El concejal Sebastián Chale presentó una iniciativa para aplicar sanciones a quienes hagan llamadas falsas al servicio de emergencias 911 en Rosario. “Un alto porcentaje de las 4.500 llamadas que recibe diariamente el 911 no constituyen emergencia, y muchas de ellas, son falsas denuncias. Éstas interfieren con el trabajo de las fuerzas de seguridad, destinando recursos humanos y técnicos que deberían estar en otro lado. Por eso proponemos medidas concretas que promuevan el uso responsable del sistema, para que se priorice de una forma más eficiente la atención de emergencias en cuestiones de seguridad”, afirmó Chale.
El proyecto se basa en que “la línea 911 constituye una herramienta indispensable para una política de seguridad pública” y en este sentido procura aplicar medidas punitorias dentro del ámbito de acción municipal; que serán la no renovación del carné de conducir, no renovación de permisos habilitantes y altas y bajas de comercios; y otros trámites administrativos de órbita municipal. Esto será factible a partir de un entrecruzamiento de datos entre provincia y municipio, que recibirá información de los infractores de la ciudad
De acuerdo a cifras oficiales, el teléfono recibe un promedio de entre 4.500 y 5.000 llamadas diarias sólo en Rosario. De ellas, poco más del 30 por ciento representan emergencias, entendiéndose como tales: delitos, conductas sospechosas, situaciones de violencia familiar, bomberos, emergencias médicas y emergencias civiles. El 70% restante son de lo más variadas: consultas urbanas, reclamos por transporte público, bromas, amenazas de bomba, etc. Además, en sólo un mes, en Rosario se registra un promedio de 3.800 llamadas falsas. Todos los llamados se identifican -sea teléfono fijo o móvil- y el número de quien se comunica queda impactado en los registros de la central.
El 911 funciona las 24 horas, los 365 días del año, en las centrales de Rosario y Santa Fe. Hay 12 telefonistas y 8 despachantes por turno y en el servicio trabajan suboficiales técnicos administrativos, y suboficiales y oficiales del área seguridad como despachantes y en todos los turnos hay supervisores que son oficiales inspectores.
“Como antecedente, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que plantea suspender el servicio telefónico a quienes llamen para hacer chistes y/o denuncias falsas; al tiempo que también procura sancionar con una pena pecuniaria y privativa de la libertad, como el arresto, según los casos”, indicó el edil.
Cabe recordar que en los últimos días se produjeron al menos 5 llamados de amenazas de bomba: en un canal, en el Aeropuerto y en varios colegios. “En 2016 sólo en un mes se registraron 22 llamados anónimos que alertaron sobre falsas bombas en escuelas de diferentes puntos de la ciudad, que implicaron destinar todos los recursos de la Brigada Explosivos. También en 2016, 2 policías resultaron heridos al chocar su patrullero cuando acudían a un caso de emergencia, tras un llamado que resultó ser una broma. Por eso, ante esta tendencia creciente y peligrosa que atenta contra la seguridad de la población, creemos que hay que generar conciencia en los riesgos que estas bromas generan en toda la ciudadanía”, consideró Chale.
El servicio 911 considera emergencias: delitos, conductas sospechosas, alarmas, disparos o pedidos de auxilio, violencia familiar, emergencias médicas -en este caso también puede llamarse al 107-, bomberos – también comunicarse al 100-, otras emergencias civiles -teléfonos 103 y 106.
Cómo funciona una emergencia
Los móviles de la Policía poseen dispositivos GPS (Sistema de Posicionamiento Global) lo que permite determinar, mediante el uso de satélites, cuál es su ubicación en un mapa virtual de la ciudad. De este modo, al recibir las llamadas de emergencia en la central, los operadores del 911 pueden localizar en las pantallas del sistema los móviles policiales más cercanos al denunciante y asignarles la misión. Así se agiliza la respuesta de los patrulleros y optimiza recursos. Los operadores del 911 reciben y despachan llamadas con apoyo informático, mejorando el tiempo de atención y efectividad de las intervenciones. También graba las comunicaciones, posibilitando el análisis de las intervenciones para alimentar el proceso de mejora continua de las mismas y disponer del respaldo que fuera necesario para responder a pedidos judiciales.
