El fiscal Gustavo Ponce Asahad ordenó la citación del jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Villanúa, para este martes, “para que ratifique o rectifique sus dichos y para que también sea parte de esta investigación, para que aporte datos que pueden llegar a ser interesantes para el avance de la causa”.
El fiscal que interviene en el conflicto desatado este domingo en barrio Toba, tras el que se abrieron causas a 14 integrantes de la comunidad qom por resistencia a la autoridad y a personal del Comando Radioeléctrico por apremios ilegales, también inició una causa al médico policial “por los supuestos delitos de encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según relató esta mañana Ponce Asahad, “las actas consignadas por este médico en nada se condicen con las actas que están llegando y con las derivaciones que tuvimos que hacer, como es el caso de una mujer que estaba con convulsiones a causa de un cuadro de epilepsia”.
“Para dar ese marco de transparencia, se están dando las entrevistas que estamos haciendo en el Ministerio Público de la Acusación, no solamente estamos participando la Fiscalía junto con la Defensa –como es de rigor–, sino que también lo hace Asuntos Internos en carácter de observador de estos actos procesales, miembros de organismos de derechos humanos y traductores de la comunidad qom a los efectos de que los relatos de los miembros de esta comunidad originaria puedan expresarse con total soltura y con los apoyos lingüísticos que sean pertinentes para que esta investigación tenga las garantías que debe revestir”, señaló el fiscal.
Este lunes a la mañana, en el Ministerio Público de la Acusación estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, traductores de Pueblos Originarios, la directora de Pueblos Originarios de la ciudad, los consejeros nacional del Consejo de Participación Indígena de la Nación, miembros del foro de DD.HH. del Colegio de Psicólogos, del Instituto de DD.HH. de la Universidad Nacional de Rosario, consejeros nacionales de la Asamblea permanente por los DD.HH., la diputada nacional Josefina González y la titular de Violencia Institucional, Alejandra Fedele, entre otros. Los investigadores también están en contacto con la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia, Alicia Gutiérrez.
“Se trata de una investigación a la que hemos querido imprimirle transparencia y acorde a lo que se ha impreso en el nuevo Sistema Procesal de la provincia, totalmente público, acá no hay nada que esconder, sólo llegar a la verdad de lo acontecido”, sentenció Ponde Asahad.
Una de las versiones de más peso
Testimonio de Griselda Coria, agente sanitaria de la Comunidad qom
“Entraron a una casa en donde había niños durmiendo, los levantaron de la cama. También llevaron preso a un papá, a Ruperta Pérez. Soy agente sanitario de la comunidad qom y pedí permiso para ingresar a la seccional para ver en qué estado estaban las mujeres detenidas y ahí constatamos que había lesionadas con traumatismo de cráneo, con costillas rotas, jóvenes bajo la lluvia con lesiones en rostro, cuerpo y brazos y tuvimos que hablar con el fiscal para que pidiera urgente una ambulancia por una joven que hace episodios de epilepsia y que necesitaba tomar su medicación. También había menores que luego se encargaron de que se les de la libertad”.
