Las malas condiciones de vida dentro de las unidades penitenciarias santafesinas suelen tomar estado público por las frecuentes presentaciones de hábeas corpus que terminan siendo aceptados por la Justicia. Las denuncias, ya sea en cárceles de mujeres, hombres o menores, se repiten y son graves: falta de asistencia médica, sobrepoblación, comida insuficiente o en mal estado, mora de los juzgados de Ejecución penal que vulnera garantías procesales, cupos mínimos para trabajar, acceder a la educación formal o a cursos de capacitación laboral, maltrato a las visitas y violación a los derechos humanos de niños. A esa extensa lista se sumó a fines de 2016 un decreto del gobernador Miguel Lifschitz que modificó la forma de evaluar la conducta de los presos a fin de endurecer el régimen de salidas transitorias. La derogación de ese decreto es uno de los 14 puntos que reclaman internos de Coronda en una huelga general que hoy cumple una semana.
Según informó ayer la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), todos los pabellones de la Unidad Penitenciaria N0 1, que aloja a unas 1.300 personas, iniciaron un paro general de actividades en protesta del agravamiento de las condiciones de detención, que detallaron a las autoridades en un petitorio de 14 ítems.
El reclamo, que cumple hoy siete días y consiste en no realizar las tareas de cocina ni asistir a los talleres, está centrado en la eliminación del decreto 4.127/16 que a fines del año pasado lanzó el gobernador Lifschitz para limitar las salidas transitorias a través de un puntaje diferenciado entre “conducta y concepto” que se torna restrictivo a la hora de acceder a permisos contemplados por la ley.
Según el comunicado difundido ayer, el decreto en cuestión no solo es “inconstitucional y regresivo”, sino de imposible implementación porque “obliga a las cárceles a ofrecer trabajo” y “en Coronda hay 350 cupos laborales para una población de 1.300 internos”.
De hecho, esa normativa fue declarada inconstitucional por una jueza santafesina que atendió el reclamo de un interno de Coronda, cuya libertad se vio afectada por una calificación negativa del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que lo obligó a continuar en la cárcel.
En sus argumentos, la magistrada Sandra Valenti cuestionó al gobierno por atentar contra la rehabilitación de los internos que se esfuerzan para reinsertarse y declaró inadmisible que por episodios de la coyuntura política se caiga en la tentación de agravar las penas o modificar las pautas en que las condenas se ejecutan.
Sin embargo, el fallo no logró frenar la puesta en marcha del cuestionado decreto que defiende con dureza el Ejecutivo provincial. Si bien ningún funcionario del área respondió ayer consultas a El Ciudadano, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, reiteró ayer en un programa de radio que la modificación del sistema de puntajes obedece a un cambio de paradigma que diferencia la conducta del interno con el delito que cometió.
Al respecto explicó: “Históricamente se califica a los internos según la conducta y nosotros lo que planteamos es que no es lo mismo, que si se asocia a su concepto no estamos mirando si es no reicidente, si volvió o no al penal, estamos dando el mismo valor a un preso que cometió algún delito grave como por ejemplo una violación o un crimen organizado. Generalmente este tipo de preso tiene buena conducta en la cárcel, pero cuando sale tiene una alta reincidencia”.
Entre muros
Entre los reclamos que una vez más salen a la luz sobre paupérrimas e inhumanas condiciones de detención dentro de los penales santafesinos, desde Coronda, los delegados de cada pabellón emitieron un petitorio conjunto a las autoridades. En ellos piden que se reanuden las mesas de diálogo de forma periódica para canalizar demandas y evitar conflictos en un “penal sobrepoblado”. Que se arbitren medidas para resolver la mora del juzgado de Ejecución Penal que “vulnera las garantías y derechos procesales”. Que se garantice la atención médica y se proporcionen medicamentos adecuados. Que se garantice el acceso a la educación de todos los interesados de nivel primario, secundario y terciario, como también cursos de capacitación laboral “con cupos acordes a la población penal existente”.
Asimismo, reclaman que se generan talleres autogestionados para los presos considerados de “alto perfil” que son sometidos a una “discriminación inadmisible”.
Otro de los puntos destacados, es que se garantice el “ingreso y la seguridad de las visitas”, que muchas veces esperan durante horas y no logran ver a sus seres queridos.
Y la lista sigue: que se actualice el peculio ínfimo cuyo último aumento fue en 2015. Que las raciones de comida sean suficientes y adecuadas y se permita recibir alimentos de la visita. Y que se dejen de violar los derechos del niño, a los que se les exige foto y partida de nacimiento que queda en una base de datos, lo que vulnera derechos inalienables de la legislación vigente.
Pena de muerte
En números de Liliam Echegoy, referente de la CTC, durante 2016 fallecieron 23 personas dentro de las unidades penitenciarias de Santa Fe por falta de atención médica o abandono de personas.
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