La defensa pública local presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Rosario exigiendo una investigación penal sobre singulares irregularidades policiales detectadas en la Unidad Regional IV con asiento en Casilda, y pidió que la pesquisa no se encuentre en cabeza de la Fiscalía del departamento Caseros, a la vez que hizo lo propio ante la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Santa Fe, trascendió este sábado.
Según esta versión, dentro de un legajo de la Fiscalía de Casilda, el Servicio Público de la Defensa Provincial Penal se encontró con una sorpresa: dos informes criminalísticos que coincidían en su objeto, número de identificación y fecha, pero que arribaban a conclusiones diferentes. En efecto, de acuerdo con la defensa pública, una integrante de la Policía Científica de la UR IV hizo un cotejo de huellas de cubierta de bicicleta y calzado y, mientras en un informe concluyó que no había semejanzas entre ambas huellas, en el restante concluyó exactamente lo contrario. “Dado que el informe de científico no tenía nada y más bien parecía enderezado a que la Fiscalía pudiese utilizar cualquiera de los dos”, se hizo la denuncia.
La denuncia fue presentada el pasado jueves 30, firmada por el defensor regional Gustavo Franceschetti y la asistente de la Oficina de Apoyo a Defendidos Víctimas de Violencia Institucional de la defensa pública, Analía Abreu.
Dicha denuncia fue elaborada a partir de los hechos informados por la defensora pública de Casilda Evangelina Bonacalza, quien el 20 de marzo pasado puso en conocimiento de Franceschetti el hecho protagonizado por personal policial del distrito Caseros, relacionándolo con otro sucedido el 25 de octubre de 2016, durante una rueda de reconocimiento de objetos. Según esta versión allí el jefe de la Policía de Investigaciones manifestó a viva voz “hay hoja A4” o “poné hoja A4” –tal como surge en el registro de audio de dicha audiencia, sostiene un comunicado de la defensa pública–. Luego de esta expresión, la testigo del hecho solicitó que fuese rotada el arma N° 4, a la que finalmente señaló como el objeto que se utilizó para la concreción de un supuesto hecho delictivo.
Los miembros de la defensa pública solicitaron que las investigaciones de estos hechos no sean asignadas a otra Unidad Fiscal del Distrito Judicial Casilda, sino que sea derivada a la Unidad Fiscal de Corrupción y Violencia Institucional de Rosario. Este pedido es realizado “en pos de ejecutar una genuina persecución penal de estos hechos denunciados, evitar riesgos que puedan afectar a la eficacia de la investigación y por los intereses que se hallan comprometidos, como la garantía de acceso de toda persona sometida a persecución penal a una defensa técnica de calidad”. Al mismo tiempo requirieron al Ministerio Público de la Acusación que investigue los hechos que puedan constituir delito por parte de los dos funcionarios policiales y que los dos sean citados a declarar en sede de Fiscalía.
Violencia institucional
La Oficina de Apoyo a Defendidos Víctimas de Violencia Institucional fue creada dentro de la estructura orgánica de la Defensoría Regional de la 2ª Circunscripción Judicial (Rosario). Tiene como misión combatir las actividades ilícitas cometidas por personal policial. El hecho de distorsionar o infringir las leyes o normas por parte de personal encargado de la investigación afecta en última instancia, no sólo al proceso judicial –como es el caso– sino también a la institución encargada de aplicar la ley en su totalidad, recuerda la defensa pública.
