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Diez procesados por la causa Goya

Los firmó juez federal reconquistense tras controvertido procedimiento.

La Justicia federal de Reconquista procesó este jueves a los 10 detenidos durante un procedimiento por tráfico de drogas el pasado 21 de diciembre, recordado por generar un conflicto institucional entre Santa Fe y Corrientes, luego de que el gobernador mesopotámico, Ricardo Colombi, interviniera en persona y ordenara hacer cesar el operativo por considerarlo una intromisión en su jurisdicción.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, en el marco de una causa en la que se investiga a una banda narco que operaba entre Goya y Reconquista (separadas por el río Paraná), además de otras localidades del norte de Santa Fe.

El magistrado procesó al sindicado cabecilla de la banda Javier “Cabeza” López –empresario, dueño de un haras y socio del Jockey Club de Goya–, Fabián “Cotorra” Quiroz, Carlos “Gordo” Ramírez y Valeria Rolón, por hallarlos prima facie responsables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas. Además, el juez procesó a Cristian “Colo” Thompson y Elvio “Pepe” Silva, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a Denis “Rosarino” Gómez, por transporte de estupefacientes. El magistrado resolvió también convertir en prisión preventiva las detenciones que cumplían estos imputados.

En tanto, Joel “Tanga” Altamirano también fue procesado como cómplice secundario de transporte de estupefacientes y se declaró penalmente responsables a dos adolescentes por el mismo delito en el fuero de Menores. El juez embargó los bienes de los procesados hasta cubrir 30.000 pesos cada uno.

Respecto de la investigación, Alurralde expresó a radio LT10: “Constatamos una conexión (de Reconquista) con Goya, donde se pactaba previamente la venta de estupefacientes en la zona de Reconquista; inclusive el paso de Goya hasta Reconquista para seguir otra ruta, como puede ser Santa Fe capital. Pudimos detectar que los cargamentos venían de esa zona. Y en virtud del procedimiento que se dio el día anterior a los allanamientos, en el cual a una lancha que venía de Goya se le secuestra 40 kilos de marihuana, dicto los allanamientos, que dieron positivo”.

La causa comenzó el 6 de enero de 2016, cuando la Brigada de Drogas de la regional Reconquista informó a la Fiscalía federal de la presunta responsabilidad de una mujer que vendía drogas en un domicilio de Moreno al 1600 de esa localidad.

En su resolución, Alurralde sostuvo que “la actividad ilícita llevada a cabo por los enjuiciados surge suficientemente acreditada, al menos en esta instancia, por las tareas investigativas previas que confirmaran la hipótesis delictiva conforme al resultado de los allanamientos y de la detención de los encausados”. Y añadió: “La línea de Goya es una de las rutas más importantes de la droga del noreste del país”.

Los operativos que derivaron en la detención de los ahora procesados se realizaron el 21 de diciembre en Reconquista, Goya y Santa Lucía (Corrientes) y originaron un fuerte cruce entre los gobernadores Colombi y su par de Santa Fe, Miguel Lifschitz. El conflicto se produjo cuando unos 40 efectivos comandados por el jefe de la Policía Antinarcóticos de Santa Fe, José Moyano, llevaron a 16 jóvenes de la capital correntina para que asistieran como testigos en los allanamientos que se concretarían luego en Goya, distante 250 kilómetros de la ciudad capital.

Enterado de esto, Colombi, quien se encontraba en Goya, intervino en persona, en el domicilio del sindicado lugarteniente de Cabeza López, y ordenó hacer cesar el operativo al sostener que se trataba de una intromisión en su jurisdicción. Seguidamente, ordenó detener a Moyano, lo que motivó un pedido de investigación de la fiscal federal subrogante de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, contra Colombi, por presunta obstrucción a la justicia. Respecto de esta causa, Alurralde declaró: “Iniciamos una causa judicial para que se investiguen los hechos y la denuncia por droga y en eso está trabajando fiscalía. Por parte del juzgado no se busca contacto con autoridad política alguna ni nada por el estilo. Eso es una causa aparte”.

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