Impulsado por el gobierno nacional, volvió a tomar fuerza el debate sobre la baja de la edad de punibilidad a los 14 años de edad. Pero el primer punto a desentrañar de este discurso, que pretende abordar problemáticas sociales de modo fragmentario y simplificado, es determinar a qué se refiere: aplicar penas punitivas a los niños y niñas como si fueran adultos.
Bajar la edad de punibilidad concentra el debate en torno de la edad en que una persona puede ser sometida a un proceso penal y, por lo tanto, susceptible de serle aplicable una pena, dejando por fuera la discusión acerca de los derechos y garantías de cada uno de los niños, niñas y adolescentes.
Ante el fracaso de las políticas que intentan resolver los conflictos sociales a través de leyes penales, se pierde de vista que, sin lugar a dudas, esta problemática está fuertemente atravesada por la exclusión social, la discriminación, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades.
La actualidad nos enrostra que no hay oportunidades para todos los jóvenes, sin posibilidades laborales ni acceso a la vivienda propia. Al mismo tiempo los jóvenes están inmersos en una sociedad de consumo desmedido que los coloca en una esfera de «pretendida independencia», alejándolos cada vez más de los lazos sociales y familiares. Se cree que los jóvenes tienen autonomía desde más temprana edad, pero lo cierto es que están inmersos en un escenario donde la sociedad y el sistema han postergado sus posibilidades de desarrollo, dejándolos cada vez más solos e indefensos.
Nos estamos refiriendo a niños y niñas: la respuesta, definitivamente, no puede ser ocultar el problema bajo la alfombra. La prisión no es la solución mágica para esos niños que el mismo sistema deja sin oportunidades, excluye y segrega. El encierro no sólo provoca deterioros irreversibles en ellos, sino que directamente impide su evolución como personas.
Los datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y de Unicef Argentina muestran la irrelevante participación de los menores de 16 años en hechos delictivos. De 871 jóvenes privados de su libertad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y apenas el 9,4% corresponde a niños considerados hoy no punibles por la ley argentina. Se trata, entonces, de percepciones desmedidas, agitadas desde algunos formadores de opinión. Esta visión sesgada recrea un terreno fértil para discursos facilistas y autoritarios que promueven el endurecimiento de penas y medidas represivas.
El discurso hegemónico vigente quiere utilizar la represión penal como un sistema de control sobre los y las jóvenes, cuando lo que se impone como imprescindible es diagramar un régimen penal juvenil que sea respetuoso de los derechos humanos, de las garantías establecidas en la constitución y de los tratados internacionales, que considere al encierro como excepción, como última opción.
Con responsabilidad debemos formular políticas públicas para el abordaje integral de esta realidad compleja. Políticas inclusivas, de respeto de los derechos humanos y que garanticen igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, salud, alimento, vivienda, recreación y contención social. Para ello convocamos a toda la dirigencia política a un debate serio y responsable que permita repensar el rol del Estado, apostando a la educación y a la participación ciudadana por sobre el encierro y la marginalización social.
Tenemos que pensar en las infancias y las juventudes, sus trayectorias de vida, el contexto donde se desarrollan y sus oportunidades. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país deben convertirse en verdaderos sujetos de derechos. Y es a partir de un Estado activo que piense políticas públicas, con y desde los jóvenes, que conseguiremos reforzar la seguridad social, garantizar derechos y brindar mayores oportunidades.
En Santa Fe, los socialistas tenemos la firme convicción y trabajamos día a día en la construcción de ese camino; lo hacemos con ejemplos concretos y políticas de Estado amplias y abarcativas. Desde la Secretaría de Juventudes del gobierno provincial, por ejemplo, apuntamos al diseño de políticas públicas que no tengan a los jóvenes como meros receptores sino como protagonistas a la hora de planificarlas y aplicarlas. Programas como el Nueva Oportunidad cuentan con equipos de trabajo territorial que convocan a jóvenes de entre 16 y 30 años, que hayan dejado la escuela, no tengan empleo ni formación en oficios. Les permite capacitarse y participar de espacios de intercambio y reflexión para que adquieran herramientas de inserción laboral y hábitos de convivencia social. Es una experiencia de intervención integral y territorial que aborda la problemática de miles de jóvenes en toda la provincia; promoviendo acciones de reinserción e inclusión social y laboral en el marco de una política de empleo digno, convivencia ciudadana e igualdad de oportunidades.
Nos cabe una gran responsabilidad, la de seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de la promoción, el respeto y la protección de sus derechos.
(*) Enrique Estévez, secretario general Partido Socialista Santa Fe y concejal de la ciudad de Rosario.
