Las cámaras legislativas sesionarán el miércoles 30 en lo que será el cierre del período ordinario 2016. Hay decenas de proyectos pendientes, algunos del Poder Ejecutivo y otros de los propios legisladores. Los temas que no se voten este miércoles recién podrán volver a ser tratados a partir de mayo de 2017, cuando reinicien las sesiones ordinarias. En el período extraordinario –que abarca diciembre de este año y febrero, marzo y abril del año próximo– sólo podrán ser votados los proyectos que autorice el Ejecutivo.
En el Senado se acumula la mayoría de los temas pendientes, entre ellos los que definirán la matriz económica de la provincia en 2017. Además del Presupuesto, la Cámara alta tiene en estudio la reforma impositiva enviada por el gobernador Miguel Lifschitz y un proyecto de revalúo inmobiliario que ya tiene media sanción.
Presupuesto 2017
Estima recursos y gastos por 155 mil millones de pesos: un 50% más respecto de los 103 mil millones de 2016. Es el aumento más importante desde el recambio 2007-2008, cuando el presupuesto creció en idéntico porcentaje (de 8 mil a 12 mil millones de pesos). En el proyecto están contemplados los 500 millones de dólares de deuda autorizada por la Legislatura el 30 de junio (7.750 millones de pesos) aunque la autorización final de la Nación fue por la mitad del monto: 250 millones de dólares, ya emitidos por la provincia.
Las mayores partidas serán para los ministerios de Educación (30,8% del total), Seguridad (14,6%) y Salud (11,2%), pero se incluyen fuertes aumentos en obra pública (225% más que en 2016) y gastos de capital (144% más que en 2016). Los gastos de capital –inversiones en obra pública, maquinaria y equipamiento– representan algo más del 18% del total del gasto, el mayor porcentaje de participación desde 1989. El proyecto está en tratamiento en el Senado y es una de las prioridades del Ejecutivo. Uno de los guiños a la oposición, que controla la Cámara alta y que ha sido muy crítica de la política de gastos del socialismo, es que el año próximo los recursos corrientes crecerán un 40% respecto de 2016 mientras que el gasto corriente subirá un 37,6%.
Reforma impositiva
El proyecto fue enviado por el gobierno a mediados de noviembre y tiene el apoyo de las cámaras industriales, comerciales, rurales y mutualistas. Prevé aumentos del Inmobiliario Urbano y Rural y rebajas en Ingresos Brutos. El gobierno busca un esquema de “mayor justicia tributaria” y, además, estimular a los sectores más golpeados por la inflación y la recesión: la industria y el comercio.
La reforma se empezó a discutir en abril. El punto central es una rebaja de Ingresos Brutos para 90 mil pequeños comercios. En contraste, suben los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural el 25, 28 o 32% según la categoría del contribuyente. El mínimo Rural pasará de 420 a 525 pesos anuales (el 32% de las partidas que emite API) y el mínimo Urbano, que alcanza al 45% de las partidas, subirá de 204 a 255 pesos anuales.
En materia de Ingresos Brutos, además del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (monotributo provincial) para 90 mil comercios (facturación anual inferior al millón de pesos), se establece una rebaja para los contribuyentes con facturación entre un millón y 4,5 millones de pesos (14 mil en total), que pasarán de tributar 3,6 a 3,3%.
Revalúo catastral inmobiliario
Fue elaborado por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, y tiene media sanción de la Cámara baja desde diciembre de 2015. Según el gobierno, el avalúo no tiene fines fiscales sino que propone actualizar los valores catastrales de la tierra y los inmuebles.
El objetivo es corregir las distorsiones respecto de los valores reales que en las propiedades rurales oscilan desde 14 hasta 59 veces más del valor fiscal. El último revalúo rural se sancionó en 1974 y empezó a aplicarse en 1978. En cuanto al avalúo catastral urbano, se mantiene sin modificaciones desde 1993. El revalúo es otro de los temas pendientes en el Senado. Si se aprueba, le permitirá al fisco santafesino contar con una base catastral más apropiada que la actual.
Agroquímicos
Uno de los temas más discutidos en los últimos años y sobre el cual no se logra consenso. Hay un proyecto de reforma de la legislación actual, impulsado por la diputada socialista Inés Bertero, que tiene media sanción desde octubre del año pasado. Las entidades ecologistas lo cuestionan porque reduce los límites actuales para la fumigación con agroquímicos. El Senado aún no logró unificar posturas. Si el tema no se trata, pierde estado parlamentario. Mientras tanto, sigue vigente la ley 11273 de Productos Fitosanitarios, sancionada en 1995 (antes de la autorización de la soja transgénica), considerada vetusta tanto por los proteccionistas como por las entidades de productores agropecuarios.
Paridad
El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y es impulsado por mujeres de todos los espacios políticos. La ley de paridad establece la participación igualitaria de varones y mujeres en las listas de candidatos legislativos, en los Concejos Municipales, las Comisiones Comunales, los partidos políticos y –en caso de que se realicen– en las elecciones para convencionales constituyentes.
El proyecto sancionado el pasado 20 de octubre unifica tres iniciativas: una de Verónica Benas (Pares-Frente Progresista), otra de Silvia Augsburger (PS) y la restante de Inés Bertero, también del socialismo. Si se vota la ley, Santa Fe pasará del cupo femenino del 33% a una representación 50-50. Pero en el Senado no hay voluntad de avanzar con el tema. Por ese motivo, en las últimas tres semanas hubo manifestaciones públicas en la Legislatura, convocadas por mujeres de todos los partidos políticos, para reclamar que el proyecto sea aprobado.
Reforma procesal penal
Fue aprobada por unanimidad por el Senado el 22 de septiembre. Apunta a otorgarles más poder a jueces y fiscales para dictar la prisión preventiva, limitar las excarcelaciones y extender los plazos de detención. El proyecto reforma más de 50 artículos del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, sancionado en 2007 y vigente desde febrero de 2014.
En el Senado, al momento de la media sanción, se impuso el criterio de corregir el “garantismo” y la “liberlidad” del nuevo Código. Pero en los más de dos meses que lleva el tema en la Cámara baja aún no hubo avances concretos; por el contrario, se están analizando con lupa algunos cambios ya que sostienen que pueden resultar inconstitucionales. Si el tema no se vota esta semana, sólo podrá ser tratado en el período extraordinario a pedido del Poder Ejecutivo.
Docentes privados
El proyecto promovido por Sadop establece sanciones para los colegios de gestión particular que despidan docentes sin causa. Ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados; la semana pasada, el Senado lo votó con algunas modificaciones y el tema deberá ser tratado una vez más por la Cámara baja.
El cambio central que se propone a la actual ley de Servicio Provincial de Enseñanza Privada establece que el Estado quitará los subsidios que otorga a los establecimientos particulares para pagar salarios, siempre que no puedan demostrar que los despidos fueron con justa causa. El plazo de la sanción es la diferencia más importante entre la media sanción de Diputados (30 meses) y la corrección posterior del Senado (18 meses).
