Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, la Argentina evidenció un cambio significativo de rumbo económico que, sin lugar a dudas, tiene al endeudamiento público externo como un instrumento clave de sus propósitos.
Si bien el ritmo de endeudamiento público ya registraba una tendencia levemente creciente en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, el volumen del nuevo endeudamiento, las condiciones a las que se contrajo, y el esquema económico general que enmarcan las medidas relativas al financiamiento público sufrieron un cambio conceptual estratégico y de no menor magnitud a partir de la llegada del gobierno de Cambiemos.
Al 31 de diciembre de 2016, la deuda pública total (deuda pública bruta que incluye deuda no presentada al canje) ascendió a 275.446 millones de dólares (54,2% del PBI), lo que implica un aumento de 34.781 millones de dólares respecto del 31 de diciembre de 2015 (un crecimiento del 14,5%, versus un 2,4% que creció en 2015 con respecto al año 2014).
El hecho a destacar es que, en apenas 400 días de gestión, la deuda externa (en manos de residentes foráneos) alcanzó los 86.500 millones de dólares (17% del PBI), es decir, un 35,8% por encima de la registrada a finales del cuarto trimestre de 2015.
Adicionalmente se observa que la fuerte tendencia de endeudamiento observada durante el año 2016 se ha acelerado, puesto que entre enero y abril de 2017 se emitieron entre bonos y letras del Tesoro más de 22.675 millones de dólares (cerca del 30% corresponde a deuda externa), lo que implica que en tan sólo cuatro meses ya se emitió más de la mitad de todo lo emitido en 2016.
Aunque el nivel de reservas del Banco Central prácticamente se duplicó desde el año 2016, el ratio deuda pública externa/reservas aumentó de 248% a 280,6% en septiembre de 2016, lo que, junto con otros indicadores de sustentabilidad de la deuda (sobre PBI y sobre exportaciones), refleja un franco deterioro en la capacidad de pago de los compromisos asumidos por el país.
En otras palabras, las divisas necesarias para el pago de la deuda (capital e intereses), a lo largo del año 2017 y 2018, asciende a la abrumadora de suma de 90.000 millones de dólares, y si sólo se consideran intereses (al suponer que el capital se cancela con nueva deuda) la suma es de 22.401 millones, lo que representa casi la mitad de las reservas actuales del BCRA.
En vista de que, tal como estima el gobierno (Presupuesto nacional enviado al Congreso), la economía argentina no tendrá un superávit comercial en los próximos dos años, el círculo vicioso de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja es un hecho inexorable que habla de la debilidad estructural del modelo y condicionará fuertemente la marcha de la económica nacional.
Además de presentar serios problemas de insolvencia, el esquema impulsado por el gobierno de Cambiemos plantea el retorno al endeudamiento externo abusivo sin una orientación clara al crecimiento y el desarrollo nacional.
Como se observa, el proceso de endeudamiento descrito se ha orientado a financiar un creciente déficit fiscal (nacional y provincial), la fuga de divisas y el movimiento especulativo de capitales. El selectivo ajuste fiscal y la dilación en la puesta en plena vigencia del prometido plan de obras públicas refleja que el notable aumento de las reservas del BCRA está orientado a solventar la fragilidad de un esquema sustentado en las finanzas y la especulación.
Este nuevo proceso de endeudamiento público se caracteriza además por un incremento en los avales y garantías para el endeudamiento de los gobiernos provinciales. Desde inicios de 2016 hasta abril del 2017, las emisiones provinciales en moneda extranjera (incluyendo ciudad de Buenos Aires) alcanzaron un total de 10.126 millones de dólares.
Estos bonos con jurisdicción externa se adjudicaron a una tasa de rendimiento promedio del 7,72% anual y una amortización media de 8 años, lo que refleja que, para las provincias, el arreglo con los denominado fondos buitre no ha significado una mejora sustancial en el costo de financiamiento, hecho que repercute directamente en el requerimiento nacional de divisas para el repago de los compromisos.
En suma, entre enero de 2016 a abril de 2017, el Estado nacional emitió deuda en moneda extranjera por un monto de 57.361,8 millones de dólares que, sumado a los 10.126 millones colocados por los gobiernos provinciales, se alcanza un total de 67.487,8 millones de dólares. En tan sólo dieciséis meses, la deuda del sector público no financiero incorporó alrededor de 68.000 millones de dólares a su stock, donde el 58% representa a pasivos emitidos bajo jurisdicción externa.
El endeudamiento externo y la fuga de capitales son dos caras de una misma moneda, sobre todo cuando se liberaliza el movimiento de capitales y se facilita el acceso irrestricto a la divisa, como ocurrió con el cambio de gobierno.
Tomando los datos del BCRA, el correspondiente a la “formación de activos externos del sector privado no financiero”, los “giros de utilidades, dividendos y otras rentas” y “turismo, viajes y pasajes” se observa que la fuga de capitales en 2016 alcanzó los 21.448 millones de dólares, 26% superior al acumulado del año anterior. Si, además, se le adicionan los 10.007 millones ocurridos en lo que va del 2017, más el promedio registrado en diciembre de 2015, se alcanza un total aproximado de fuga de divisas de 33.450 millones de dólares.
Esto confirma el problema de insolvencia del esquema actual. Una economía que permite que salga del sistema productivo formal semejante cantidad de divisas (fundamentales para producción, la energía e insumos clave, entre otras cuestiones de carácter estratégico), se dirige inexorablemente al estrangulamiento externo y a la crisis del balance de pagos, como ya sufrió el país en otras oportunidades.
Existen muchos argumentos para pensar que el proceso de endeudamiento público que está impulsando el actual gobierno se aleja peligrosamente de los intereses nacionales y del bienestar general de los argentinos.
Además de todos los aspectos económicos planteados, cabe destacar también el abandono de una clara posición política a nivel mundial de repudio a la conducta especulativa y extorsiva de los fondos buitre. Muy lejos de ello, el gobierno encabezado por Mauricio Macri abandonó tal postura e intentó poner fin al conflicto concediendo a un grupo de ellos todas sus pretensiones, en claro gesto de condescendencia con los grupos financieros de escala global. Además de que esto implicó pagar al contado una cifra sin precedente a nivel mundial, truncó un proceso de reivindicación de los derechos soberanos respecto a la conducta especulativa del capital financiero global.
A ello debe sumarse lo dispuesto por los decretos 29/2017, 231/2017 y 334/2017, que autorizan al Ministerio de Finanzas a emitir deudas futuras bajo la jurisdicción de tribunales y leyes de Nueva York y de Londres. Lejos de haber aprendido la lección de los conflictos sufridos por las condiciones de los canjes de deuda anteriores, la Argentina vuelve a renunciar a la jurisdicción nacional y a esgrimir la cláusula de soberanía nacional ante un conflicto con acreedores.
El argumento de quienes han aprobado y avalaron la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de endeudamiento externo era la necesidad de “una vuelta de página”. Sin embargo, en vista de que algunos holdouts siguen litigando, pero fundamentalmente de las características que está presentando el proceso de endeudamiento público durante la gestión actual, el mismo ha resultado inocente, imprudente o negligente, además de apartado de los intereses del conjunto de los argentinos.
La política económica y de endeudamiento público que está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos es un tema de ineludible tratamiento y atención, puesto que se condiciona y determina fuertemente la independencia económica y la soberanía nacional, dos aspectos que se encuentran fuertemente arraigados en la conciencia y la identidad nacionales.
