El fiscal Sebastián Narvaja imputó ayer en sede del Ministerio Público Fiscal a dos personas acusadas de encubrimiento por el megafraude, como se conoce la operatoria que montaron estafadores, a través de una empresa fantasma creada al solo efecto de quedarse con el dinero de desprevenidos. Según el funcionario, la firma se hizo con unos 30 millones de pesos mediante un sofisticado ardid, que consistió en la apertura de cuentas corrientes bancarias y la expedición de cheques por bajos montos, que en principio cubrieron, para luego desatar una desenfrenada carrera con cheques de pago diferido por abultadas sumas hasta abandonar de manera intempestiva la sede de zona sur, que actuó como cabeza de playa para el montaje. Argucia que incluyó, según la Fiscalía, la creación de una página web corporativa, la impresión de folletos y el armado de referencias falsas, con empresas verdaderas pero con un número telefónico donde alguien de la banda atendía y evacuaba las dudas de los incautos, que llegaron hasta el número de 24.
“Han generado una estafa con mucho tiempo de preparación y con arreglos bastante puntillosos, consistentes en fundar legalmente una empresa con el solo efecto de estafar a otras empresas, proveedores o personas, comprándoles mercadería, entregando cheques de pago diferido, todo en un período de 60 días, haciendo los cálculos que les permitieron, cuando los cheques empezaron a llegar, a la fecha de cobro, levantar el espacio donde estaban funcionando y desaparecer. Al mismo tiempo, una vez que empezaron a entrar los cheques al banco, fueron rebotados porque no tenían los fondos suficientes”, describió Narvaja la operatoria de la firma Dimare SRL, que se asentó en Presidente Quintana 2450. Su titular, Jonatan Mena, de 30 años, tiene captura nacional e internacional.
Narvaja solicitó informes al Registro Público de Comercio, la Afip, Migraciones y datos de la empresa fantasma en el banco Santander, desde donde partieron las 35 chequeras con las que se pagaba mercadería de distinto tipo en grandes cantidades. “El Banco Central impone a los bancos contar con manuales de evaluación de riesgo para este tipo de operatoria, previo a autorizar la entrega de chequeras. Hemos pedido esos manuales”, dijo Narvaja.
