En los últimos diez días tres conductores atropellaron a trabajadores que manifestaban en reclamo de sus fuentes de trabajo. Hubo heridos y una víctima fatal. En dos de los episodios los choferes estaban alcoholizados. El primer hecho fue el 30 de marzo, en el marco de una protesta de la CGT San Lorenzo, que terminó con la vida de un vigilador de 38 años. El 6 de abril un motociclista embistió a una mujer y a su hijo de 4 años, mientras manifestaban junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el marco del paro general. Ayer, trabajadores de General Motors cortaban el paso de Ovidio Lagos y San Lorenzo mientras esperaban la resolución de una audiencia de mediación en las puertas del Ministerio de Trabajo provincial, en el marco de las 350 suspensiones de la automotriz. Un Ford Focus intentó cruzar la calle y embistió a tres trabajadores. Luego quiso huir y atropelló a un policía que intentaba detenerlo.
La deslegitimación social de las manifestaciones y cortes de calle como forma de protesta tienen lugar en el marco de un discurso oficial que habla de “violar las normas”. Ayer, el presidente Mauricio Macri, se refirió a la represión a los docentes como el “antiejemplo”. Sin embargo, el titular de los docentes privados en Rosario, Martín Lucero, señaló al Estado como principal responsable de este tipo de incidentes al fomentar el odio y la violencia. En tanto, la socióloga Marisa Germain relacionó los hechos con la lógica neoliberal que no acepta las formas de lo colectivo y con un sector de la sociedad que aún no legitima la protesta como forma de reivindicación que trascienda lo particular.
Embestidos
Tres empleados de General Motors y un policía fueron atropellados cerca del mediodía de ayer por un automovilista cuando manifestaban frente a la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, ubicada en Ovidio Lagos y San Lorenzo. Los trabajadores mantenían un corte de calle, acompañados por personal policial y de tránsito, cuando el conductor de un automóvil modelo Ford Focus insistió en pasar, y ante la negativa, embistió contra los manifestantes. El conductor del vehículo intentó escapar pero fue detenido cuadras después y trasladado a la comisaría 7ª. También atropelló a uno de los policías que lo seguía, quien fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Los trabajadores denunciaron que la ambulancia tardó más de media hora en arribar al lugar.
“Estábamos cortando Ovidio Lagos en forma pacífica, cuando de repente apareció un automóvil Focus, con una persona mayor, que nos empezó a decir cosas y nos encaró con el auto y atropelló a tres compañeros”, relató Ignacio, uno de los trabajadores que manifestaban a El Ciudadano. “Nos empezó a insultar, nos decía que vayamos a laburar. Quiso pasar igual, siendo que estaba la Policía de Tránsito negándole el paso. Nos arrolló a todos. Por suerte, algunos nos pudimos correr”, continuó el trabajador, quien sufrió una lesión en el pie al ser pisado por la rueda del auto. Según contó, otro trabajador se lesionó la mano y un tercero cayó arriba del capó del auto y tuvo lesiones varias.
El conductor intentó escapar y fue demorado por personal policial a la altura de Ovidio Lagos y Santa Fe donde atropelló a un policía. Volvió a intentar la fuga, pero finalmente fue detenido en Mendoza y Ovidio Lagos y trasladado a la comisaría 7ª.
Mediación infructuosa
La protesta se realizó en el marco del conflicto que mantienen 350 trabajadores que suspendió la automotriz en el marco de la crisis del sector. “La empresa no sufre crisis y no puede justificar las suspensiones”, explicó Germán Tonero, delegado gremial de General Motors, sobre los motivos de las reiteradas protestas de los trabajadores. Y agregó: “Esperamos que el Ministerio de Trabajo de la Nación no homologue el acuerdo (firmado con el gremio de los mecánicos Smata) por la cantidad de irregularidades del mismo. El gremio no se hace presente y pedimos que dejen de favorecer a las multinacionales y defiendan a los trabajadores”, concluyó el dirigente, referente de los empleados.
