Las concejalas Norma López (FpV), Fernanda Gigliani (IP) y Marina Magnani (Unidos y Organizados) solicitaron a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y la Dirección Provincial de Salud Mental, el inmediato traslado de personas alojadas en la Comunidad Terapéutica “Fundación San Camilo”, ubicada en Pilar, Buenos Aires, a raíz de las graves denuncias y situaciones constatadas. En tanto, Débora y Claudia, madres de dos chicos que fueron enviados a esa comunidad presentaron una denuncia penal contra la Dirección Provincial de Niñez de Rosario y a la Fundación San Camilo, por las “aberraciones” a las que fueron sometidos sus chicos.
“Estamos muy preocupadas por las medidas que se están tomando en la provincia respecto de enviar a los chicos y chicas a un lugar donde se constató que hubo torturas y hasta abuso sexual. En todas estas situaciones hay jueces que intervienen pero luego de realizadas las internaciones se desligan del problema, incumpliendo el deber de controlar las condiciones en que se desarrollan” cuestionaron las concejales opositoras.
“Entendemos que el Estado al derivar el cuidado y tratamiento con padecimientos en salud mental a organizaciones no gubernamentales ha prescindido de su rol de garante de los derechos de los santafesinos, lo cual es gravísimo”, continuaron las edilas.
A raíz de las denuncias que se desarrollan en el libro “La Comunidad”, escrito por el periodista Pablo Galfré, entregado a las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), de Buenos Aires meses atrás, dicho organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel, reclamó la clausura de la “granja de rehabilitación” descrita en el libro y presentó un hábeas corpus para garantizar la seguridad, de los internados.
Las edilas recordaron: “La CPM constató la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental, y se tomó conocimiento también de un caso de abuso sexual. A esto se suma el precario estado edilicio del lugar y la ausencia total de un enfoque integral acorde a lo que dispone la ley nacional de Salud Mental”. Y agregaron que: “También observan que en ese marco de violencia física y graves condiciones de internación, se constató la ausencia de un abordaje interdisciplinario acorde a lo estipulado por la ley; las internaciones se realizan afectando el vínculo de las personas internadas con sus familiares y con el entorno laboral y social. Las medidas de aislamiento se administran de manera sistemática sin ningún fundamento”.
