”, explicaron desde el grupo. Eso produjo, siempre según los padres, prolongadas estadías de menores en residencias transitorias, por fuera de los plazos previstos. “Las principales víctimas son los niños que atraviesan diferentes situaciones de vulneración de sus derechos, y que lejos de ser contenidos o acompañados, son nuevamente vulnerados por el Estado que es quien debe protegerlos”, explicó Dunjak. De acuerdo con el grupo de padres, la provincia debe ajustar los tiempos para actuar ante cada caso detectado. “No todos los niños que ingresan al sistema de protección terminan formando parte del sistema de adopción. Muchos logran ser revinculados con su familia de origen”, indicaron. “Pero es importante visibilizar la situación de ese pequeño margen de niños atrapados en programas de familias solidarias o viviendo en hogares por años, con medidas excepcionales vencidas”. Desde que rige el nuevo Código Civil y Comercial, los plazos para las medidas excepcionales, en las que interviene primero la dirección de Niñez y en algunos casos un juez de Familia, se redujeron a seis meses. “Si esos tiempos no son respetados es el propio Estado con su inacción y desidia quien más vulnera el derecho de todo niño a vivir en una familia y ser protegido”, explicó Dunjak.
Ideas para mejorar
Desde el grupo de padres pidieron que el Ruaga haga entrevistas a todos los inscriptos como posibles adoptantes. “Un simple formulario no refleja todo el potencial que pueda tener una familia o persona como pretenso adoptante”, comentaron. Además, que se brinde asistencia integral a las familias pretensas adoptantes. En particular, hacia la adopción de grupo de hermanos. “El factor económico es una de las mayores trabas a la hora de tomar la determinación”, apuntaron. Más importante, consideraron que se debe crear un protocolo de asesoramiento para las madres en conflicto con el embarazo. “Una vez evaluada y decidida la cesión de sus derechos parentales hacia otra familia, que este niño pueda ser otorgado, a través del Estado y de manera directa al primero de la lista de pretensos adoptantes, de acuerdo a sus aptitudes y orden de inscripción”, deslizaron desde el grupo. Por último, ven con buenos ojos armar jornadas de familias adoptivas con pretensos adoptantes como un espacio de intercambio de experiencias y de construcción y de deconstrucción de los mitos acerca de la adopción de niños mayores.
La Defensoría opina de la crisis
Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe emitieron un comunicado en el que mostraron la preocupación por la situación de la Dirección. “Trabajamos constantemente desde los casos hacia los temas, observamos y comunicamos proactivamente las deficiencias del sistema a los organismos y funcionarios responsables”, explicaron desde la repartición que dirige Analía Colombo. También aseguraron que han emitido informes en 2013 y 2015 sobre los problemas que llevaron a la crisis de la Dirección. Insistieron con institucionalizar los servicios locales, es decir, la red de instituciones, más allá de un centro de salud, por ejemplo, donde se puede detectar a menores de edad que requieren protección. “Los problemas estructurales y de procesos impactan en forma directa en la respuesta del Estado. Respuesta que requiere de una mirada de construcción centrada en el bienestar de los niños y jóvenes, a quienes no podemos permitir que se les vulneren sus derechos”, concluyeron desde la Defensoría.
