El lunes 17, el gobernador Miguel Lifschitz presentará, en la ciudad de Santa Fe, el plan de pagos que elevará a la Nación con el objetivo de recuperar la deuda por descuentos irregulares de la coparticipación acumulados entre 2006 y 2015. A valores históricos, la deuda es de casi 23 mil millones de pesos, pero el gobierno santafesino reclamará un monto de 50 mil millones por intereses.
El anuncio de la propuesta que llevará Santa Fe al gobierno central tendrá un fuerte contexto político. El gobernador convocará para la ocasión a intendentes y presidentes comunales de todos los partidos políticos para que se sumen al reclamo: “Somos socios en esto; una parte (de la deuda) va a venir a la provincia, pero otra parte irá a municipios y comunas”.
Para recuperar esos recursos, la provincia inició las negociaciones el año pasado con el ex ministro Alfonso Prat Gay. Se logró avanzar con algunas reuniones, sin definiciones concretas. Tras el recambio de ministros, en diciembre, el gobierno santafesino volvió a plantear el reclamo ante Nicolás Dujovne, pero ni siquiera se logró concretar una reunión para empezar las negociaciones. Por ese motivo, Lifschitz indicó: “Les vamos a ahorrar el trabajo al presidente y a los ministros y les vamos a llevar una propuesta de pagos ya elaborada”.
“Ya ha pasado un tiempo prudencial, un año y medio, y la verdad es que no tuvimos hasta el momento una propuesta razonable; se han ido corriendo los plazos y por lo tanto el tiempo se va agotando”, señaló el mandatario provincial en declaraciones a Radio de Noticias Santa Fe.
Si la propuesta no prospera, Lifschitz no descarta iniciar la vía judicial a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ese es la última carta, que la provincia se reserva si no avanza el diálogo: “No descartamos volver a litigar, pero optamos por lograr una solución de consenso, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el presidente de la Nación como los ministros de Hacienda y del Interior han expresado su voluntad de cumplir con el fallo de la Corte. De todos modos, no tienen otra opción; en cualquier país republicano los funcionarios deben cumplir los fallos de la Justicia”
