En una audiencia que tuvo lugar este miércoles, el juez Hernán Postma dio lugar a un pedido de habeas corpus a favor de las mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Rosario, que surgió a raíz de un audio que circuló en distintos medios de comunicación de la ciudad, donde las internas denunciaron, entre graves irregularidades, que había bebés en buzones, como se conocen las celdas de aislamiento, además de falta de higiene y atención médica.
Por la defensa intervino el defensor Regional Gustavo Franceschetti y la defensora general de la Cámara Marcela De Luca, conjuntamente con la representante de la Oficina de Asistencia al Defendido Víctima de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Analía Abreu, y la Defensora Oficial del Sistema Conclusional, Florencia Chaumet.
Por su lado, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios estuvo representada por Lucía Masneri. Mientras que por el Ministerio Público de la Acusación intervino Rafael Coria.
El Servicio Público de la Defensa pidió en la audiencia que el Servicio Penitenciario acredite haber cumplido con la sentencia judicial dictada por la jueza Marcela Canavesio el 6 de julio de 2015. Así también solicitaron la fijación de una o más audiencias de control de cumplimiento de sentencia.
Durante el debate, los representantes de las defensas públicas recordaron que las mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N° 5 denunciaron a través de familiares, mediante fotos y un audio que hicieron llegar a los medios masivos de comunicación y referentes políticos y sociales, diversas deficiencias del lugar referidas a la salud e higiene tanto de las internas como de las niñas y niños alojados con sus madres, tales como insuficiente alimentación y provisión de elementos de limpieza, falta de pañales, presencia de alacranes y cucarachas, cloacas que se tapan.
El defensor Regional de Rosario efectuó algunas peticiones concretas a los fines de que el Servicio Penitenciario presente pruebas y constancias de la realización de las mismas. En este sentido solicitó a la autoridad denunciada que acredite: a) tener en funcionamiento la guardia médica activa de 24 horas; b) haber adquirido una ambulancia para uso de la Unidad Penitenciaria 5; haber efectuado los respectivos exámenes y/o controles ginecológicos a cada una de las internas con menos de un año de antigüedad; d) haber completado el calendario vigente de vacunas de cada uno de los niños y niñas que conviven con sus madres presas en el establecimiento penitenciario; e) haber efectuado los suficientes controles y exámenes pediátricos de cada uno de los niños y niñas que conviven con sus madres alojadas allí; f) haber ingresado al Sistema de Atención Primaria (Sicap) a cada uno de los niños y niñas; g) registro de peticiones de atención médica de las internas para médicos y especialistas y/o turnos en hospitales públicos; h) que el Servicio Penitenciario indique detalladamente si existe un diagnóstico por parte de profesionales de la salud mental respecto de las dosis dadas a las internas de Clonazepam; i) informe sobre el estado bucal de las internas.
Franceschetti describió a la situación como “crítica y crónica”. En el primero de los puntos dijo que el momento es crítico “atento a que los niveles de hacinamiento e insatisfacción de derechos básicos son altos y a costa de dos grupos doblemente vulnerables: mujeres y niños privados de su libertad”.
Al mismo tiempo graficó el estado de situación crónica sostenido en el tiempo que “se viene manteniendo hace más de una década y sólo se adoptan soluciones parciales o de urgencia”.
Luego de escuchar a las partes Postma resolvió hacer lugar al habeas corpus. En este sentido solicitó al Servicio Penitenciario que informe por escrito respecto del cumplimiento de lo resuelto por Canavesio el día 6 de julio de 2015 en un plazo de 30 días. Además, requirió a la autoridad denunciada que dé constancia de la realización de todos los pedidos concretos efectuados por el Servicio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe como así también de la Defensoría de Cámara. Por último, dispuso la conformación de una mesa de diálogo y de trabajo compuesta por las mujeres privadas de su libertad y distintos representantes de organismos públicos vinculados a la problemática, entre ellos, la Defensa Pública provincial.
