El fiscal general Pablo Ouviña comenzó el viernes pasado la exposición de su alegato en el juicio que se le sigue a tres ex policías federales y a un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) por crímenes de lesa humanidad perpetrados desde los grupos de tareas que actuaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976 en un taller mecánico del barrio porteño de Floresta alquilado por la Side.
Con el desarrollo previo del contexto en el que se llevaron a cabo los delitos contra las nueve víctimas y la descripción del plan criminal, el fiscal se introdujo en las particularidades de ese lugar, un enclave de la Operación Cóndor, asociado principalmente con la persecución y represión de ciudadanos uruguayos, chilenos y bolivianos. Parte de la prueba analizada en este debate ya fue abordada en el juicio que tuvo por acreditada la existencia de aquella asociación ilícita trasnacional.
Ouviña –que continuará su exposición– remarcó que los diferentes juicios por crímenes de lesa humanidad “son las consecuencias del mismo plan sistemático estatal” y que su análisis global “permitirá adquirir una visión conjunta de su universo”.
“Es necesaria esa visión conjunta, porque comprende un universo tan atroz que resulta difícil de imaginar. Que esa atrocidad sea difícil de imaginar tampoco es algo casual. Esto es así, porque no solamente fue un plan sistemático de represión. El ocultamiento y lo que implica la desaparición de personas, también fueron sistemáticos. Tuvieron una finalidad concreta. Eran formas de lograr impunidad”, definió el fiscal.
En el proceso, que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, son juzgados el ex agente de la Side César Alejandro Enciso –extraditado desde Brasil, tras permanecer prófugo–, el ex principal de la Policía Federal que prestó servicios en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, José Néstor Gerrer, y los ex inspectores de la División de Asuntos Extranjeros de esa fuerza, Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez.
“El debido proceso criminal”
Con sarcasmo, Ouviña describió “los pasos del debido proceso del plan criminal”, que consistió en el secuestro clandestino y la desaparición, el interrogatorio bajo tormento ilimitado, el alojamiento y tratamiento inhumano y la liberación o la “disposición final”, un “eufemismo del asesinato y encubrimiento de todos los rastros mediante la técnica de desaparición, esta vez, de los cuerpos de las víctimas”. El fiscal señaló que para la ejecución de la represión ilegal “se establecieron diversos tipos de mecanismos de coordinación y apoyo mutuo” entre las diferentes fuerzas represivas, que fueron “el establecimiento de comunidades informativas” para compartir la información de inteligencia y “el mecanismo de la liberación de área” para ejecutar los secuestros sin interferencias. En ese contexto, “el principal coordinador fue el Ejército”. Ouviña recordó que tras la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, la Side, que era un organismo con dependencia directa del Poder Ejecutivo, quedó bajo el control funcional del Ejército.
El fiscal indicó que se comprobó que en la estructura de la Side coexistieron como operadores tanto militares destinados “en comisión” como personal de esa Secretaría, agentes de inteligencia pertenecientes al Batallón 601 del Ejército, personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal y personal inorgánico, como lo eran muchos de los miembros de la denominada Banda de Gordon, entre ellos, el propio Aníbal Gordon.
En efecto, Ouviña remarcó que los más vinculados a Gordon, entre ellos el acusado Enciso, “se caracterizaban por haber tenido vínculos en años anteriores con la denominada Alianza Anticomunista Argentina o Triple A y por participar de su ideología de extrema derecha y antisemita.
“La ideología antisemita de las personas que actuaban en Orle-tti se reflejaba en el trato que mantenían con los prisioneros y en el hecho de que en la habitación que Aníbal Gordon utilizaba en ese centro clandestino como oficina había colgado un cuadro de Hitler”, describió el fiscal y remarcó que “otra característica de los integrantes de este grupo fue que sus motivaciones ideológicas no les impidieron llenarse sus bolsillos, aprovechándose de la posición de poder en que se encontraban respecto de sus prisioneros y de la impunidad que el sistema les proporcionaba”.
