La sala IV de la Cámara Federal de Casación ratificó la condena a prisión perpetua tras declarar inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de uno de los condenados por el crimen de la militante social y ex presa política de la dictadura Silvia Suppo en la localidad de Rafaela. Esta resolución surgió luego de que la misma sala le rechazara la presentación de inconstitucionalidad sobre la resolución de las condenas emitidas por el Tribunal Federal de Santa Fe.
Suppo fue secuestrada en mayo de 1977 y llevada al centro clandestino de detención conocido como La Casita, que se encontraba en la localidad de Santo Tomé. Allí, los represores la sometieron a torturas y reiteradas violaciones. Quedó embarazada en cautiverio y María Eva Aebi, integrante del servicio penitenciario provincial, le practicó un aborto. Recuperó la libertad a fines de 1978, gracias a la intervención de sectores vinculados con la Iglesia católica, y en especial de Jorge Casaretto, quien entonces oficiaba como obispo en Rafaela.
En 2009, su testimonio en el primer juicio de lesa humanidad de Santa Fe permitió las condenas del ex juez federal Víctor Brusa y de los policías Héctor Colombi, Juan Perizotti, Mario Facino, Eduardo Ramos y Aebi.
Brusa fue juzgado por su actuación como funcionario judicial en la dictadura, es decir, antes de ser nombrado juez federal durante la presidencia de Carlos Menem, y fue condenado a 21 años de prisión por coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias, amenazas e imposición de tormentos. Gracias al testimonio de Silvia, Brusa se convirtió en el primer magistrado en recibir una condena por lesa humanidad, al quedar acreditado que presenciaba torturas y les tomaba declaración a los detenidos que se encontraban en los centros clandestinos de detención. La mujer también debía declarar en el proceso que investiga la desaparición de su ex pareja Reinaldo Hattemer. Sin embargo, el 29 de marzo de 2010, cuatro meses después de la condena al ex magistrado federal, Suppo fue sorprendida en su comercio en la ciudad de Rafaela por dos jóvenes cuidacoches, quienes tras asaltarla le propinaron al menos 12 puñaladas. Su familia nunca creyó en el móvil del robo.
El juicio
Los cuidacoches, Rodolfo Valentino Cóceres, de 27 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 23, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe 30 de marzo de 2015 a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad. De esta forma, el TOF acompañó el pedido expuesto en su alegato por el fiscal Martín Suárez Faisal, sobre el homicidio ejecutado con alevosía, y coincidió en conceder la pena pedida tanto por el representante del Estado como por las querellas. En su alegato, Suárez Faisal no descartó que haya implicancias políticas en el crimen, pero solicitó la condena por el homicidio en ocasión de robo.
Si bien el tribunal hizo lugar al planteo de la querella, que había pedido que se condene a los acusados por homicidio agravado –el Ministerio Público Fiscal había planteado la figura de homicidio en ocasión de robo–, la familia de Silvia Suppo no quedó conforme con la sentencia ya que sostienen que se trató de un asesinato político, hipótesis que la Justicia no investigó a pesar del pedido de los querellantes.
Casación
El 19 de febrero pasado la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, resolvió rechazar el recurso de casación e inconstitucionalidad presentado por la defensa y también no hacer lugar a la oposición respecto de la iniciación del debate presentada por las partes querellantes.
En ese marco, el abogado presentó ante la sala IV un recurso extraordinario federal para que se vuelva a analizar el caso de uno de sus defendidos, Rodolfo Valentino Cóceres. Fue en esa instancia que anteayer los camaristas declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa contra la decisión que había rechazado el recurso de casación e inconstitucionalidad presentado en relación con el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.