Atropello
El 30 de marzo un camionero atropelló y mató a Jonatan Gardini, un vigilador de 38 años que protestaba en la manifestación de la CGT San Lorenzo –en las rutas 10 y 11– en reclamo de un salario mínimo de 27 mil pesos. Otras cinco personas resultaron heridas. El conductor intentó primero pasar y, al no poder, desenganchó el acoplado y pasó por un costado (de la manifestación) para tomar la ruta 11. Después dio una vuelta en U, se dirigió directo adonde estaban las personas y aceleró.
El fiscal Aquiles Balbis lo imputó por homicidio simple y sostuvo que el camionero, quien sigue preso, “estaba alcoholizado”. De acuerdo con el relato de los testigos, “nunca detuvo su marcha” pese a que personal de Gendarmería le hizo señales con manos y linternas y luego disparó hacia el camión.
CCC
El otro episodio ocurrió el 6 de abril, cuando un motociclista embistió a una mujer y a su hijo de 4 años, mientras manifestaban en Circunvalación y Juan José Paso junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el marco del paro general. La mujer sufrió fractura de tibia y peroné, mientras que el niño resultó lastimado, pero no de gravedad. Según los testigos, el conductor estaba alcoholizado.
Fomentar el odio
El titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados Seccional Rosario (Sadop), Martín Lucero, asoció los incidentes en las protestas con el discurso del gobierno nacional. “Baja un discurso de odio, violencia y enfrentamiento. Eso fomenta que desde la sociedad la gente tenga actitudes violentas, de odio y enfrentamiento. En lugar de fomentar la convivencia y paz social, el gobierno incentiva la confrontación. Las declaraciones de funcionarios nacionales incitan a que la gente haga justicia por mano propia, a legitimar la violencia”, afirmó Lucero y achacó la responsabilidad al Estado. “El único responsable de las víctimas en las protestas sociales es el gobierno nacional. Si muestran a la Policía pegar a los maestros, cómo un papá no le va a pegar a un maestro después”, enfatizó el dirigente gremial.
La violencia como un grado de egoísmo
La socióloga Marisa Germain analizó los incidentes en el marco de la lógica neoliberal, la que según explicó se vincula con la negación de lo colectivo. “En las sociedades contemporáneas hay distintas formas de constituirse de los sujetos. Hay una forma de subjetivarse ligada al neoliberalismo que está centrada en el yo y entiende toda forma de organización social, de conexión social o de presencia colectiva como un riesgo o un peligro. La impresión es que lo que estamos viendo, con muchas formas de respuesta violenta, tiene que ver con este grado de egoísmo que hace que los individuos consideren sus deseos y necesidades por encima de la presencia del otro”, explicó Germain y agregó: “Las formas colectivas interpelan muy fuerte a quienes prendieron en el discurso neoliberal. Prefieren una solución que excluya a los otros: hay que linchar al violador, al juez que lo soltó, buscar un modo que no registre el problema que implica lo colectivo. El problema no es sólo el instrumento –la huelga, el corte de calle, la carpa– sino que el neoliberalismo no puede incorporar y responder a la lucha, a la confrontación y a los intereses divergentes. Este gobierno no puede incorporar lo que el otro le dice”.
En relación con los reclamos y manifestaciones, la socióloga explicó que recién cobraron aceptación social después del 2001, pero que existe aún un sector de la sociedad que no lo considera legítimo. “El reclamo por el trabajo genera un interés que arma grupos: el de la protesta y el de la fila de vehículos en medio de la ruta insultando. La pérdida del empleo no era una cuestión que generara grupos con la fuerza que los genera hoy. Esto es resultado de la experiencia histórica. En los 80 y 90 los desocupados no se agrupaban fácilmente. Avanzado los 90 los grupos empiezan a constituirse y recién en 2001, cuando la sociedad entendió que eso no sólo les pasaba a ellos, los reivindicó”, señaló Germain y agregó: “Existe aún un sector de la población bastante extenso que cree que no es legítimo el reclamo. Cree parte del discurso neoliberal que deslegitima el planteo diciendo que es una reivindicación particular partidaria y con intereses bastardos, subalternos y menores respecto de un gobierno que habla de diálogo y consenso. Pero también más de la mitad de la población tiene en claro que perder un trabajo es un problema general”.