Ouviña describió además el funcionamiento de Orletti y el tipo de torturas que se aplicaba a los prisioneros. Explicó que, una vez dentro del centro clandestino, las personas eran llevadas a un espacio de la planta alta “donde había una gran máquina con la que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás” y que “las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso, que había sido inundado de agua y sal gruesa. Este era el método conocido como «la colgada», «la máquina» o «el gancho» y que en Orletti era usado junto con el traspaso de energía eléctrica al cuerpo del prisionero, que se intensificaba cuando se les arrojaban baldazos de agua”.
A esas técnicas de tortura se sumaron las “brutales golpizas”; el “teléfono”, que consistía en golpes en los oídos; el “submarino seco”, es decir, la asfixia con bolsas, o “el submarino mojado”, con inmersión de la víctima en agua u otros líquidos; las quemaduras con cigarrillos, el “plantón” –obligación de permanecer parado en extensos períodos–; simulacros de fusilamiento y la presencia de la tortura de seres queridos. El fiscal remarcó que se probó que en ese contexto permanecieron al menos dos mujeres embarazadas, María del Carmen Pérez y María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y siete niños pequeños secuestrados junto con sus padres.
Más que un yerno
En su presentación, Ouviña abordó la responsabilidad de Enciso, miembro del grupo de la Side y de la Banda de Gordon que actuó en Orletti y que fue yerno del general Otto Paladino, quien fuera el jefe de esos espías en 1976. El ex agente llegó acusado por los crímenes cometidos contra los uruguayos Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez Rodríguez y las argentinas Manuela Santucho y Cristina Navajas de Santucho.
El fiscal llegó a probar que Enciso no se incorporó a la Side gracias a su relación con Magdalena Paladino a partir de 1976 –como dijo en su descargo– sino que integraba ese cuerpo de espías desde 1974 y que al menos desde 1973 tenía relación estrecha con el civil Aníbal Gordon, cuya banda de matones sindicalistas –Enciso era de la Unión Obrero Metalúrgica– y miembros de la CNU y de la Triple A actuaron luego en Orletti al servicio de la Side. Y, al cierre del centro clandestino, siguieron actuando en el crimen organizado. Bajo los apodos de Pino y Polaco o Polaquito, Enciso “participó de la privación ilegítima de la libertad, sometimiento a tormentos y asesinatos perpetrados por la Banda de Gordon mientras Orletti estuvo en funcionamiento”, consideró acreditado el fiscal.
Las víctimas
A Enciso se le imputan la privación ilegal de la libertad de cuatro víctimas porque el Tribunal Superior de Brasil, al momento de remitirlo para su juzgamiento en la Argentina, resolvió limitar su extradición a los sucesos relacionados con personas que continúan desaparecidas. Los casos por los que la Fiscalía acusó a Enciso son los siguientes:
Gerardo Gatti, uruguayo, fue en su país presidente del Sindicato de Artes Gráficas y uno de los fundadores de la Convención Nacional de los Trabajadores de Uruguay, y dirigente de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y de la Federación Anarquista Uruguaya. A los 43 años se instaló en Buenos Aires y participó de la constitución del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), razón por la cual fue perseguido en el marco de la Operación Cóndor.
Julio César Rodríguez Rodríguez tenía 20 años y también era uruguayo. Participó de la ROE y, como fue perseguido en su país, emigró a la Argentina junto a su esposa. Ya en el país, se integró al PVP. Fue secuestrado el 15 de junio de 1976, cuando ingresaba a la fábrica en la que trabajaba, donde lo estaban esperando dos personas de civil y miembros del Ejército. Después del paso por una comisaría, fue llevado a Orletti.
Manuela Santucho y su cuñada, Cristina Navajas –casada con Julio Santucho–, integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 13 de julio de 1976, un grupo armado secuestró de la empresa en la que trabajaba a Carlos Santucho, otro de los hermanos de Manuela, y se lo llevó a Orletti. Por la noche, un grupo secuestró a las dos mujeres y a su amiga, Alicia Raquel D’Ambra, y las confinó en el mismo centro clandestino de detención.
Manuela y Cristina, que estaba embarazada, fueron sometidas a descargas eléctricas mientas se les aplicaba “la colgada” y sometidas al menos a un simulacro de fusilamiento. “Manuela fue obligada por sus captores a leer, en voz alta, una crónica relativa a la muerte de su hermano Mario Roberto Santucho”, jefe del PRT-ERP escribió el fiscal.
