El gobierno pidió este martes a la industria láctea que ponga fin al millonario aporte extra que facilita al sindicato Atilra para el mantenimiento de la obra social, porque esa decisión encarece los costos laborales y amenaza la salud financiera del sector.
El encuentro para tratar ese y otros temas, principalmente la crisis apremiante Sancor, por la que atraviesa no se pudo realizar durante la jornada de ayer y se postergó sin fecha.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, explicó el temario que se iba a tratar en la reunión que finalmente no se concretó ayer y que realizaría con representantes de la empresa cooperativa Sancor con sede en Santa Fe y de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la Argentina (Atilra).
Buryaile abogó por que las dos partes solucionen las diferencias para intentar salvar de una crisis terminal a la cooperativa que emplea a unas 4.400 personas de manera directa en sus plantas del país y da trabajo a cientos de pequeños tamberos que ofician de proveedores.
Dijo que el gobierno pretende que Sancor y el resto de la industria lechera del país sea sustentable por sí misma y no dependa de aportes extraordinarios que en este caso debe realizar el Estado.
Fuentes sindicales dijeron a la agencia Noticias Argentinas que “la cámara del sector, CIL, Centro de la Industria Láctea, parece querer que se caiga Sancor y el gobierno mira a uno y otro lado”, y por eso no hubo encuentro.
Ante esta situación, Atilra brindará una conferencia de prensa hoy a las 16 en Hipólito Yrigoyen 4056 de Buenos Aires, encabezada por el presidente del gremio, Héctor Ponce para dar a conocer su posición y los pasos a seguir.
“En la forma en la que está cayendo la industria láctea con desavenencias internas parece difícil que eso (de la sustentabilidad del sector) así sea”, se había quejado Buryaile en declaraciones radiales. Sin embargo, y a pesar de que el ministro dijo que el gobierno está tratando de que las cámaras empresarias y el sindicato “acuerden cómo van a seguir sus relaciones laborales”, las tratativas no pasaron este martes de conversaciones telefónicas con el Ministerio de Trabajo como intermediario.
Buryaile, por su parte, afirmó que “hay un aporte compulsivo que hacen los empleadores al sindicato en carácter de eso, de aporte”.
“Para que no se malinterprete: en realidad lo que aduce el gremio es que esos aportes los hacen los empleadores para poder solventar los gastos de la obra social porque en su momento el gobierno no los hacía”, dijo el funcionario.
Y en ese sentido manifestó que “los gastos de la salud tienen que cubrirse por la salud y no por otras vías porque esto sí es un incremento de costos laborales que no tienen razón de ser en función de la actividad”.
Se trata de un aporte mensual de 3.300 pesos por empleado, lo que significa 12.000.000 de pesos por mes o 144 millones de pesos por año.
“Toda la industria láctea pasa por momentos complicados”, dijo el funcionario, al sostener que todas las empresas deberían dejar de realizar ese aporte a Atilra para proteger a “los eslabones extremos que son los más débiles, el productor y el consumidor”.
El gobierno refinanció una deuda que tenía Sancor de 250 millones de pesos y además le otorgó 250 millones, mientras que ahora sigue trabado un crédito de 450 millones más, siempre y cuando “la actividad sea sustentable en la cadena”.
