El diputado provincial de Cambiemos Rodrigo Roy López Molina presentó un proyecto de creación de una nueva ley de Transporte en Santa Fe, argumentando la necesidad de “regular la planificación, la organización y explotación del servicio de transporte interurbano” para generar “un mayor control y garantizar seguridad”.
La iniciativa de López Molina propone un sistema común de transporte para toda la provincia, que contemple la apertura de un registro de pasajeros y de un centro de información y reclamos para los usuarios.
El legislador destacó que “la actual Ley de Transporte provincial es de 1935, no sólo ha quedado obsoleta, sino que, en ella se va la vida de la gente. Con el reglamento que nos rige hoy, tenemos que agradecer cada vez que nuestras familias vuelven a casa”.
Para exigir al concesionario que brinde respuestas a los reclamos y que las denuncias se tramiten de un modo ágil, López Molina propuso establecer un régimen de sanciones si hubiera incumplimientos o inconductas. Al mismo tiempo, la iniciativa prevé que los pasajeros reciban información adecuada sobre los horarios y recorridos, como así también garantizar las condiciones sanitarias, sala de espera y estaciones terminales.
“Nos moviliza que tanto en el accidente de Monticas –como también ocurre con otras líneas– hubo un sistema de control que falló, porque nadie desconoce las irregularidades; hay denuncias de los propios usuarios por colectivos rotos, con neumáticos en mal estado, sin el mantenimiento correcto y que los pasajeros no tenían ninguna garantía ni medidas de seguridad para viajar tranquilos”, aseguró el referente de Cambiemos.
Otro aspecto tiene que ver con que las personas con discapacidad y un acompañante sean transportadas gratuitamente y que también se les permita viajar con animales guía.
Régimen de la concesión
Será por un plazo de diez años y podrá prorrogarse por un tiempo igual, siempre y cuando el concesionario no cuente con sanciones, irregularidades o juicios por parte de los usuarios. Además, López Molina anticipó que, en caso de prosperar su proyecto, “las organizaciones de consumidores estarían en condiciones de deshabilitar la concesión por las faltas cometidas”.
