En la Legislatura resonaron fuerte los ecos del conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial. Los diputados oficialistas Pablo Javkin (ARI) y Luis Mauri (PDP) criticaron al procurador Agustín Bassó y defendieron la reforma impulsada a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal y de la ley de Ministerio Público Fiscal.
“La reforma del proceso penal no sólo es legal, sino también legítima y constitucional”, dijo Mauri. “Es legal porque las leyes han sido dictadas conforme el sistema institucional y resguardan la formalidad y materialidad que el mismo exige; es legítima porque ha sido la expresión de todos los sectores políticos con representación en la Legislatura, que a pesar de sus disensos y diferencias, aprobaron los instrumentos de cambio para reformar el proceso penal; y es constitucional porque dichas normas no son violatorias de las garantías constitucionales”.
El diputado del PDP cuestionó a Bassó por su pedido de inconstitucionalidad de la ley de Ministerio Público Fiscal y sugirió que al procurador lo mueven las ansias de no resignar sus cuotas de poder. “Hay un nuevo paradigma y también un cambio ideológico. Las funciones y atribuciones del procurador no devienen de la Constitución sino de las leyes que reglamentan su ejercicio, y esto no puede ser desconocido por nadie”, agregó Mauri.
Para el legislador, la distribución de funciones que emanan del nuevo Código Procesal Penal no supone el avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia sino que busca terminar con “la actual inconstitucionalidad” que faculta a Bassó para ser, a la vez, jefe de los fiscales y de la defensa. “Se trata de asegurar el debido proceso y el derecho de defensa. En ese sentido, el procurador no ha hecho nada”, cuestionó Mauri.
“La mayor violación consiste en poner en una sola cabeza la acusación, la defensa y la eventual posibilidad de revisar dichos pronunciamientos. Esto no resiste el menor análisis constitucional. El procurador intenta, en su aventura jurídica, nulificar por medio del ejercicio de control de constitucionalidad un caso abstracto y no judiciable, atacó el diputado.
Luego agregó: “Creo, personalmente, que existe un acuartelamiento de mala fe por parte del procurador y una estrategia dirigida, pero equivocada, que obliga a la Corte a pronunciarse ante la gravedad institucional que esto significa. La cultura del secreto y el ocultamiento de las argumentaciones del recurso presentado (por Bassó en febrero, que recién se conoció hace dos semanas) avalan esta afirmación. Es necesario que la Corte actúe coherentemente, ya que ha sido parte integrante y participó desde el inicio en este proceso de reforma penal que aquí se intenta atacar”.
Por su parte, Javkin también le apuntó al cuestionado procurador: “Bassó tiene una interpretación retrasada y cavernícola de la Constitución provincial”.
Javkin siguió: “Bassó demuestra su ignorancia sobre la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que incorpora la reforma del 94 al artículo 75 inciso 22, tratados que dejan absolutamente en claro que no puede haber una misma persona como jefe de quien acusa (los fiscales) y a la vez como jefe de quien defiende. Esto no resiste un mínimo test de constitucionalidad. Sin embargo, es lo que está defendiendo el procurador Bassó”.
Según el legislador del ARI, la reforma judicial santafesina no menoscaba ningún derecho del procurador. “Las potestades que tiene el procurador no se las dio la Constitución de la provincia sino un decreto de un gobierno de facto, para ser el jefe de los fiscales y los defensores”, apuntó Javkin. Y también se refirió a la Corte, que aún no resolvió el planteo de Bassó: es una demora que no puede entenderse. Qué tema más importante puede tener la Corte Suprema de la provincia al cual abocarse que no sea éste. La tiene ni interpretación ni justificación posible”.
