Trabajadores despedidos de PepsiCo se movilizarán este martes hasta los Tribunales de San Isidro en rechazo de una solicitud de la empresa para desalojar la fábrica que cerraron en el barrio de Florida y que actualmente está tomada por los operarios.
Los manifestantes adelantaron que se concentrarán desde las 9 frente a los Tribunales para reclamar contra la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado 3 de Garantías. Los empleados señalaron que pedirán la «incompetencia» de la magistrada, quien este lunes mantuvo una reunión con los obreros despedidos, por no haber otorgado «las mínimas garantías de que no llevará adelante» el reclamo de la compañía.
«En la entrevista la jueza se negó a otorgar las mínimas garantías de que no llevará adelante un desalojo violento pese a que se le informó que en la fábrica había trabajadoras y obreros que no pensaban abandonar su lucha por las amenazas de represión», detallaron los trabajadores en un comunicado.
Del encuentro con la magistrado participaron los delegados de la fábrica, concejales de Vicente López y referentes de los partidos de izquierda como Christian Castilo y Nathalia González Seligra, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), y Nestor Pitrola, del Partido Obrero (PO).
«Lo más alevoso de la situación es que el pedido de desalojo solicitado por la patronal se basa en un supuesto peligro de contaminación que la planta tendría. Es decir que la empresa aduce su propia infracción a la ley al mantener una planta supuestamente contaminante para justificar el uso de la fuerza contra los trabajadores», cuestionaron.
Para los empleados despedidos Rodríguez Mentasty «no debería seguir con el caso y mucho menos ejecutar una orden de desalojo en estas circunstancias».
Además, el comunicado destaca que se presentó una denuncia contra la empresa por el cierre de la fábrica, y que la misma se radicó también en los juzgados federales de San Isidro, por lo que exigen que antes de un desalojo se resuelva ese caso. Puntualmente, los empleados acusan a PepsiCo de «haber incurrido en el delito de lock out» por tomar esa decisión «previo a la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis».
