“No cualquiera nada en el río Paraná. Dicho mejor: nadie que no sabe nadar, debería arrojarse al río Paraná”. Esa es una de las conclusiones a la que llegó el fiscal Miguel Moreno tras investigar la muerte de Alejandro Gastón Ponce, de 23 años, cuyo cuerpo apareció a la altura de los silos Davis en octubre de 2015. El hecho tuvo gran repercusión porque dos días antes, sus familiares denunciaron públicamente haber visto a policías obligar al joven a saltar al agua, junto a su hermano, y luego arrojarles piedras. Según esos dichos, uno salió con un fuerte corte en la cabeza y el otro se hundió. A raíz se esas declaraciones, la Fiscalía inició una causa para determinar la responsabilidad de los uniformados. Ayer, Moreno entendió que no era ninguna y ordenó su archivo. En la misma resolución, el fiscal pidió que se investigue por falso testimonio a tres jóvenes, entre ellos un menor que denunció haber sido amenazado por la Policía para cambiar su declaración. La querella adelantó a este diario que apelará.
En una resolución de casi 40 páginas, el fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno esgrimió por qué a su entender no hubo responsabilidad de los policías en la muerte de Ponce. Gran parte de sus argumentos parten en que la víctima y su hermano habrían sido quienes robaron las pertenencias a una pareja que se encontraba en el parque. Tras recolectar todas las declaraciones de los uniformados, lo que siguió después fueron dos versiones contradictorias.
Los policías dijeron que en busca de los ladrones vieron a dos jóvenes cerca de las barrancas cuya descripción física coincidía y, al tratar de detenerlos, los mismos saltaron al agua por propia voluntad. Pero dos testigos presenciales, y Luis, el hermano de Ponce, declararon que los uniformados los atacaron a cascotazos.
Testigos
“Ahogate negro de mierda”, escuchó un testigo presencial, quien dijo haber visto cuando un cascotazo hundió a Ponce. El joven que realizó esa declaración también denunció que la Policía lo amenazó luego de contar lo ocurrido a medios televisivos. Por eso, el fiscal le otorgó 15 días de custodia federal. Pero luego, en una ampliación de sus dichos y antes una modificación parcial de los mismos, Moreno lo desestimó en todo sentido: “Párrafo aparte merecen las amenazas de las que dice haber sido víctima, las cuales sinceramente, no parecen haber sido emitidas por seres que han sido capaces de realizar la conducta que ambos atribuyen a los uniformados”, escribió el fiscal.
Otra testigo dijo haber visto a los dos chicos siendo perseguidos por la Policía, y escuchado cómo uno se tiró al río y le dijo a otro “tirate”, pero que respondió que no sabía nadar. La mujer dijo haber visto a policías tirarle piedras a los dos, “sobre todo a uno pelado” y explicó que por eso sacó fotos que luego llegaron a los medios. También dijo haber visto como una piedra le dio a uno en la cabeza que logró salir, pero el otro no.
Luis, quien salió del agua con un fuerte golpe en la cabeza, relató lo mismo. El informe de Medicina Legal indica que el muchacho tenía una herida cortante en el cuero cabelludo provocada con elemento contuso. Siete días después, un informe midió la herida ya saturada en 4,7 centímetros. En su declaración Luis dijo que el corte fue un piedrazo pero que logró salir del agua y recordó que cuando su hermano pedía auxilio porque se ahogaba los uniformados le decían que “sacuda un poco las manos y los pies como un perrito” y le tiraban piedras cuando lo perdió de vista.
A Moreno, la falta de coincidencia entre esos tres testimonios los hizo falsos. Entre esas contradicciones advierte por ejemplo la “incompatiblidad de las tareas” que Luis dijo que realizaba en la zona: “Cuidar autos y pescar. Recordemos la diferencia de planos entre la calle y la ribera”, esgrimió Moreno tras advertir confusión en las declaraciones sobre si los hermanos saltaron, fueron empujados por los verdaderos ladrones cuando huían (como dijo un testigo) o la Policía los obligó a saltar. También se sirvió de los resultados de la autopsia, que no pudieron determinar el causante de la muerte, ni el golpe que presentaba en la cabeza el cuerpo sacado del agua.
“A ello debe sumarse que la zona en donde los hermanos Ponce se arrojaron al agua, no está destinada a la natación, encontrándose en el lugar gran cantidad de obstáculos para tal práctica, que pondrían en peligro al más hábil de los bañistas”, dice el fiscal para agregar que “Gastón Ponce no sabía nadar o al menos no lo hacía correctamente; deberá aceptarse que es mucho más probable que su muerte haya acaecido por estos motivos que por un piedrazo lanzado por un policía, cuya pericia en tal disciplina –la de lanzar piedras- resulta incomprobable”.
Con todo concluyó que “no existen elementos serios que autoricen reprochar un hecho punible a los oficiales de policía intervinientes en el procedimiento, por lo que corresponde archivar las presentes actuaciones”.
La querella reprochó la investigación de Moreno, adelantó que va apelar y denunció que una vez más el fiscal investigó a la víctima, tras ordenar la intervención del teléfono de su tía. “Es terrible la falta de objetividad del fiscal y la estigmatización que hace sobre los jóvenes de sectores populares para justificar el accionar policial”, dijo Salvador Vera, uno de los querellantes.
Baclini
Hace una semana familiares de Maxi Zamudio, Alejandro Ponce y Carlos Godoy y miembros de la Multisectorial contra la Violencia Institucional se reunieron con el fiscal regional Jorge Baclini y le pidieron que no se archiven esas investigaciones. A la vez reclamaron el apartamiento del fiscal Moreno –tal como habían pedido al fiscal general– de los tres casos por su inadecuado desempeño en las investigaciones y el maltrato hacia los familiares, y la designación de un nuevo fiscal con interés en investigar las causas. Los casos Zamudio y Ponce fueron luego archivados.
