Miguel tiene 27 años y es cadete de una casa de comidas. Desde agosto pasado fue detenido en cuatro oportunidades por el Comando Radioeléctrico por un pedido de paradero que no está vigente. El muchacho se tomó el trabajo de ir hasta el Juzgado Federal donde estuvo vinculado a una causa penal y fue absuelto, para obtener una constancia con la que viajaba en el bolsillo. Aun así, marchaba preso. Las comisarías 15ª o 18ª eran su destino y lo mantenían en el lugar unas 7 horas hasta liberarlo. El Servicio Público de la Defensa presentó un habeas corpus que el juez Hernán Postma rechazó. La defensa apeló la decisión y el camarista Javier Beltramone revocó la resolución y dispuso notificar a la Policía provincial para que realice los actos administrativos necesarios para evitar cualquier tipo de demora de Miguel en relación a una causa federal que lo desvinculó del ilícito. La misma circunstancia se dio con un cuidacoches que fue detenido en 10 oportunidades. Nuevamente Postma rechazó la acción y la camarista Carolina Hernández le dio un giro a la decisión. La vocal revocó la resolución y dejó en claro que no es viable la detención por averiguación de paradero.
Miguel es empleado de una rotisería, reparte en moto los pedidos que llegan al local pero desde agosto pasado esa actividad se volvió compleja. En cuatro oportunidades el hombre fue detenido por el Comando Radioeléctrico que, tras consultar sus datos lo trasladó a la comisaría 15ª o a la 18ª bajo la excusa de que cuenta con un pedido de paradero. Una vez en la dependencia lo demoraban por más de 7 horas para luego liberarlo.
En 2012 Miguel fue vinculado a una causa penal por infracción a la ley de estupefacientes donde finalmente fue absuelto. Ante ello, la defensa solicitó informes sobre su situación procesal que dieron resultados negativos. En la única investigación que tenía una búsqueda de paradero era en la causa federal que estaba inactiva y el muchacho desvinculado.
Ante ello presentaron un habeas corpus que fue rechazado por el juez Hernán Postma. El magistrado sostuvo que no se cumplían los requisitos formales para instaurar esa acción. Las abogadas Maricel Palais –del Servicio Público de Defensa– y Analía Abreu, representante de la Oficina de Asistencia al Defendido Víctima de Violencia Institucional, junto al defensor regional Gustavo Franceschetti apelaron la decisión y el caso recayó en manos del vocal Beltramone.
Entretanto, el muchacho volvió a sufrir una nueva privación de la libertad. Ayer las letradas reforzaron la petición y el magistrado revocó la decisión de Postma al entender que ni siquiera la ley que regula el accionar policial admite la demora de la víctima. Beltramone hizo lugar la acción y ordenó informar a la Policía de la provincia que deberá realizar todos los actos administrativos a los fines de evitar una futura detención de Miguel en base a la causa federal que lo tuvo como protagonista y en la cual actualmente se encuentra absuelto.
Una vieja búsqueda de paradero que nunca terminó
Gabriel cuida coches en la plaza Pringles desde que tiene 12 años y en más de 10 oportunidades fue detenido por la Policía. Según una fuente judicial, contaba con una búsqueda de paradero de cuando era menor que ya no está vigente. En algún momento desapareció por un tiempo de su casa y su abuela denunció la desaparición y la burocracia hizo que esa situación no cesara.
La comisaría 2ª fue su destino en la decena de veces que fue arrestado, ya que su trabajo lo lleva adelante en calle Rioja, entre Paraguay y Presidente Roca. Las fuerzas de seguridad que lo detuvieron fueron variadas: Comando Radioeléctrico, Brigada Motorizada, entre otras. El acoso permanente llevó a la Defensa Oficial a presentar una acción de habeas corpus que fue rechazada, también por el juez Hernán Postma, en febrero pasado. El fundamento fue el mismo que el juez utilizó para desechar el planteo a favor de Miguel. El caso fue revisado por la camarista Carolina Hernández el 12 de abril pasado, donde la víctima dio testimonio de los acosos policiales.
La vocal hizo lugar al hábeas corpus, marcó una crítica en la actuación del juez Postma y sostuvo que existió una evidente demora sistemática en el caso y una reiterado accionar de la Policía al detenerlo o demorarlo para averiguar antecedentes lo que no es una práctica regular y legal. Explicó que “una averiguación de paradero nunca puede conllevar una detención”. Sostuvo que una búsqueda de paradero nunca puede ser equivalente a una captura que implique detención y agregó que “para que se configure una averiguación de antecedentes tiene que haber circunstancias previas que motiven la demora a una persona para ser identificado”.
Finalmente dispuso oficiar al jefe de la Unidad Regional II de Policía a los fines de informar que se encuentra sin efecto la orden de paradero del muchacho.
