La presencia de roedores y cucarachas en la Unidad Penitenciara 11 de Piñero, además de cloacas tapadas y desbordadas, ventanas sin cerramiento, falta de frazadas, conexiones eléctricas precarias, comida en mal estado y ausencia de atención médica durante la mayor parte del día son algunas de los graves irregularidades relatadas este jueves por tres internos que hicieron de voceros en una audiencia de habeas corpus colectivo ante el juez Alejandro Negroni. Uno de ellos fue Diego “Panadero” Ochoa, ex jefe de la barra de Newell’s, quien planteó además uno de los reclamos más frecuentes en los penales santafesinos: que no los dejan estudiar y trabajar porque no hay cupos, como tampoco para asistencia psicológica, por lo que “la reinserción” no sólo “es imposible”, sino que en el encierro ni siquiera se puede mantener a “la persona que se era antes de entrar”.
Tras la audiencia, realizada a las 13 en los tribunales provinciales, el juez Negroni resolvió dar lugar al habeas corpus presentado por los pabellones 1 y 4 del módulo A del penal de Piñero y mantenerlo por el plazo de un mes, al tiempo que ordenó un paquete de medidas de “monitoreo y control”, ya que la mayoría de los reclamos planteados por los internos fueron sistemáticamente negados por las autoridades del Servicio Penitenciario (representado por Lucía Masneri) al punto de provocar una fuerte reacción en los abogados presentantes Bárbara Reynoso, Amílcar Bernardi, Rafael Descarrega e Ignacio Carbone.
“Parecía que estábamos hablando de dos realidades paralelas. Mostramos fotos de las ratas y de chicos mordidos, y ellos decían que no había roedores. Planteamos que sólo hay tres horas de atención médica, y ellos dicen que tienen cobertura las 24 horas pese a que hay hasta un cartel que indica de 9 a 12”, se quejó Reynoso tras resaltar que en vez de buscar una solución a los problemas, las autoridades sólo negaron las “condiciones indignas e infrahumanas de los que viven en la cárcel”.
En el mismo tono se expresó su par Ignacio Carbone, quien se molestó por un hecho clave: ante el reclamo de que se arregle el teléfono público del penal, que hace seis meses no funciona, les respondieron con un informe que asegura que anda bien. “¿Les parece que venimos a mentir, a perder el tiempo? Tienen un informe que no es verdadero”, reclamó el letrado. En diálogo con El Ciudadano resaltó la importancia del habeas corpus colectivo ya que “las personas detenidas son seres humanos y se les está dando un trato indigno e inhumano”, además de negarles las posibilidades de reinsertarse: “Quieren trabajar y no les dan. Quieren estudiar y no les dan”, dijo.
Con todo, el juez Negroni ordenó que la compañía prestadora de servicios telefónicos informe sobre el funcionamiento de todos los telefónicos instalados en los pabellones de la Unidad 11 y al Servicio Penitenciario a que reitere los reclamos de reparación que hicieran falta.
En relación a la presencia de roedores e insectos, Negroni ordenó que “el Servicio Penitenciario disponga un monitoreo específico sobre el control de desinfección a la cargo de la empresa Fumimax” y que “informen las tareas realizadas”.
Sobre los planteos de agua potable, cloacas, instalaciones eléctricas y sanitarios dijo que esperará los resultados de un informe ordenado por otro magistrado en un habeas corpus anterior.
En relación al acceso a la educación de los internos dispuso la apertura de “un canal de diálogo entre los presentantes y la secretaría del Servicio Penitenciario para que en el lapso del mes informen respecto a la situación laboral de los internos”.
Sobre la atención médica ordenó que se realice un “debido monitoreo y control por parte del Servicio Penitenciario” acerca del “fiel cumplimiento por parte de los profesionales de la salud en los horarios referidos por Lucía Masneri” y que “se constate que no exista ningún aviso o cartel de restricción de horarios en ninguna de las oficinas pertinentes”.
Alto perfil
La categoría de interno de “alto perfil” que pesa sobre el Panadero Ochoa fue uno de los reclamos que planteó su abogado porque con ese argumento se le está “avasallando su derecho a la educación” ya que el Servicio Penitenciario le restringe la posibilidad de terminar las dos materias de la secundaria que adeuda. “Se trabó en matemática e inglés”, confió Carbone quien encontró una respuesta favorable del juez Negroni, quien ordenó que se abra un canal de diálogo entre las autoridades del penal y el interno “a fin de hallar una solución que permita el acceso a la educación”.
