Unas 50 personas denunciaron que perdieron las pensiones por discapacidad en toda la provincia según informó Maximiliano Marc, subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe. Pero según estiman, serían miles las personas que ya no gozan de ese derecho. Si bien el área no tiene acceso a las cifras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a nivel provincial se vienen registrando denuncias particulares desde enero de este año. Desde la Subsecretaría se mostraron preocupados por la situación y armarán un registro de casos para elevar al Ministerio. La principal crítica es que el recorte se ejecutó sin evaluar previamente las condiciones socioeconómicas de cada beneficiario, que en la mayoría de los casos son personas vulnerables. Otra de las críticas es la inconstitucionalidad del decreto 432, el cual fue superado por la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, que se convirtió en ley en 2014. Por eso, pedirán la derogación de la normativa.
“Este decreto que se reflotó va en contra de las normativas internacionales que dicen que los Estados deben trabajar poniendo sus máximos recursos para darles una vida digna a las personas con discapacidad. Por eso, apoyamos la iniciamos de la diputada Gabriela Troiano para derogar de forma urgente ese decreto. Las personas con discapacidad no son objeto de asistencialismo sino sujetos de derecho”, expresó a El Ciudadano, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe, Maximiliano Marc.
Manos de tijera
Los recortes en las pensiones asistenciales no contributivas se concretaron cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al mando de Carolina Stanley, reflotó un decreto del año 1997 en que se ajustan los requisitos para obtener el beneficio. Entre los principales puntos omite la pensión cuando los tutores cobren un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas – 19.200 pesos por mes–, el titular posea un vehículo o propiedad, o cuando el cónyuge tenga una pensión o jubilación, aunque sea la mínima de 6 mil pesos. Según datos oficiales, desde principios de año el Estado nacional suspendió 70 mil pensiones por discapacidad en todo el país. Al menos unos 50 casos se registraron en la provincia de Santa Fe pero se estima que sólo en Rosario superan las mil suspensiones.“Como provincia estamos muy preocupados. No puedo desmentir ni afirmar si se repartieron pensiones indiscriminadamente pero de ningún modo compartimos la forma en que se está haciendo esto. Se cortan pensiones de gente sin hacer previo un estudio socioeconómico ambiental y saber la realidad de cada uno de los beneficiarios, cuando los casos que nos están llegando a todas las provincias son de personas en situación de vulnerabilidad”, explicó el subsecretario de Inclusión.
El funcionario mencionó que ya a principios de enero comenzaron a detectar las primeras suspensiones. A fines de febrero, la vicepresidente Gabriela Michetti presentó a las provincias el Plan Nacional de Discapacidad. En el encuentro que tuvo lugar en la Casa Rosada, el Concejo Federal de Discapacidad pidió que las suspensiones se anticiparan con 90 días de aviso, para tener tiempo de presentar alguna documentación en caso de ser necesaria. “Se hizo al revés: primero se cortó y después se averiguó”, agregó Marc.
El subsecretario advirtió que entre las denuncias que recibieron hay personas con una jubilación mínima, sin casa propia, y ahora también sin pensión. Otras, son personas que fueron privadas del beneficio a partir de la compra de un auto. “El auto no es un lujo. Es necesario para que la persona con discapacidad se pueda movilizar porque muchas veces no puede viajar en un medio público. La discapacidad es uno a uno. No se puede plantear una regla matemática general. Se pone como tope 19 mil pesos mensuales, pero ¿cuánto puede vivir una familia hoy con ese sueldo?”, cuestionó Marc. “No podemos acceder a la información de cuántas pensiones se cortaron porque eso depende del Ministerio de Desarrollo Social. Queremos armar el registro provincial para ir a Nación y plantear cada caso particular”, anticipó el subsecretario y dijo que pedirán explicaciones al presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, en el Congreso Federal de Discapacidad.
Amparo
El abogado constitucionalista Roberto Sukerman estimó que en Rosario son miles los casos donde se suspendieron las pensiones por discapacidad. Ante el creciente número de quejas, presentará hoy en los Tribunales federales de Rosario un recurso de amparo para que las restituyan.
“No depositaron a los beneficiarios los haberes este mes, pero no hay una resolución ministerial que fundamente el motivo. Se tiene en cuenta si en la familia hay algún integrante con otro ingreso, lo cual es absurdo porque no se puede pensar que una familia puede vivir de una pensión que apenas supera los 4 mil pesos”, señaló Sukerman a El Ciudadano. El abogado remarcó que no se trata sólo del beneficio económico, sino de las prestaciones médico- asistenciales que brinda la pensión. “Lo que se está haciendo es absurdo, arbitrario e inhumano. También es inconstitucional. Se usa un decreto del 97 que es obsoleto porque fue superado después por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que tiene jerarquía constitucional”, agregó Sukerman. “La pensión es un derecho personalísimo que no puede darse o quitarse según si una persona es o no propietaria. Aunque el beneficiario fuese rico, tendría derecho porque aportaría con sus impuestos lo que le vuelve con la pensión. El único requisito tiene que ser la discapacidad que certifica el Estado a través de las juntas médicas”, señaló el precandidato a concejal.
Madres en pie de lucha
“Lo que están haciendo es una desprolijidad porque se amparan en datos descontextualizados para quitarles recursos básicos a personas que los necesitan, comentó Rosana Martins, presidenta de la Asociación Centro de Ayuda al Discapacitado.
La mujer trabaja desde hace 28 años junto con un grupo de madres de personas con discapacidad para ayudar e informar a la población. Desde la Asociación presentaron un recurso de amparo colectivo entre las madres de Rosario y Santa Fe.
“Se avanzó mucho en el tema pero estas cosas hacen que vayamos para atrás. El gobierno nacional dijo que los chicos con síndrome de Down pueden salir a trabajar. Yo les digo que les consigan trabajo a esos chicos”, cuestionó Martins, y aseguró que el cupo mínimo del 4 por ciento no se cumple en ningún estamento estatal.
Contacto para consultas
Desde lel gobierno provincial dijeron que las personas beneficiarias cuyas pensiones se suspendieron deben dirigirse al área de pensiones nacionales asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social (San Lorenzo 1045) y pedir la reactivación. Además deben enviar un mail con el asunto “pensión” a discapacidad@santafe.gov.ar y mandar sus datos personales: nombre y apellido del titular, número de documento, número de beneficiario y fecha desde que dejó de percibir la pensión.
