El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por defraudación a la Administración Pública y administración fraudulenta en una causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014. Además dictó un embargo por 1.000 millones de pesos sobre los bienes de De Vido. Mientras, también fue procesado con un embargo de hasta 900 mil pesos el ex secretario de Transporte Alejandro Ramos.
Se trata de la causa por la que la semana pasada Bonadio citó a declaración indagatoria a 251 empresarios y directivos de líneas de transporte automotor, entre ellos los responsables del grupo Plaza, la familia Cirigliano.
Ahora el magistrado procesó y embargó a De Vido junto a otros ex funcionarios públicos que debían controlar los multimillonarios pagos de subsidios hechos a las empresas por el gasoil, calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que para la Justicia era adulterado, una operación que rigió desde julio de 2003 a marzo de 2014.
Los otros procesados con embargos de hasta 900 mil pesos son los ex secretarios de Transporte Alejandro Ramos, Ricardo Jaime -actualmente detenido- y Juan Pablo Schiavi, además de Pedro Ochoa Romero, Antonio Sícaro y Roque Lapadula, ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor.
De Vido, quien fue ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado sin prisión preventiva, como coautor de «defraudación contra la administración pública» y por «administración fraudulenta».
Como a los demás acusados, el juez le impuso la obligación de presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes y notificarse en persona de esta decisión en las próximas 72 horas hábiles.
«Es innegable que el entonces ministro pudo detener la entrega ilegal de subsidios en cualquier momento de esos casi diez años que duró la actividad ilegal bajo su mandato, ya que era él la autoridad superior que debía velar por esos bienes», sostuvo Bonadío en su dictamen en alusión al ex funcionario y actual diputado del Frente para la Victoria.
«Partiendo de dicha premisa, puede deducirse que, de haber realizado la conducta debida -intervenir y detener la maniobra-, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional no se habría producido». puntualizó.
Señaló que «otro elemento insoslayable al momento de analizar la responsabilidad penal de Julio De Vido es el tiempo que duró la maniobra: casi diez años».
«Este sólo dato permite desacreditar completamente la versión defensista, en cuanto sostiene la ajenidad del entonces Ministro respecto de lo que sucedía en la Secretaría», subrayó el juez.
Determinó que «los secretarios de Transporte se encargaron de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal imputada, con la anuencia» de Julio De Vido.
En la investigación Bonadio calculó que hubo un perjuicio al Estado Nacional por 609.326.186,25 pesos pagados de más a las empresas de transporte público automotor que habrían adulterado el kilometraje de sus unidades, entre otras maniobras..
«Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían», explicó en su resolución.
Sostuvo que para ello se instrumentó un sistema que permitía la maniobra y facilitaba «encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, concluyó el juez.
De Vido ya está procesado junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez en el kirchnerismo.
Además, fue enviado a juicio oral por la tragedia del tren de Once y tiene un pedido de detención y declaración indagatoria en la investigación por el desvío de fondos públicos destinados a reconvertir Yacimentos Carboníferos Río Turbio, en Santa Cruz.
