La crisis en el centro y sur de la provincia, incluida la salida del titular de la cartera de Recursos Hídricos, Roberto Porta, puso en debate las obras necesarias para evitar inundaciones. Entre críticas y pases de factura en el Frente Progresista, un proyecto ligado a la problemática puede quedar sin estado parlamentario. Se trata de una ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados que pide relevar y habilitar las vías de denuncia de canales clandestinos que los dueños de campos hacen para que no se les inunden sus tierras. Eso genera, siempre según denunció la diputada provincial Verónica Benas, que acompañó la iniciativa en Senadores, anegamientos en las localidades. “Si no se incluye en las sesiones extraordinarias se retrasará una medida que puede ayudar a prevenir parte de la crisis hídrica de la región”, explicó la legisladora.
Viejos y nuevos problemas
En 2015 legisladores del Frente Progresista, e inclusive con el acompañamiento del por entonces gobernador socialista Antonio Bonfatti, presentaron un proyecto para relevar canales clandestinos en campos de Santa Fe. Con media sanción pasó a la Cámara de Senadores, donde está a punto de perder estado parlamentario si no se trata en las sesiones extraordinarias. “El temario de esas sesiones no está cerrado. Sabemos que Miguel Lifschitz quiere incluir un proyecto que abarque todos los problemas de recursos hídricos. Es una buena oportunidad para avanzar con el registro de los canales que hacen sin permiso los propietarios de algunos campos en la provincia”, explicó Benas a El Ciudadano. “Es complicado porque es un tema que los comités de cuenca no abordan. Los jefes comunales no se quieren poner de punta a los productores pero el daño es grande y se ve en situaciones de strés hídrico como el que vemos en el sur de la provincia”, agregó la legisladora e insistió en incluir el tratamiento del proyecto antes de mayo. De acuerdo con Benas, el desvío del agua que hacen los productores agrava la situación ya complicada por un suelo poco permeable por la explotación en modelo de monocultivo. “No sólo se trata de hacer las obras que prometieron sino cambiar las acciones de los privados que impactan en la realidad de las tierras”, señaló la legisladora. “Existe un desprecio por la naturaleza y lo que le pasa al otro. Lo vimos cuando en Córdoba empezaron a desmontar y eso llevó a inundaciones en Santan Fe”, concluyó.
Control y sanción
La ley que busca salir en extraordinarias define tres tipos de obras que deben ser monitoreadas con todos los medios posibles, incluido un relevamiento por imágenes satelitales. Por un lado, las obras hidráulicas no autorizadas por la dirección provincial. Por el otro, las menores, como los caminos internos y desagües. Por último, otro conjunto de obras también a cargo de privados que no son registradas e impactarían en el escurrimiento de las aguas. Según el texto que se aprobó en Diputados en 2015, las obras no autorizadas por la provincia deben ser denunciadas. Para ese fin, insistieron los promotores de la ley, se crearía un teléfono gratuito para dejar sentado los lugares y responsables de estas acciones. Siempre según la iniciativa, la autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, a cargo de Eduardo Gentile, quien no respondió a las consultas de El Ciudadano. La repartición estaría a cargo de recibir las denuncias, citar a los responsables y si no se presentan a los 5 días pedir una orden judicial para echar para atrás la obra no permitida.
