Tras la decisión de la Justicia de Santa Cruz de frenar la suba de tarifas de servicios públicos, la gobernadora Alicia Kirchner intentará captar unos 200 millones de dólares en el mercado financiero para enfrentar la crítica situación que atraviesa la provincia.
Arranca una semana muy conflictiva en la provincia patagónica, con paros dispuestos por gremios estatales y fuertes retrasos en los pagos de haberes de empleados públicos.
Un fallo judicial obliga al gobierno a pagar los salarios de los judiciales provinciales, y si bien la medida fue apelada, se podrían aplicar multas de hasta 25 mil pesos por cada día impago.
Por otra parte, un amparo presentado por la oposición dejó en suspenso los fuertes ajustes de entre 500% y 700% en las tarifas de energía eléctrica, agua potable y cloacas.
Ante este escenario, la gobernadora intentará ahora salir al mercado para buscar al menos 200 millones de dólares que le permitan financiar la gestión en medio de la crisis económica que atraviesa la provincia patagónica.
Santa Cruz está a pasos de cerrar su endeudamiento a una tasa inferior a la que la Nación le imprimió a la última renegociación de deuda, que fue del 24%, según especialistas financieros.
Si bien el fuerte ajuste en las tarifas efectuado por la estatal Servicios Públicos SE ya había comenzado a regir en Santa Cruz, ahora la Justicia ordenó al Ejecutivo provincial retrotraer los valores a diciembre de 2016.
La acción de amparo había sido interpuesta por los diputados de “Unión para Vivir Mejor” (Cambiemos), Gabriela Mestelán, Roxana Reyes y Daniel Gardonio. La decisión de dar lugar al amparo presentado fue tomada por el juez Antonio Andrade, del Juzgado de Familia Nº2 de Río Gallegos.
Desde el gobierno provincial contestaron que el amparo presentado por los diputados de Cambiemos “responde sólo a una maniobra política dado que la alianza que gobierna a nivel nacional impulsó aumentos similares el año pasado”.
