A fines de julio de 2008 representantes del Estado, operadores privados y sindicatos del puerto de Ushuaia se reunieron para dejar constituido el comité mixto de higiene y seguridad laboral en el ámbito porturario local. La primera decisión conjunta fue solicitar “con carácter de urgente” la creación de un instrumento legal para el funcionamiento de la mesa tripartita local. Casi una década después –y en el marco de una nueva y creciente polémica sobre la ley de Riesgos del Trabajo– sigue sin existir en el país una normativa marco única y de alcance nacional para la prevención de siniestros y enfermedades laborales en la actividad portuaria, que involucra a miles de trabajadores en medio centenar de puertos privados y 38 puertos bajo administración estatal en el país.
En ese marco, desde el Ente Nacional Puerto Rosario (Enapro) se viene impulsando la creación de un instrumento que llene el vacío legal. Su titular, Ángel Elías, quien además está al frente del Consejo Portuario Argentino, dio el respaldo para que una iniciativa al respecto fuera presentada en el primer Encuentro Nacional de Seguridad y Medio Ambiente. Se trata de Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajador Portuario Argentino, propuesta que viene elaborando desde hace un año y medio un grupo de especialistas encabezado por el asesor del Enapro Lucas Micheloud, abogado y docente de higiene y seguridad laboral en la Universidad Tecnológica Nacional.
“Lo que se busca con esto es darle una mayor regulación a lo que se llama «riesgo portuario», que hoy no tiene una regulación legal. La mayoría de los convenios colectivos que nuclean a los trabajado resportuarios, que van desde estibadores y guincheros hasta la Unión Ferroviaria, varía de acuerdo a cada puerto. Tienen un capítulo que hace referencia a higiene y seguridad, pero en todos los casos son muy vetustos: datan de la década del 70 y desconocen los riesgos portuarios en el uso de las nuevas tecnologías. Si bien la ley de Higiene y Seguridad y la de Riesgos del Trabajo prevén las capacitaciones, el uso de elementos de protección, la señalización de las maquinas, etcétera, no tienen precisiones sobre nuevas máquinas”, expresó Micheloud.
“Si bien cada puerto tiene sus características individuales, existe una matriz que se podría replicar siguiendo una línea de cómo tienen que estar adecuados los puertos o los establecimientos portuarios para el trabajador. Las nuevas tendencias en higiene y seguridad, que son plenamente aplicables a los establecimientos portuarios, van indicando ya hasta las características de la alimentación. Se considera como algo fundamental en la salud del trabajador”, agregó.
—¿Cómo se aplicaría la normativa que proponen?
—Lo ideal sería una ley nacional para la actividad portuaria. Pero si no se puede así, al menos que un capítulo dentro del reglamento obligue a todas las terminales portuarias a tener constituidos los comités mixtos de higiene y seguridad, como tienen Santa F y Buenos Aires. Después está a determinarse –lo estamos empezando a trabajar– es el alcance, a qué tipo de trabajadores portuarios involucra: en alta mar hay convenciones internacionales que rigen al trabajador embarcado; nosotros pensamos en embarcados que arriban a muelle y, lógicamente, en los que se desempeñan dentro de las terminales. Todo implica tener que consensuar con los distintos sindicatos. Por ejemplo, hoy hay un convenio vigente con la Unión Ferroviaria, que es de la década del 70. Pero el trabajo está prácticamente tercerizado en su totalidad, en las terminales ya no hacen ese tipo de trabajo. Pero eso no significa que no hagan otras tareas como la sincronización de los trenes y cargas, y hubo casos de descarrilamiento por no tener prevista una práctica preventiva. Así que estamos trabajando en el Consejo Portuario con una legislación muy vieja y vetusta y con una dispersión normativa sin que haya normas marco, generales, que no logran contemplar la actividad.
—¿Como es el camino administrativo sigue el proyecto?
—El desafío de este proyecto no sólo es jerarquizar los derechos y la protección a la salud psicofísica del obrero portuario, sino también poder determinar el alcance y los sujetos obligados, lo que requiere un amplio debate y consenso para sacar una norma que pueda aplicarse. Nosotros esperamos contar con el apoyo del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de ART: ellos tienen un protocolo de higiene y seguridad en el trabajo portuario. Pero también apostamos a darle una amplia participación a todos los actores y a las autoridades para que sea una norma consensuada. Y finalmente contar con el apoyo del Ejecutivo y el Congreso para hacerla ley.
—El tema ¿ya llegó al ámbito sindical?
—Empezamos a dialogar con gremios de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Y en ámbito del Consejo Portuario, donde hay representantes de los distintos puertos, también se está trasladando esta propuesta. La idea es que se hagan reuniones sectoriales para no tratar los mismos puntos, pero sí una amplia discusión para que cada punto pueda ser tratado por los sindicatos y la patronal, teniendo en cuenta que puerto o terminal tiene sus particularidades. Son 38 los puertos públicos: en algunos casos son entes administradores en otros consorcios, y si bien tienen competencias bastante similares, no son idénticas. Y en cada puerto hay distintos sindicatos con distintos convenios. Estamos conversando con trabajadores patagónicos. Y una etapa que se tiene que abrir que es con la universidad: estamos pensando en la UTN y también con Fagdut, que es el gremio de profesores de la Tecnológica, para que puedan darle un soporte técnico al proyecto. Buscamos que la normativa trabaje con fuerza sobre pisos, no sobre techos. Lo mínimo abre posibilidades para que después, las convenciones colectivas puedan mejorar el alcance
—¿Hay una problemática recurrente en los puertos?
—En Los puertos graneleros, que son la mayoría del Gran Rosario, tienen el problema del polvillo: es un problema para el trabajador y también un tema medioambiental. Hay otros puertos que tienen el problema de manipulación de residuos peligros, como el trabajo con agroquímicos, con aceites o mineral de hierro. La exposición de los trabajadores a esas sustancias son peligrosas, y ha habido problemas con espacios confinados, incluso accidentes importantes y muertes. Pero va dependiendo mucho de cada puerto, con qué tipo de productos se manipula o que cargas están entrando o saliendo. En Mar del Plata, los problemas tienen que ver con la pesca, por ejemplo. Buscamos que sea una norma amplia, como la de la actividad minera, o como la agrícola, que no hace distinción de qué tipo de grano, sino que trabaja sobre conceptos generales.
