El gobierno de Santa Fe convocó a 500 hogares en Rosario a sumarse a una experiencia piloto de certificación de eficiencia energética. Ingenieros medirán el gasto promedio a partir de los equipos de climatización, la calidad y orientación de la construcción, entre otras variables. El objetivo es dar una herramienta de decisión a la hora de comprar, alquilar o construir un inmueble. Desde la provincia advirtieron que el boom de la construcción que impactó en la ciudad no se destacó por la calidad, lo que generó inmuebles que consumen más energía. En la Oficina Municipal del Consumidor los problemas en la construcción son las denuncias más registradas cuando se trata de fideicomisos y viviendas con financiación anticipada.
No deseado
Pocos previeron que la inversión segura en ladrillos que alentó desde la renta agraria el crecimiento económico de Rosario tendría consecuencias no deseadas. Entre otras, que la red de los servicios públicos se puso en jaque una y otra vez. O, más reciente, que las construcciones encaradas por parte de los fideicomisos o empresas que financian en forma anticipada la construcción de casas y, sobre todo, departamentos, no usaron los mejores materiales. O peor, hicieron mal su trabajo. Esto puede empezar aflorar en un relevamiento que empezará en marzo. Siempre y cuando, unos 500 hogares se quieran sumar a la prueba piloto de certificación energética de inmuebles. Pensado por el gobierno provincial, consiste en un chequeo gratuito a cargo de un ingeniero de los equipos de climatización, la orientación de la vivienda, las aberturas y demás condiciones materiales, como el espesor de las paredes, por ejemplo. Muchas veces, los materiales o la disposición pueden significar más consumo para calefaccionar o refrigerar.
Hasta el momento, ya son 150 hogares los que se comprometieron a participar para saber cuál es su gasto energético. Al final del análisis, que no dura más de dos horas, se clasificará con una etiqueta el inmueble. Se prevé que para agosto estén los primeros datos totales.
Para qué
A partir de los resultados, el Ejecutivo llevará a la Legislatura un proyecto para que la etiqueta sea parte de la operación inmobiliaria, una suerte de indicador sobre cuánto gastaría quien decide vivir allí. No es un dato menor. Sobre todo, al calor de los aumentos en luz, agua y gas impuestos desde la llegada de Cambiemos al gobierno. De hecho, el ministro Juan José Aranguren declaró que la etiqueta era un instrumento para definir si era “justo dar un subsidio”. “Antes el inquilino ni preguntaba cuánto gastaba de luz o gas antes de entrar a un departamento. Ahora es una información que, por los aumentos, define la elección. En Rosario se ha construido mucho en la última década como inversión. Muchos son departamentos para alquilar donde no se buscó el diseño, la comodidad o los costos energéticos de quienes iban a vivir”, señaló a El Ciudadano, el asesor de la Secretaría de Estado de la Energía, Roque Stagnitta. De acuerdo con el funcionario, la etiqueta puede ser un instrumento para que el Estado defina permisos de edificación, incentivos fiscales y crediticios. “Pensamos que sea voluntario pero que el mercado lo tome como propio. Tuvimos buenas repercusiones en las cámaras inmobiliarias y de la construcción”, apuntó Stagnitta. Autoridades de la Nación se mostraron interesadas en el proyecto y firmaron un acta acuerdo de colaboración y cooperación mutua a través de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética.
Dentro del paquete
Desde la provincia informaron que el proyecto de la etiqueta es uno de las iniciativas trazadas dentro del Plan Integral de Eficiencia Energética, un paquete de medidas anunciadas en 2013 y con un horizonte de 20 años que estén ligadas con la gestión eficiente del Estado y de los ciudadanos. Entre ellas, hacer un Balance Energético Integral del territorio. A la par de lo que pasa en los domicilios particulares, el gobierno pensó un método similar para las industrias.
Para etiquetarse
Para más información, se podrá contactar vía email a etiquetadoviviendas@santafe.gob.ar
Una parte del plan mayor
Para llegar al plan de etiquetado, el gobierno provincial firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Pidieron procedimiento para establecer el balance energético de un edificio determinado, en cuanto al consumo de energía que implica su climatización en las distintas épocas del año, teniendo en cuenta normas internacionales y la actualización a suelo santafesino.
Un segundo estudio fue solicitado por convenio a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Pidieron a docentes analizar datos meteorológicos para determinar las características, en cuanto a temperatura y radiación de Rosario a partir de la información provista por el Servicio Meteorológico Nacional entre 1999 y 2013.
Finalmente, se llegó a la certificación de eficiencia energética en inmuebles destinados a vivienda. La provincia capacitará a ingenieros en cómo hacerlo. Firmó convenios de colaboración con los colegios de Profesionales de la Ingeniería Civil, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Maestros Mayores de Obra y Técnicos y el Colegio de Ingenieros Especialistas del Distrito II. Después de 30 horas de capacitación podrán ir a las casas a relevar eficiencia.
La provincia también firmó convenios con la Municipalidad de Rosario, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (Iram) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA/IEDS).
Fideicomisos en la mira
En diálogo con este medio, el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, Ariel D´Orazio, explicó que los problemas en la calidad de construcción lideran el ranking de quejas que llegan a la repartición municipal en cuanto a departamentos hechos por fideicomisos o planes de financiamiento anticipado. “No se reguló el «boom de la construcción» y hoy se paga las consecuencias. Hay construcciones de muy buena calidad y departamentos que no tienen el final de obra por fallas en las edificaciones básicos”, apuntó el funcionario. Según D´Orazio, las denuncias que llegan son por problemas en el suelo, las paredes y las aberturas. “No deberían ser responsabilidad. del inquilino o el propietario. Es de la constructora. Hay edificios nuevos que tardaron años en habilitar luz o gas”, agregó el coordinador.
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